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Política

Fundación Ingenio, ¿quién está detrás de la campaña que culpa a los defensores del Mar Menor de destruir la agricultura? 

José Luis Egío

Esta semana una oleada de publicidad agresiva inundaba a los murcianos. Una “marinera” sin ensaladilla, un potito sin verduras, un gazpacho sin tomates… La Fundación Ingenio, promotora de esta belicosa campaña, acusa al movimiento vecinal, que reclama una Ley de Protección del Mar Menor sin medias tintas, de querer destruir la agricultura.

El Mar Menor está contaminado por más de 300.000 toneladas de nitratos de origen en su mayor parte agrario y sigue recibiendo más de 3.000 toneladas cada año, lo que ha hecho que sus aguas se hayan vuelto verdes: la temida eutrofización. En la retina de todos los murcianos está también muy presente la muerte de cientos de miles de peces y crustáceos “escupidos” por el Mar Menor a sus orillas el pasado 12 de octubre.

A pesar del considerable daño al turismo y a la imagen de la Región, sin embargo, no faltan las voces que se resisten a aceptar cualquier cambio. Pero, ¿quiénes están realmente detrás de estos mensajes? ¿A quiénes representan? ¿Quién puede permitirse el coste de una campaña de este calibre? Hablamos de miles de rótulos, carteles, anuncios, banners de publicidad y cuñas de radio que pueden costar decenas de miles de euros.

La Fundación se presentaba el pasado 12 de mayo en sociedad. En la foto el presidente de la Fundación, Adolfo Martínez, y la CEO Natalia Corbalán, habitual ya de los medios regionales. Junto a ellos el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, el consejero de Agua y Agricultura murciano Antonio Luengo y el presidente López Miras.

En su página, la Fundación Ingenio presume de representar a “más de 10.000 agricultores y 45 empresas” del Campo de Cartagena. La mayor parte de estas empresas forman parte a su vez de Proexport, la potente asociación de exportadores de frutas y hortalizas en una Región que en 2019 facturó 13.542 millones de euros. A pesar de la pandemia en el primer trimestre de 2020 esta cifra creció un 16%.

Los trabajadores de estas empresas son, en su mayor parte, temporeros extranjeros residentes en la Región sometidos a condiciones laborales muy precarias. En las últimas semanas los temporeros han protagonizado protestas masivas. Aseguran que muchas empresas no pagan el salario mínimo y ATIM y CCOO denuncian que las patronales quieren extender la jornada laboral de lunes a domingo sin subir ni un euro el salario.

Si éste es el panorama del campo de Cartagena, ¿dónde están entonces esos 10.000 agricultores de los que presume la Fundación Ingenio? Se trataría de los comuneros de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Según la Ley de Aguas, sin embargo, las comunidades de regantes son entidades de Derecho Público cuya única finalidad es la de proceder a la “autoadministración colectiva de los aprovechamientos de aguas que se les concedan” y siempre “sometidas a la tutela de los organismos de cuenca”, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura.

Las comunidades de regantes no pueden manejar por tanto recursos económicos propios, al margen de los asignados por las administraciones para el buen mantenimiento de la red hidráulica. No pueden requerir cuotas a sus miembros ni convertirse en un lobby, más aún cuando se trata de ir contra las medidas ordenadas por la propia Confederación Hidrográfica y que son los encargados de cumplir. Con la constitución de la Fundación Ingenio podríamos estar por lo tanto ante una maniobra para eludir la ley y desviar recursos económicos de los regantes a una campaña política partidista.

El funcionamiento de las comunidades de regantes lleva además largo tiempo bajo la lupa. Su presidente es nombrado por un puñado de compromisarios, síndicos de las distintas zonas que a su vez son elegidos mediante un voto mayoritariamente delegado. Un mercadeo que da muchísimo poder a los grandes terratenientes y que aleja a las comunidades del principio democrático básico que propugna aquello de que “por cada persona, un voto”.

Los pequeños y medianos agricultores han sido expulsados de hecho de la comarca por un modelo agroindustrial insostenible, no sólo a nivel laboral y medioambiental, sino también económicamente: es imposible para la agricultura familiar competir con los precios low cost de la agroindustria.

Urge arrojar transparencia sobre las comunidades de regantes y la Fundación Ingenio. Los murcianos tenemos derecho a saber quién financia esta macro-campaña para retrasar las medidas tan necesarias para la recuperación del Mar Menor y cooptar nuestra democracia. Tal vez entonces obtengamos respuestas de por qué los principales partidos políticos de la Región, PP, PSOE y Cs han pactado medidas mucho más benévolas para las prácticas contaminantes de la agroindustria que las exigidas por el Ministerio de Transición Ecológica.

 

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