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Política

Hoy recordamos: cómo un juez conspiró contra la diputada de Podemos Victoria Rosell

Conviene recordar este caso, en un momento que hay muchas voces que hablan de lawfare, una guerra judicial para derribar al Gobierno de coalición

Lawfare es un concepto muy comentado estos días. Ha llegado a ser tendencia en las redes sociales durante horas y son muchas voces las que ya hablan de la guerra judicial que quiere derribar al Gobierno de coalición.

El polémico informe confeccionado por una unidad de la Guardia Civil que ha servido a una jueza de Madrid para imputar al delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, ha puesto nuevamente la lupa sobre las maniobras de determinados jueces, en colaboración con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de sus posibles intenciones políticas.

El documento, que ha permitido a la prensa conservadora para fabricar titulares contra el 8M, no es más que una recopilación de bulos ya desmentidos y recortes de Okdiario –la web de Eduardo Inda– y Cope –la radio de la Iglesia–. Pese a los errores de bulto que contiene el informe, que confunde datos y fechas constantemente, la jueza que lo encargó y que ha situado en su particular diana al 8M no ha dudado en calificarlo de “magnífica investigación”. Estas palabras de Carmen Rodríguez-Medel, que fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia bajo el mandato del ministro Catalá (PP), reabren el debate sobre determinadas instrucciones judiciales, sus fines y sus conexiones con el poder político, económico y mediático.

El caso más escandaloso de las últimas décadas es, sin duda, el sufrido por la diputada de Podemos Vicky Rosell, que fue víctima de la maniobra de otro juez, Salvador Alba, aliado con un poderoso empresario y con el exministro José Manuel Soria (PP). Rosell atravesó tres duros años hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón y condenó al juez Salvador Alba a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación, cohecho y falsedad en documento público.

Esa sentencia estableció que el juez Alba fabricó un informe que sirvió al entonces ministro Soria para querellarse contra Rosell –actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género–, y que utilizó una investigación contra un empresario para abrir una pesquisas sin fundamento alguno contra la jueza, que era entonces diputada de Unidas Podemos y se vio obligada a dimitir para poder defenderse.

En concreto, el juez Alba ofreció al empresario Miguel Ángel Ramírez librarle de una investigación iniciada en su contra por Rosell a cambio de información que dañara a la pareja de la jueza. Esa documentación fue, además, filtrada a El Mundo, y sirvió al ministro Soria para ampliar su querella contra Rosell.

La gravedad de esta conspiración de políticos conservadores, empresarios y jueces contra Rosell fue tal, que la condena a Salvador Alba por atacar desde su juzgado a la diputada de Unidas Podemos fue la más elevada de las impuestas a un juez en dos décadas. El ministro Soria, por su parte, acabó dimitiendo y abandonando la vida política, cercado por sus mentiras, por su relación con los papeles de Panamá y por su participación en empresas radicadas en paraísos fiscales.

Lo cierto es que, en los últimos años, son muchos los casos de maniobras judiciales o policiales polémicas –cuando no directamente ilegales– y de informes fabricados para dañar a rivales políticos. Sin ir más lejos, la comisión de investigación del Congreso que analizó el mandato como ministro del Interior de Jorge Fernández Díaz estableció que bajo sus órdenes se creó “una estructura policial” destinada a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaba al PP” y a “la persecución de adversarios políticos”.

El ejemplo paradigmático de esta persecución fue el denominado informe PISA contra Pablo Iglesias, que salió a la luz a los 23 días de entrar Podemos en el Congreso de los Diputados y que fue filtrado a Okdiario y otros medios. Un chapucero documento policial acusaba a Iglesias y a su entorno de contar con fondos de Irán para poner en marcha la formación, y sirvió de base para denuncias ante el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El escrito –sin sello policial alguno y compuesto, básicamente, de recortes de noticias y bulos– nunca tuvo ningún recorrido judicial: los tribunales lo rechazaron de forma unánime por no tener base alguna. Pero su fabricación por parte del Ministerio del Interior y su difusión en medios de comunicación conservadores sirvió para golpear al partido morado. El PP también lo empleó para abrir en el Senado una comisión para investigar la financiación de Podemos. Nunca se halló nada irregular, pero el daño al partido ya estaba hecho en los medios.

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