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Política

Eugenio Pino, el jefe de la rama corrupta de la Policía con el PP, fabricó pruebas contra Podemos y se enfrenta a diez años de cárcel

Cuando cumplió los 65 años, Fernández Díaz le concedió la mayor condecoración que se le puede otorgar a un agente en vida

Eugenio Pino, el jefe de la rama corrupta de la Policía con el PP, fabricó pruebas contra Podemos y se enfrenta a diez años de cárcel
Eugenio Pino

Eugenio Pino, máximo responsable de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz, y Bonifacio Díez, uno de sus colaboradores, se sientan desde este martes en el banquillo por intentar ‘colar’ documentos de origen desconocido en una investigación contra la familia Pujol.

El agente que dirigió la rama corrupta de la Policía, creada por el ministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a rivales políticos, Eugenio Pino, se sienta en el banquillo de los acusados por primera vez este martes, y se enfrenta a una petición de más de diez años de prisión por posibles delitos de estafa procesal, falso testimonio y revelación de secretos. Bonifacio Díez, uno de sus máximos colaboradores en la guerra sucia contra los independentistas catalanes y contra Podemos, se sentará a su lado y afronta la misma petición de cárcel.

El juicio, que se celebrará en la Audiencia de Madrid, está relacionado con el intento de Pino de introducir documentos de origen desconocido –y, por tanto, presumiblemente ilícito– en la investigación contra la familia Pujol. El que fuera máximo responsable operativo de la Policía entre 2012 y 2016, y líder de la brigada política creada por Fernández Díaz, aportó un pendrive con archivos cuyo origen fue incapaz de explicar de forma convincente. El juez del caso rechazó la prueba y, a continuación, se abrió una investigación para esclarecer su procedencia.

Según se desprende de las diferentes pesquisas y declaraciones, Pino entregó a la UDEF el citado pendrive, cuyo contenido fue la base de un informe que la unidad entregó al juez José de la Mata bajo la etiqueta de “basado en cooperación policial”. Cuando De la Mata, extrañado, preguntó por el origen de las informaciones, la UDEF replicó que provenían del pendrive que Pino les había entregado. En su declaración, Pino sostuvo que los archivos se los había facilitado el comisario Marcelino Martín-Blas, y que se encontraron en un registro en la agencia de detectives Método 3. Pero Martín-Blas negó tal extremo, y tanto la UDEF como Método 3 negaron que los archivos fueran hallados en el registro. En otras palabras: nadie sabe de dónde sacó Pino el pendrive que entregó a la UDEF.

Este hecho constituye una irregularidad notable, ya que el trayecto de cualquier posible prueba queda anotado en un expediente. Una prueba de origen desconocido, como este pendrive, entraña un doble riesgo: en primer lugar, puede contaminar toda la investigación por su naturaleza ilícita. Y, en segundo lugar, puede derivar en una condena basada en pruebas falsas u obtenidas de forma irregular. Por ello, la acusación popular que ejerce Podemos pide condenar a Pino por falso testimonio –por las contradicciones en las que ha incurrido a lo largo de la investigación–, descubrimiento y relevación de secretos –por la entrega a terceros de los archivos– y estafa procesal –por intentar ‘colar’ pruebas ilícitas y mentir a un juez para obtener la condena deseada–.

En el juicio está prevista la declaración de Pino y Díaz. También de varios testigos y de tres comisarios jefes: el citado Martín-Blas, Manuel Vázquez –antiguo responsable de la UDEF– y José Manuel Villarejo. La acusación particular pide dos años y medio de cárcel contra los procesados, y la Fiscalía solicita la absolución.

Los otros encargos de Pino

Las fuentes consultadas subrayan que este caso ejemplifica el modus operandi de la brigada policial creada para perseguir a los rivales políticos durante el Gobierno del PP, un grupo de policías que se valían de un entorno descontrolado para manipular investigaciones o crear pruebas falsas. De hecho, el Congreso de los Diputados acreditó, en una comisión de investigación, que bajo el mando de Fernández Díaz “se creó una estructura policial por orden de Eugenio Pino, con conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y a la persecución de adversarios políticos”. Entre las víctimas se cita al independentismo catalán, pero también a Podemos.

Pino, de hecho, habría ordenado investigar la supuesta financiación irregular del partido morado, llegando a utilizar a agentes de la UDEF para buscar lazos entre la formación de Pablo Iglesias y Venezuela, el narcotráfico o las FARC. El propio Pino admitió que envió agentes a Venezuela y Cuba para realizar las pesquisas. Aunque nunca encontró pruebas, de aquellas maniobras, por ejemplo, habría surgido el informe Pisa, que fue rechazado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por su falta de “credibilidad” y “oficialidad”. También lo rechazó al Supremo, cuando Manos Limpias lo presentó para querellarse contra el partido. Finalmente, el documento acabó publicado en medios como ‘Okdiario’ de Eduardo Inda.

Similar fue el caso del bulo de Islas Granadinas. Un ciudadano venezolano habría suministrado a los agentes enviados por Pino información que relacionaba a Iglesias con el cobro de fondos del Gobierno de Venezuela a través del paraíso fiscal de Islas Granadinas. Aunque todas las partes –incluido el banco que aparecía implicado en la operación– desmintieron la información, el montaje se publicó en la web de Inda tres días después de convocarse las elecciones generales de 2016. El informante, por su parte, recibió un permiso de residencia en España, concedido por el Ministerio del Interior del PP.

En suma, Pino fue el agente preferido por Jorge Fernández Díaz para llevar a cabo los encargos de la policía patriótica contra rivales políticos. Cuando cumplió los 65 años, el ministro le concedió la mayor condecoración que se le puede otorgar a un agente en vida, la medalla de Plata al mérito, pensionada de por vida con un importe anual equivalente al 15% de su sueldo en activo. Aunque sus informes nunca tuvieron repercusión en los tribunales, aparecieron publicados con frecuencia en medios conservadores. Ahora, por primera vez, Pino deberá explicar cómo obtuvo determinadas pruebas y con qué intención trató de ‘colárselas’ al juez que investigaba a los Pujol.

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