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Política

Juan Carlos I, investigado ma non troppo

El Supremo rechaza aplicar medidas cautelares al anterior jefe del Estado porque no está técnicamente ‘investigado’

Juan Carlos I, investigado ma non troppo
Juan Carlos de Borbón, jefe del Estado español de noviembre de 1975 a junio de 2014

Está siendo investigado, pero no está técnicamente ‘investigado’. La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la aplicación de medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, porque no está técnicamente ‘investigado’, es decir imputado. El Supremo desestima así –en una providencia firmada por el presidente de la Sala, Francisco Marín– la petición de la asociación Òmnium Cultural, alegando que el sistema procesal español no contempla la aplicación de medidas cautelares a quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos I.

El martes –un día después de que trascendiera que Juan Carlos I había decidido trasladarse fuera de España–, Òmnium registró un escrito en el Tribunal Supremo reclamando la aplicación de diversas medidas, pues la Fiscalía está investigando si el anterior jefe del Estado podría haber cometido delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal –relacionados con el supuesto cobro de comisiones ilegales durante su etapa como jefe del Estado– tras su abdicación en su hijo Felipe VI en junio de 2014, cuando perdió su inviolabilidad. Concretamente, la asociación cultural reclamó al Supremo que primero citara a declarar a Juan Carlos I como ‘investigado’ y después dictara una orden internacional de detención del anterior jefe del Estado si este no comparecía, así como que ordenara la retirada de su pasaporte y dictara una orden de prohibición de su salida de España, para el caso de que aún se encontrara en territorio estatal.

Estas medidas, rechazadas por el Tribunal Supremo al día siguiente de ser reclamadas por Òmnium, se unen a la querella que la asociación cultural registró el pasado 3 de julio en la Sala de lo Penal del mismo tribunal –presidida por el magistrado Manuel Marchena–, contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y en la que pide que se investigue la procedencia de la fortuna del anterior jefe del Estado en diversas cuentas en el extranjero, así como que se requiera a Suiza el bloqueo de sus cuentas en dicho Estado, pues existen “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción” y porque la Fiscalía suiza también está investigando al respecto. Una querella registrada hace más de un mes y sobre la que Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Marchena, aún no se ha pronunciado.

Juan Carlos I está siendo investigado en Suiza por el supuesto cobro de una comisión ilegal de 100 millones de dólares, procedente de la monarquía de Arabia Saudí, por su papel de intermediario en la adjudicación de un contrato de 7.800 millones de dólares –el de construcción de la línea de tren de alta velocidad entre La Meca y Medina– a un consorcio de multinacionales, la mayoría de ellas españolas. El caso fue destapado en 2018 por Corinna Larsen, examante del anterior jefe del Estado, y publicado aquel año por el diario suizo ‘Tribune de Genève’. Las revelaciones de Larsen provocaron primero que se abriera una investigación en Suiza, sobre el supuesto cobro de dicha comisión ilegal, y después que se abriera otra en España, sobre supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pues habría evadido una considerable fortuna al fisco español.

En España, Juan Carlos I no está siendo investigado por el supuesto cobro de la comisión ilegal porque la habría cobrado siendo jefe del Estado, y la Constitución española vigente establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” –aunque parte de la doctrina constitucional considera que la inviolabilidad no debe afectar a todos los actos del rey, sino sólo a los realizados en el ejercicio de sus funciones constitucionales–, pero sí lo está siendo por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. La investigación está en manos del Tribunal Supremo porque, al dejar de ser inviolable en junio de 2014, PP y PSOE acordaron el aforamiento en el Supremo del anterior jefe del Estado, que lo fue desde la muerte del general Franco en noviembre de 1975 precisamente hasta su abdicación en su hijo Felipe VI 38 años y cinco meses después.

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