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Juan Carlos I podría haber abandonado España tras enterarse de que Anticorrupción estaba investigándolo por presuntos delitos posteriores a su abdicación

“Cabe preguntarse si cuando abandonó España el pasado 3 de agosto tenía conocimiento de esas Diligencias de investigación no públicas que se iniciaron en 2019, si alguien le filtró el alcance y resultado de las mismas y si frente a las posibles repercusiones procesales decidió abandonar España”, advierten fuentes jurídicas cercanas a las investigaciones, consultadas por LUH

Juan Carlos I podría haber abandonado España tras enterarse de que Anticorrupción estaba investigándolo por presuntos delitos posteriores a su abdicación
Juan Carlos de Borbón

El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, podría haber abandonado España tras ser informado de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigándolo por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública por operaciones posteriores a su abdicación en 2014, fecha en la que dejó de tener el privilegio de la inviolabilidad, reservado al jefe del Estado.

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción no habían trascendido públicamente hasta su filtración a la prensa el pasado 3 de noviembre –día en que se cumplían tres meses de su huida a Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos–, pero podrían haber sido filtradas a Juan Carlos I, teniendo en cuenta la “conexión de fechas” –de los presuntos delitos, del inicio de las Diligencias de investigación y de la huida– y la valoración de dicha conexión hecha por fuentes jurídicas cercanas a las investigaciones, consultadas por LUH. “Cuando huyó, todos dijimos que qué rara era aquella huida porque estábamos pensando en las comisiones del AVE a La Meca, en Corinna Larsen y en la justicia suiza –y en que iba a ser muy difícil que no operara la inviolabilidad, pues lo que se investigaba había sucedido durante su reinado–, pero ahora parece entenderse mejor por qué huyó y cabe sospechar –aunque sólo es una teoría que habrá que confirmar o desmentir con el tiempo– que esa huida está relacionada con las operaciones de ocultación de bienes y capitales que presuntamente habría llevado a cabo después de su abdicación”. “Ocultación y defraudación que no estarían ni prescritos ni cubiertos por la inviolabilidad”, añaden.

Juan Carlos I abandonó España el pasado 3 de agosto –este miércoles se cumplen cien días–, y comunicó al actual jefe del Estado, su hijo Felipe VI, que lo hacía para evitar que la “repercusión pública” –en ningún momento mencionó la repercusión penal– de ciertos acontecimientos “pasados” de su “vida privada” dañara a la monarquía. Aquel abandono de España fue abordado de forma dispar por los socios del Gobierno de coalición: el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), lo calificó de “huida al extranjero” y aseguró que el Ejecutivo no puede “mirar hacia otro lado” y menos “justificar” semejante “fraude a la justicia”; sin embargo, la vicepresidenta de Presidencia, Carmen Calvo (PSOE), consideró que Juan Carlos I “no huye de nada” porque “no está inmerso en ninguna causa”. Pero ¿realmente no estaba inmerso en ninguna causa?

No sólo una, sino dos

“Estaba inmerso en el radio de investigación de no sólo una causa –la de las comisiones de La Meca y todo su entramado– sino dos, siendo la otra ‘causa’, no judicial, ni más ni menos que unas Diligencias de la Fiscalía Anticorrupción en las que el foco se pone directamente sobre su persona, sobre Sofía de Grecia y sobre algunos de sus familiares, según hemos conocido por la prensa, y sobre unas operaciones que, de confirmarse, serían constitutivas de diversos delitos penados con cárcel. Cabe preguntarse si cuando abandonó España el pasado 3 de agosto tenía conocimiento de esas Diligencias de investigación no públicas que se iniciaron en 2019, si alguien le filtró el alcance y resultado de las mismas y si frente a las posibles repercusiones procesales decidió abandonar España”, añaden los juristas consultadas por LUH.

