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Política

La ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana: el interés social frente al interés privado.

Iván Cebrián Bessini

La adquisición de 218 viviendas que la Conselleria de Vivienda liderada por Rubén Martínez Dalmau hizo pública la pasada semana en la Comunitat Valenciana, no ha dejado indiferente a nadie, ya que, se ha interpretado como una declaración de intenciones y manifiesto de la convicción del Vicepresidente Segundo en impulsar el próximo día 15 de julio un paquete de medidas que dará respuesta a la emergencia habitacional por encima del interés privado. Algo que ha generado una inmediata reacción en la que se han planteado dos posiciones muy diferentes respecto a la proyección e impactos que puede generar el Decreto-Ley 6/2020 para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana.

Por un lado, desde una parte del sector empresarial, se apunta que una vez ratificado el Decreto-Ley se producirá un desplome de la actividad económica vinculada al mercado inmobiliario. Algo que se ha manifestado desde diferentes medios y sectores afines a esta preocupación empresarial, en los que se ha argumentado que con la aprobación de esta legislación se pone en tela de juicio el derecho a la iniciativa privada y se genera un clima de incertidumbre en los inversores, lo cual provocaría un frenazo en la actividad en el sector inmobiliario. Todo ello, supuestamente, se traducirá en un posible colapso y tendrá graves consecuencias económicas.

Por otro lado, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en una nota de prensa publicada el pasado día 13 de julio, se describe un escenario completamente contrario.  Advierte de la imperiosa necesidad de dar respuesta a la emergencia habitacional valenciana que sufren muchas familias y que ahora se ve agravada con el escenario postcovid. Además, remarca que el parque público de vivienda de la Generalitat Valenciana se encuentra por debajo de la media europea, algo que reafirma la ineficacia de las legislaciones actuales para revertir una situación que pone en jaque un bien tan esencial como el hogar para las capas más vulnerables de la sociedad.

Respecto a la posición que aboga por la no intromisión en el libre mercado, la Federación de Promotores Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Feprova) parece describir una presunta intención intervencionista por parte de la Generalitat Valenciana y afirma que el contenido referente a la extensión de los mecanismos de tanteo y retracto apunta hacia fórmulas de expropiación, pese a que dicho concepto o equiparables no aparecen en el redactado de la misma. Además, las figuras del tanteo y retracto ya existían en legislaciones previas, pero carecían de la efectividad y capacidad necesarias que esta norma les otorga, dando a la Generalitat una posición preferente en las grandes operaciones de adquisición de vivienda.

De forma paralela y totalmente opuesta a la postura promercado, la PAH afirma que el Decreto-Ley contiene ideas innovadoras y con la suficiente proyección como para orientar un profundo avance sobre la alternativa habitacional de muchas familias que ya arrastran una situación difícil para mantener su hogar. En este sentido, destaca la extensión al derecho de adquisición preferente sobre todo tipo de vivienda protegida (pública o privada); asimismo, resalta la efectividad del tanteo y retracto que ahora extiende su utilización a adquisiciones vía dación en pago de deudas hipotecarias y a viviendas adquiridas mediante proceso de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial. Del mismo modo, el Decreto-Ley contempla que, aunque la venta se haga por acciones o participaciones sociales, los derechos de tanteo y retracto también pueden hacerse efectivos cuando en estas operaciones se transmita el 80% o más del edificio y cuando se vendan de forma conjunta diez o más inmuebles. Además, todas las viviendas adquiridas mediante estas medidas pasarán a ser clasificadas como viviendas protegidas de forma permanente.

Mientras que un sector empresarial observa indicios de intervencionismo e inseguridad jurídica en su ejecución, la PAH destaca estas medidas como una forma de “poner coto a los innumerables abusos cometidos en referencia a las grandes transmisiones de vivienda a fondos de inversión y argumenta que el carácter permanente que otorga la ley a estas adquisiciones, constituye una medida perfecta para “acabar con el negocio VPO y vincular a la vivienda protegida con el parque público de viviendas tan necesario y urgente”.

En esta misma línea, mientras que la plataforma ciudadana remarca el proceso de “municipalización y descentralización de las políticas de vivienda” que impulsará el Decreto-Ley (ya que su contenido habilita el ejercicio de adquisición preferente en favor de los municipios que contengan áreas de necesidad de vivienda), desde la posición de este sector empresarial se observa como una posibilidad del ente público para inmiscuirse en operaciones privadas e intervenir la libre actividad de las empresas.

Por tanto, haciendo una rápida síntesis, se plantea una pugna por ver cómo trasciende el contenido del Decreto-Ley a la opinión pública: por una parte, se argumenta desde el sentido de libertad empresarial liberal, el cual demanda el derecho a realizar su actividad sin ningún tipo de intromisión de terceros, aunque sus intereses puedan tener fines especulativos que operen en contra del derecho a tener una vivienda digna. Por otra parte, desde un sector de las organizaciones sociales se plantea como un avance legislativo en materia de vivienda que promueve una posición prioritaria a favor de la ampliación del parque público de vivienda, algo que se asemejaría a los estándares europeos y actuaría sobre la urgente necesidad de garantizar techo a muchas familias.

De forma similar encontramos dos relatos con lógicas diferentes sobre el problema de la vivienda en la “nueva normalidad”: por un lado, un planteamiento bajo lógica de rédito económico en el que se aboga por dar facilidades al mercado para continuar con su actividad en grandes transmisiones de vivienda a fondos de inversión, justificado sobre el hecho de que la pandemia ha debilitado económicamente al sector inmobiliario, y, por tanto, sería más necesario que nunca no poner trabas en operaciones privadas para no “asustar” a inversores. Por el contrario, desde el otro lado se plantea una lógica de beneficio social, en la que no se cuestiona la emergencia habitacional como presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, porque se considera más importante impulsar mecanismos legales que permitan hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución Española para garantizar una vivienda digna.

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