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Política

¿Hay una guerra jurídica ('lawfare') contra el Gobierno de coalición?

Recopilamos algunos de los argumentos de los analistas que sostienen que a este Gobierno se le quiere hacer caer por medio de los Tribunales

“Quédense con un término que va a ser clave para explicar esta legislatura: el 'lawfare' o guerra jurídica. Un neologismo inglés que viene de fusionar las palabras 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Esa warfare consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno”. Ignacio Escolar, director de ‘eldiario.es’, ya advertía de ello a finales de 2019. La idea es sencilla y a la vez compleja: focalizar y distraer al poder ejecutivo en batallas legales de mayor o menor relevancia para que no se preocupe en desarrollar su programa. Y, cuando lo intenta, bloquear las medidas y postergarlas agarrándose a la letra pequeña.

Hay muchos ejemplos de esta práctica en América Latina. Lo sufrieron Dilma Rousseff, los Kirchner en Argentina, en Venezuela o Lula da Silva en Brasil. Sin embargo, como apunta Alba González (experta en América Latina y colaboradora de LUH), los dos casos más notables son los de Bolivia y los de Ecuador. “Ni tan siquiera tras más de seis meses de Gobierno de facto se han convocado elecciones en Bolivia”, recuerda la experta, “pretendiendo incluso condenar al candidato a presidencia, Luis Arce, por financiación del terrorismo”. En Ecuador están intentando que ocurra algo parecido, procurando que el movimiento representado por Rafael Correa (actualmente en el exilio) no pueda concurrir a las elecciones por razones judiciales. González considera que son dos maneras (una más ‘dura’ en Bolivia, una ‘menos agresiva’ en Ecuador) de conseguir lo mismo.  

Hay quien sostiene que ahora, esa táctica se está empleando de manera particularmente furibunda contra el Ejecutivo del que forma parte Pablo Iglesias. Lo importante no es jugar: es impedir que lo haga el rival. Por eso el césped se deja crecer y embarrar y se marea al árbitro en un laberinto de quejas, patadas y zancadillas.

El analista Germán Gorráiz señala tres fases en esta estrategia contra el Gobierno. La primera trataba de relacionar a Pablo Iglesias con la gestión de las residencias y sus consecuencias. Daba lo mismo que las evidencias gritasen lo contrario. La segunda consistió, según él, en las continuas sentadas frente al domicilio del vicepresidente y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Es lo que Arantxa Tirado y William Serafino han llamado “venezualización de la derecha”. En la tercera, que es la que nos encontraríamos ahora y se relaciona más con el ‘lawfare’ propiamente dicho, se trataría de sembrar la duda sobre el comportamiento legal o moral del vicepresidente para, en base a ello, regresar a la ofensiva. 

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, lo comparte. Por eso defendió con tanta intensidad a su compañero en el Consejo de Ministros. “Iglesias es pieza a batir, por eso van a por él”, explicó. Gorráiz considera que el poder judicial, a través del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, tiene armas más que suficientes para, a través del llamado “clan de los políticos” (en este caso, señala, afines al PP como García Castillón), defenestrar políticamente al secretario general de Podemos.

La idea de fondo, como apunta Silvia Romano, es “construir el relato” de que “la política es algo sucio en lo que no conviene meterse”. Es cerciorarte de que “no te metas en política, porque tarde o temprano te mancharás, te ensuciarás y ya no podrás pertenecer a ese grupo neutral de la ciudadanía”.

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