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Política

“España lidera el ranking de países con condenas de Naciones Unidas en materia de vivienda”

Entrevista a Javier Rubio, portavoz del Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el Estado español.

“España lidera el ranking de países con condenas de Naciones Unidas en materia de vivienda”
El Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el Estado español, en un reciente desayuno informativo celebrado en el madrileño Espacio Ecooo

El Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) en el Estado español –constituido en 2017, tras el segundo dictamen condenatorio del Comité DESC a España por haber vulnerado el derecho humano a una vivienda adecuada– ha organizado dos jornadas virtuales sobre los derechos humanos en la futura ley de vivienda. La primera tendrá lugar este martes, 9 de marzo, y la segunda, el próximo martes, 16 de marzo. Ambas se celebrarán de 17:00 a 19:00 horas y podrán seguirse a través de internet, por Zoom.

La primera jornada incluirá la conferencia ‘Financiarización de la vivienda’, a cargo de Leilani Farha –que fue, de 2014 al pasado año 2020, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada–, y una mesa de debate sobre la función social de la vivienda, en la que participarán Helena Beunza –ex secretaria general de Vivienda del Gobierno central– y Juli Ponce –catedrático de Derecho Administrativo–, moderados por Sonia Olea. La segunda jornada incluirá la conferencia ‘Debida observación de los estándares internacionales de derechos humanos por el Estado español’, a cargo de Carmen Comas-Mata –directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo–, y una mesa de debate sobre políticas públicas de vivienda en la futura ley de vivienda, en la que participarán María José Aldanas –responsable de Derechos de FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar) y coordinadora del europeo Housing Rights Watch [Observatorio del Derecho a la Vivienda]–, Alfonso Gómez Fernández –delegado territorial de Vivienda del Gobierno Vasco en Bizkaia– y una portavoz, aún por determinar, del Bloque Social por la Vivienda, moderados por Irene Escorihuela.

Javier Rubio es el portavoz del Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC. Abogado del CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales), está especializado en derecho a la vivienda y ha hablado con LUH con motivo de estas dos jornadas que él mismo se encargará de introducir.

PREGUNTA: Estas jornadas llegan en un momento en el que la vivienda como derecho por fin al menos parece estar en la agenda política y mediática…

RESPUESTA: Sí, llegan en el contexto de la futura ley vivienda que se está discutiendo. Intentamos poner el foco en la necesidad de incluir la perspectiva de derechos humanos en esa ley.

P.: Y arrancan con Leilani Farha, todo un referente en la materia.

R.: Ha sido relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada y ha trabajado mucho sobre la financiarización de la vivienda como un fenómeno global que ha reducido la vivienda como derecho a su mínima expresión, a la vivienda como mercancía y como activo financiero. Durante su mandato, ella abogó por que los Estados tengan estrategia de derechos humanos en materia vivienda, se doten de leyes y políticas públicas poniendo en el centro la vivienda como derecho humano. Su aportación es fundamental para abrir estas jornadas.

P.: A continuación, habrá un debate en el que participará la secretaria general de Vivienda del Gobierno del PSOE en solitario que Pedro Sánchez formó tras la moción de censura de 2018, es decir el anterior al actual Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

R.: Sí, Helena Beunza. Es especialista en vivienda y urbanismo y contaremos también con su punto de vista. Debatirá con el catedrático Juli Ponce, que también es especialista en temas de urbanismo y de vivienda. Se trata de contar con diversos puntos de vista y confrontar visiones que tengan matices distintos. Ahí esta el reto y eso anima el debate.

P.: ¿De qué se encarga el Grupo de Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC?

El Comité DESC de Naciones Unidas ha condenado, hasta ahora, en cuatro ocasiones a España por vulneración del derecho humano a la vivienda, y esas condenas incluyen una serie de recomendaciones para evitar nuevas violaciones del derecho humano a la vivienda, recomendaciones que tienen que ver con políticas públicas de vivienda y reformas legislativas. En el grupo de monitoreo hacemos seguimiento del cumplimiento de esas recomendaciones.

P.: Cuatro condenas son muchas condenas…

R.: Sí, España lidera el ranking de países con condenas por el comité DESC de Naciones Unidas en materia de vivienda.

P.: ¿Qué balance hace el Grupo de Monitoreo del grado de cumplimiento, en el Estado español, de las recomendaciones vinculadas a esas cuatro condenas?

R.: El pasado mes de octubre hicimos un balance y transmitimos al Comité DESC que hasta ahora el grado de cumplimiento es muy escaso, insuficiente. El incumplimiento no es total –porque en los últimos dos años ha habido algún avance con reformas de leyes, como la ley de arrendamientos urbanos, o medidas de protección frente a desahucios–, pero en general el cumplimiento es claramente insuficiente. Las jornadas se enmarcan también en la falta de cumplimiento de esas cuatro condenas.

P.: ¿Qué mínimos le pedís a la futura ley de vivienda? Es decir ¿qué mínimos consideráis imprescindibles para que esa futura ley esté al menos a la altura de lo que reclama Naciones Unidas?