Cuando partió a Abu Dabi, Juan Carlos I teóricamente estaba en el foco de atención de una sola investigación fiscal en España: la relacionada con su presunto papel de comisionista en la construcción de la línea de tren de alta velocidad que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca, y es que, según su examante Corinna Larsen, el anterior jefe del Estado habría recibido 80 millones de euros por haber conseguido que las obras fueran adjudicadas a empresas españolas; no obstante, esos hechos remiten a su etapa como jefe del Estado, es decir a cuando estaba protegido por la inviolabilidad. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre la prensa desvelaba que la Fiscalía Anticorrupción también investiga desde 2019 a Juan Carlos I, y a varios de sus familiares, por la presunta utilización de tarjetas de crédito opacas dependientes de una cuenta con fondos procedentes del extranjero y a nombre de terceros y que tanto los gastos de esas tarjetas como los movimientos de esa cuenta corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, es decir a cuando el anterior jefe del Estado ya no era inviolable y respondía penalmente por sus actos.

“Con esa filtración a un medio digital nos hemos enterado de que esas Diligencias de investigación fueron abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un aviso del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) en una fecha indeterminada de 2019, pero seguramente la investigación sobre las operaciones bajo sospecha se inició ya en 2018, y fue cuando se fueron reuniendo indicios de irregularidad o ilegalidad cuando el SEPBLAC decidió dar el aviso a Anticorrupción. Es curioso que en 2018, siempre según lo que hasta ahora ha publicado la prensa, dejaran de usarse las tarjetas objeto de investigación; uno podría pensar que alguien puso sobre aviso al exmonarca”, advierten los juristas.

Otras fuentes jurídicas apuntan en ese mismo sentido: “El contenido de esas Diligencias de investigación y lo avanzado de las mismas fue filtrado a la prensa el pasado 3 de noviembre, pero cabe sospechar que alguien se lo filtró antes a Juan Carlos I y que eso es lo que provocó su huida hace cien días, pues no parece casual que dejara de utilizar las tarjetas cuando la investigación policial era una realidad y que huyera de España cuando la investigación en Fiscalía empezó a dar sus frutos, sabiendo, como sabe, que si la investigación sigue prosperando y los indicios de criminalidad se consolidan, tendrá que ser juzgado por el Tribunal Supremo –al estar aforado–, donde podrá defenderse de todas las acusaciones”, añaden.

“Daño irreparable”

En cualquier caso, los juristas consultados por LUH califican de “daño irreparable a la investigación y la posible causa judicial en que pudiera derivar” la filtración de las Diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, pues –tanto si se filtraron en sus inicios a Juan Carlos I, o a su entorno, como si sólo se han filtrado ahora a la prensa– se ha abierto la puerta a que los implicados, “sean quienes sean”, destruyan las pruebas incriminatorias que puedan relacionarlos con las tarjetas y las operaciones de blanqueo.

“Si el pasado 3 de agosto hubiéramos sabido todo esto –que la investigación iniciada en 2019 estaba dando sus frutos, que se habían acreditado movimientos y que se habían remitido comisiones rogatorias a terceros Estados– que el pasado 3 de agosto ya existía aunque aún no se hubiera filtrado, todo el mundo habría hablado y seguiría hablando de fuga, y más teniendo en cuenta que el destino de Juan Carlos I fue, y sigue siendo, Emiratos Árabes Unidos y no una monarquía europea o una república latinoamericana”, advierten.

“En cuanto haya indicios solventes y suficientes, lo próximo debería ser abrir una causa judicial donde un número indeterminado de personas serán investigadas y llamadas a declarar en sede judicial, donde conoceremos el resultado de las actuales Diligencias y de las nuevas que se propongan, donde declaren como testigos personas cercanas al rey emérito y donde se presenten informes de las unidades competentes de la Policía, y todo ello, si se observan indicios racionales de criminalidad, podría culminar en un auto de procesamiento de Juan Carlos I y en que España pidiera su extradición, una extradición que Emiratos Árabes Unidos presumiblemente no va a conceder, por la relación personal que une a su Familia Real con el rey emérito”, concluyen las fuentes jurídicas.

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