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Análisis

Europa condena la ‘normalidad democrática’ española

La condena de Estrasburgo al Estado español en el caso de la participante en la movilización ‘Rodea el Congreso’ de 2012 es la duodécima por haber vulnerado en su vertiente procesal el artículo del CEDH relativo a la prohibición de la tortura.

Europa condena la ‘normalidad democrática’ española
Manifestantes y sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo

El TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), más conocido como Tribunal de Estrasburgo –por estar ubicado en dicha ciudad francesa–, ha vuelto a condenar este martes la ‘normalidad democrática’ del Estado español, en este caso por haber vulnerado en su vertiente procesal el artículo 3 del CEDH (Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), relativo nada más y nada menos que a la prohibición de la tortura: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

Lo ha hecho en la sentencia del caso ‘López Martínez c. España’, en el que el TEDH condena al Estado español por no haber llevado a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias de una participante en la movilización ‘Rodea el Congreso’ de 2012. La mujer denunció que, durante los disturbios registrados aquella jornada en el centro de Madrid, se refugió en un bar del barrio de Las Letras, de donde la Policía la desalojó, junto a otros manifestantes, por la fuerza y de forma humillante. Sin embargo, primero un juzgado de Instrucción de Madrid archivó el caso porque dijo no encontrar pruebas de los hechos y después el Tribunal Constitucional se negó a revisarlo porque dijo no apreciar vulneración de derechos. A ambos les enmienda ahora la plana Estrasburgo.

En cualquier caso, el ‘López Martínez c. España’ no es un caso aislado. No es, ni mucho menos, el primero en el que el TEDH condena al Estado español por haber vulnerado el artículo 3 del CEDH en su vertiente procesal. Más concretamente, es el duodécimo, después de los de ‘Martínez Sala y otros c. España’, ‘San Argimiro Isasa c. España’, ‘Beristain Ukar c. España’, ‘B.S. c. España’, ‘Otamendi Egiguren c. España’, ‘Etxebarria Caballero c. España’, ‘Ataun Rojo c. España’, ‘Arratibel Garciandia c. España’, ‘Beortegi Martínez c. España’, ‘Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España’ y ‘González Etayo c. España’.

La primera condena –la del caso ‘Martínez Sala y otros c. España’– data de 2004 y se refiere a hechos sucedidos en 1992. La, hasta este martes, última condena –la del caso ‘González Etayo c. España’– data del pasado mes de enero y se refiere a hechos sucedidos en 2011. Casi tres décadas recorren los hechos condenados y sus condenas, y eso sólo en lo relativo a la vertiente procesal del artículo 3 del CEDH, referido a la prohibición de la tortura. Todas las sentencias acreditan que los órganos jurisdiccionales internos del Estado español no investigaron las denuncias de torturas o malos tratos de forma efectiva, es decir que no las investigaron como deberían haberlas investigado. Y suma y sigue.

En este último caso ‘López Martínez c. España’, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más conocido como Tribunal de Estrasburgo, ha condenado al Estado español a pagar a la manifestante, en el plazo de tres meses, 1.000 euros, por “daño moral”. Probablemente, ni dentro ni fuera del Estado se exijan más responsabilidades. ¿Normalidad democrática?

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2 Comentarios

2 Comments

  1. ESTRELL@

    10 de marzo de 2021 08:37 at 08:37

    dignidad humana y código ético moral para todos.

  2. José Ramón

    10 de marzo de 2021 12:17 at 12:17

    «Democracia Plena»….como Turquía

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