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Política

Juan Carlos I, un paso más cerca de rendir cuentas

El Supremo anuncia que se pronunciará sobre la reapertura de la causa por la querella de IU contra el anterior jefe del Estado y fuentes jurídicas destacan que será “clave” la posición de la Fiscalía, que “lleva meses meditando qué hacer, mientras avanzan los plazos de prescripción”

Juan Carlos I, un paso más cerca de rendir cuentas
Juan Carlos I; al fondo, el Tribunal Supremo

El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, está un paso más cerca de rendir cuentas ante la justicia española, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya reclamado las actuaciones archivadas en el verano de 2019 por la querella que PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda presentaron en diciembre de 2018 contra el propio Juan Carlos I y siete personas más –su examante Corinna Larsen, sus presuntos extestaferros Dante Canonica y Álvaro de Orleans-Borbón, el general del Ejército y exdirector del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) Félix Sanz Roldán, el excomisario de Policía José Manuel Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga–, a quienes los querellantes acusan de un total de 13 delitos; entre ellos, cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal. Según fuentes jurídicas del caso consultadas por LUH, la decisión del Supremo –reclamar las actuaciones archivadas en el verano de 2019– “supone un primer e ineludible paso” para que el propio Supremo “se pronuncie sobre la reapertura de la causa”, y es que “con ella se ha puesto en marcha la cuenta atrás para que conozcamos cuál es la posición del Supremo ante la complicada situación en la que se encuentra Juan Carlos de Borbón”, han apuntado las mismas fuentes.

Los querellantes pidieron reabrir la causa el pasado mes de julio, y el tribunal les ha informado ahora de que ha dado por recibida su petición y ha reclamado las actuaciones archivadas y les ha anunciado que volverá a resolver sobre la apertura de la causa. En el verano de 2019 el Tribunal Supremo archivó las actuaciones alegando que los hechos denunciados ya “fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional”, pero ahora ha cambiado de parecer, después de que ese mismo juzgado de la Audiencia Nacional acordara el pasado mes de julio reabrir esa pieza 5 del caso Villarejo e imputar en ella a Corinna Larsen, lo que sitúa a Juan Carlos I –aforado en el Tribunal Supremo tras perder su inviolabilidad como jefe del Estado con su abdicación en 2014– en una situación judicialmente comprometida, y más teniendo en cuenta que “ha continuado aflorando información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella de PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda”. Y es que las diligencias de investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Supremo tras diversos contactos con la Fiscalía suiza contienen “nuevos elementos probatorios” relacionados con los “fondos irregulares y relacionados con pagos realizados por Arabia Saudí” que el anterior jefe del Estado “habría tenido depositados en Suiza”.

No obstante, las mismas fuentes han explicado a LUH que “antes de dictar su parecer sobre si abre o no causa contra el rey emérito”, el Tribunal Supremo “deberá recabar la opinión de la Fiscalía del propio Supremo, que a su vez, tiene en sus manos, desde hace meses, las diligencias de investigación remitidas por la Fiscalía Anticorrupción y en las que, según hemos podido conocer, aparecen indicios suficientes de la perpetración de ilícitos penales por parte del Juan Carlos de Borbón”. Y la “posición que adopte la Fiscalía del Supremo” será “clave” para “determinar el futuro judicial del rey emérito”, han apuntado las mismas fuentes, que han advertido de que esa Fiscalía del Supremo “lleva meses meditando qué hacer, mientras avanzan los plazos de prescripción en favor del rey emérito”. Los propios querellantes ya denunciaron el pasado mes de julio que, a pesar de lo avanzado de las investigaciones, la Fiscalía del Supremo siguiera sin interponer ninguna acción penal, “corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.

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