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Política

Imputan al comisario Gómez Gordo, mano derecha de Cospedal y redactor del Informe PISA

El juez José de la Mata imputa al asesor de María Dolores de Cospedal, mano derecha de la política popular durante su gobierno en Castilla-La Mancha, por tres procesos de contratación plagados de irregularidades

imputan Gómez Gordo asesor Cospedal Kitchen

Se achica el cerco en torno a María Dolores de Cospedal en el marco de la Operación Kitchen. Andrés Gómez Gordo, conocido como “Cospedín” según los informes, es un Policía Nacional muy cercano a la política que jugó un papel determinante durante su gobierno en Castilla-La Mancha, donde ocupó el cargo de director general de Documentación y Análisis en la Administración autonómica. No sin antes haber pasado ‘por las manos’ de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

El historial del comisario no deja indiferente a la Justicia: aparte de su supuesta vinculación en el espionaje a Bárcenas, fue el responsable de redactar el informe falso contra Pablo Iglesias, PISA, participando activamente durante sus cargos serviles a Cospedal en la llamada ‘policía patriótica’.

A pesar de sus vinculaciones con las cloacas del Estado y Villarejo, en diciembre del pasado año, se presentó a un concurso de méritos de la Dirección General de la Policía, asignándosele un cargo importante.

Irregularidades en licitaciones a empresas ‘viejas conocidas’

Ahora, se ha abierto una investigación por su supuesta implicación en adjudicaciones irregulares de contratos y aumentos posteriores de partidas presupuestarias bajo acuerdo previo entre la empresa y el comisario, así como ausencia de criterios técnicos para su asignación.

"El órgano de contratación, vulnerando el sentido y la finalidad de la licitación, procedió a modificar el objeto del contrato desde el mismo día en que éste se formalizó mediante una ampliación de éste que supuso un incremento del precio del contrato en cuantía superior al 64 por ciento", señala el juez en el auto respecto a la primera de las licitaciones, guiando el modus operandi de las posteriores.

Los tres contratos que se encuentran bajo investigación tienen que ver con la abandonada Ciudad de la Justicia de Madrid. El primero de ellos, hace referencia a servicios de consultoría para la seguridad del campus, asignado a la empresa Tecisa 74 SL, vinculada a más proyectos en el ámbito público, según su propia página web, desde el Ayuntamiento de Getafe hasta el control de accesos de la Audiencia Nacional.

Un segundo, referente a la seguridad del recinto, adjudicado a Serygur SA a pesar de existir ofertas menores a la que presentó dicha empresa. Ente estrechamente relacionado, además, con Luis Bárcenas, lobby que ya habría protagonizado otros escándalos en la Comunidad de Madrid. También ostentaría dicha empresa el tercero de los contratos que se investigan, encargada esta vez de la gestión del control de entradas y de la base de datos en las obras del Campus, que se prorrogó hasta el año 2010.

La Ciudad de la Justicia está considerada uno de los ‘broches de oro’ del derroche de dinero público por parte de las administraciones del Partido Popular. Una vez más, los indicios muestran las evidencias clientelares de sus megalómanos proyectos, lugar que hoy es tan solo un edificio sin terminar, vacío y exento de uso.

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