R.: Nosotros pensamos que esa ley, la primera ley que puede aprobarse en materia de vivienda, es una oportunidad histórica. Hay varios planos. Se debe garantizar la protección frente a desalojos forzosos de manera íntegra –en todos los casos–, garantizando una alternativa habitacional. Se debe poner en marcha un plan estatal –coordinado con las comunidades autónomas– de vivienda que garantice el acceso y la seguridad en la vivienda a todas las personas, con especial hincapié en los colectivos vulnerables y las personas con escasos recursos. Y también se debe aprobar protocolos de cumplimiento de las resoluciones de los órganos de Naciones Unidas sobre el derecho humano a la vivienda.

P.: Últimamente se está hablando mucho de la regulación de precios del alquiler de vivienda en zonas especialmente tensionadas. El PSOE se comprometió por escrito a llevar a cabo esa regulación y a llevarla a cabo en la futura ley de vivienda, pero José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido y ministro del departamento que está redactando la ley, dice ahora que el PSOE prefiere no cumplir ese compromiso porque “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado” que genera “actividad económica” y busca “seguridad jurídica respecto de las inversiones”. El actor Alberto San Juan –en sus palabras tras recibir el premio Goya al mejor actor de reparto por ‘Sentimental’, emitidas en directo por Televisión Española– respondía este sábado al partido de Pedro Sánchez que “los derechos humanos no pueden ser a la vez bienes de mercado con los que se especule” y que la vivienda, “tener un hogar”, es “un derecho humano muy básico”.

R.: Sé que la regulación de precios ahora mismo es el punto crítico y de mayor relevancia política y mediática, pero el Grupo de Monitoreo somos muchas entidades que tenemos una perspectiva derechos humanos y lo que pretendemos es el cumplimiento de esos dictámenes de Naciones Unidas, así que hasta ahora no hemos entrado en esa cuestión de la regulación de precios y creo que en el futuro tampoco vamos a entrar, porque es un nivel de detalle de la política legislativa y forma parte del margen de discrecionalidad que los comités de Naciones Unidas y los tratados internacionales dan a los Estados para conseguir los resultados. Los tratados internacionales de derechos humanos no dicen que se tenga que hacer una regulación de precios del alquiler, lo que dicen es que se tiene que garantizar el derecho humano a la vivienda para todas las personas. Cómo se realiza eso, por qué vía se alcanza, entra dentro del margen de discrecionalidad que tienen los Estados. Entonces, ahí hasta ahora no se ha entrado y no sé si se entrará, porque nosotros como Grupo de Monitoreo lo que pedimos es que haya un enfoque de derechos humanos en la consideración de la vivienda y en las políticas legislativas, y que ese enfoque de derechos humanos informe todas las políticas legislativas.

P.: Sí, pero, más allá de la regulación de precios del alquiler, ese “enfoque de derechos humanos” no parece compatible con eso que sostiene el PSOE de que la vivienda “también es un bien de mercado”. ¿Un derecho humano puede ser al mismo tiempo un bien de mercado? Esas declaraciones de Ábalos…

R.: No entramos a valorar ese tipo de declaraciones; nosotros lo que hacemos es un examen de las medidas. Si me hicieras una entrevista personal a mí –como activista o como abogado–…, pero como me estás haciendo una entrevista como miembro del Grupo de Monitoreo, nosotros tenemos una posición firme pero no entramos tan al trapo de declaraciones, no entramos a decir “oye, pues estamos en contra de esta declaración porque no sé qué y no sé cuantos o porque la consideramos…”. A nivel personal, por supuesto que no la comparto, pero como Grupo de Monitoreo estamos orbitando sobre cuestiones más de marco general, más de encuadre general y de obtención de resultados. El cómo se haga…, ahí no descendemos tanto, más allá de lo que digan los dictámenes del Comité DESC, esas cuatro condenas de las que hablábamos.

P.: Hablemos, pues, de esas cuatro condenas.

R.: Una es de 2015, otra de 2017, otra de 2019 y otra de 2020. Todas han sido en casos de la Comunidad de Madrid, muy curiosamente. El de 2015 fue un caso de hipoteca, el de 2017 un caso de alquiler, el de 2019 un caso de okupación y el de 2020 otro caso de alquiler. Todos han sucedido en la Comunidad de Madrid, aunque el Comité DESC lo que hace es condenar a España y la condena afecta a todo el Estado –porque es un acto de derecho internacional–, no condena al ayuntamiento o a la comunidad autónoma o a…

P.: Sí, el Comité DESC de Naciones Unidas condena a Estados, pero dentro del Estado español alguna administración será la responsable directa de los hechos condenados. ¿Cuál o cuáles son las administraciones responsables de los hechos afectados por esas cuatro condenas?

R.: Bueno, en tres de los cuatro casos es la Comunidad de Madrid la que está directamente implicada en la vulneración del derecho humano a la vivienda, al no haber proporcionado alternativa habitacional. De hecho, la Comunidad de Madrid hasta ahora no ha dado cumplimiento a ninguna de esas condenas. Ningún cumplimiento.

P.: Más allá de la regulación de precios del alquiler, supongo que en el Grupo de Monitoreo valoráis positivamente que alguien ponga en la agenda mediática la vivienda como derecho humano, supongo que valoráis positivamente lo que Alberto San Juan dijo este sábado en la gala de los Goya: que “los derechos humanos no pueden ser a la vez bienes de mercado con los que se especule” y que la vivienda, “tener un hogar”, es “un derecho humano muy básico”.

R.: Sí, claro; todo el mundo está de acuerdo con las palabras de Alberto San Juan.

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