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Política

Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad podrían ser juzgados

Tendrá que ser la justicia la que diga si es un crimen o una negligencia el denegar asistencia sanitaria a miles de ancianos enfermos de coronavirus

En Madrid se está dando estos días una batalla en el seno de la derecha por intentar ocultar que el PP dio órdenes a las residencias de ancianos para que no trasladaran a residentes enfermos de coronavirus a los hospitales de la región. Unos correos entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), han dejado al descubierto que las víctimas del colapso del sistema sanitario madrileño, fruto de años de recortes y privatizaciones de gobiernos populares, han sido las personas mayores internas en residencias.

Esta actuación, que ya ha sido denunciada por familiares de ancianos y que el Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo, puede acabar en una causa penal contra Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad por homicidio imprudente. Palabras mayores.

Más allá de las consecuencias penales que pueda tener la negación de socorro a los ancianos, muchos de los cuales fueron encontrados muertos en las residencias y abandonados a su suerte, políticamente la señora Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad tienen dificultades serias para salir de este atolladero.

Pablo Iglesias este lunes ha verbalizado lo que ya es un silencio a gritos en los mentideros políticos y judiciales: "Lo visto en las residencias de Madrid es un escándalo, si es que no es un crimen". A lo que la presidenta madrileña ha respondido, visiblemente nerviosa, amenazando con denunciar al vicepresidente segundo del Gobierno.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), ha mandado también un recado al consejero de Políticas Sociales, Albert Reyero (Ciudadanos), al afirmar que se ha sentido traicionado por el hombre que ha filtrado los correos en los que se deja claro que el PP mandó no atender en los hospitales públicos a las personas mayores enfermas que provinieran de las residencias de ancianos, a lo que Reyero advirtió que esa forma de actuar puede tener “graves consecuencias legales”.

A los cinco días, este consejero, Alberto Reyero, fue suspendido de sus competencias por negarse a cumplir el mandato del PP. Más allá de que avance la causa penal contra Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, que se dirime ya en el Supremo, políticamente a la presidenta madrileña se le complica su futuro al frente de la Comunidad de Madrid.

Penalmente, tendrá que ser la justicia la que instruya el caso y diga si es un crimen o una negligencia el denegar asistencia sanitaria a miles de ancianos enfermos de coronavirus. Políticamente, Ayuso tiene difícil escurrir su responsabilidad porque de su entorno salió la orden de no trasladar a las personas mayores de las residencias a los hospitales, tal y como dejan claro los correos filtrados por el consejero de Políticas Sociales y que tan mal han sentado en el PP, ya que podrían ser la prueba irrefutable de cara a un juicio penal en el que se sienten Ayuso y su consejero de Sanidad en el banquillo de los acusados.

 

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