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Opinión

Internacionalización de la impudicia

Internacionalización de la impudicia

Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber.

Rudolf von Jhering

La palabra “impudicia” proviene por simplificación silábica del latín “impudicitia”. Este término es lo contrario de “pudicitia”, que supone honra, vergüenza, honor o decencia. Así, cuando se alude a la impudicia se evoca también la idea del impudor, deshonestidad, indecencia, inmoralidad, desvergüenza, obscenidad, libertinaje, concupiscencia, descoco, atrevimiento, descaro, desfachatez, procacidad o la impureza, entre otras.

Estos son tiempos impúdicos. Por ello estamos en presencia del “todo vale”, del imperio de la mentira y de la defensa de la corrupción del sistema. En el asalto al Capitolio de los EE.UU., el modelo del sistema democrático en el día de ayer quedo expuesto en toda su fragilidad. Quedó también evidenciada la incompetencia de la Justicia actual para afrontar estos episodios. Así, la ultraderecha aprovecha todos los resquicios que se han ido creando en los sistemas democráticos para llevar a cabo su corrosiva acción.

Los deshonestos se visten de impudicia para llevar a cabo el saqueo de los fondos públicos. Recursos que, paradójicamente, son los mismos que utilizan para llenar los bolsillos de los corruptos. De allí que un escenario como la pandemia sea el óptimo para obtener beneficios. Una política de inversiones innecesarias en la sanidad madrileña es un caso impúdico de sobrecostes y precarización de las condiciones de los centros de atención primaria. La impudicia está presente. Las víctimas de las residencias también. 

La acumulación prosigue mientras la brecha entre unos pocos y sus acólitos y la gran mayoría se expande. Mientras se avanza sobre poblaciones enteras. Como es el caso de los territorios palestinos. La ignominia del pueblo saharaui. El exterminio kurdo. La tragedia de las migraciones clandestinas que acaban en el fondo del Mediterráneo. En todos los casos las capitales europeas miran a otro lado. Los mercaderes de armamento siguen su negocio. Impúdicamente, se enriquecen mientras pauperizan a zonas periféricas del planeta.

Las conductas de los corruptos son sancionables legalmente, cuando se prueban. No es así con los actos impúdicos que se cometen con falta de pudor o recato, que menosprecian las reglas morales. Esto es porque muchos creen que la moral por ser algo “privado” no afecta, o no tiene que ver el comportamiento personal con el desempeño de cargos públicos o de dirigencia partidista.

Una comida, o una reunión aparentemente informal, con personas que pueden influir en decisiones administrativas, judiciales o políticas, no se considera corrupción, aunque sea impúdica. La legislación, producto del trabajo de muchos comensales de esos eventos u otros similares, se ha cuidado de que no lo sea. Los difusos límites de la prevaricación se diseñaron para esos fines. Así vamos. La Justicia no actúa porque no le dan las normas para que lo haga. La impúdica acción legislativa se pone de manifiesto.

Ejemplo, sin repetir el tema del rescate sucesivo de las concesiones de autopistas, también es el impúdico caso del Castor. El ministro de Industria con Zapatero, Miguel Sebastián, hoy contratado por Ferreras para opinar de casi todo, incluyó una cláusula muy cuestionableque garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la misma. El Gobierno ya comprometió un total de 1.755 millones. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ya anunció que la factura del desastre sería socializada entre todos los españoles, hasta alcanzar los 4.731 millones de euros. Cifra a la que se llega añadiendo un 4,27% anual de intereses del pago de la indemnización por los 30 años de concesión a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS en un 66,7%. A razón de 80 millones anuales, el pago a la concesionaria ascenderá a 2.400 millones extra en el año 2044. No obstante, el Tribunal Constitucional declaró nulos varios artículos del Real Decreto de la indemnización. En abril de 2018 los bancos Santander, CaixaBank y Bankia presentaron ante el Ejecutivo una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador”, en la que le instaron sin éxito la devolución del dinero aportado. Así, como muchos presumían, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a ser indemnizados con 1.350 millones de euros. Cuantía esta que las tres entidades desembolsaron para facilitar el cierre del almacén submarino y que el gobierno se comprometió a devolver en treinta años. El riesgo empresarial, cualidad pregonada por el neoliberalismo, no existe en España.

Todo ello implicará invariablemente un sobrecoste en la factura del gas para todos los usuarios españoles. Las pensiones no son sostenibles, dicen. Por estas cosas no desean que Unidas Podemos esté en el gobierno.

La concentración bancaria guiada por De Guindos y ejecutada por Nadia Calviño, produce la distorsión de fijar comisiones prohibitivas sin permitir a los clientes acudir a bancas alternativas. La privatización de Bankia lo permite. Pudo haberse convertido en una entidad de referencia y servir para equilibrar los comportamientos monopólicos en la banca. El mantenimiento internacional de los paraísos fiscales es una impúdica omisión de persecución de corruptos y tunantes. Los estados no deberían proteger al dinero sucio ni a la elusión fiscal. Pero lo hacen.

La impudicia es una práctica agraviante que se expande internacionalmente desde las escalinatas del Capitolio hasta la España vaciada, abandonando a su suerte a los más débiles. Todo bajo la mirada condescendiente de nuestras instituciones que parecen diseñadas para desertar de la función de proteger a la ciudadanía.

Los veintiséis millones deben procurar protegerse. Van a por ellos y ellas.

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