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Economía

La CEOE está planificando nuestro saqueo

La CEOE quiere presentar medidas para la gestión de la crisis por COVID-19 que supondrían acentuar por 8 las desigualdades entre ricos y pobres

Eduardo Madroñal.

Ya es de conocimiento colectivo que la pandemia de la COVID-19 y su obligada respuesta del confinamiento han provocado una nueva crisis económica y social en el mundo y en España. Oxfam Intermón, ha cuantificado en 700.000 el número de nuevas personas pobres en España mientras 23.000 millonarios han aumentado sus fortunas en 19.200 millones de euros durante los 80 días que ha durado el estado de alarma. Y con toda su inocencia ha pedido, entre otras medidas, por ejemplo, aplicar una fiscalidad progresiva. Porque la desigualdad en España se puede multiplicar por ocho, en otras palabras, que los que menos tienen perderían ocho veces más dinero del que tienen los más ricos.

Por ello, Oxfam Intermon dice: “una reconstrucción justa y necesaria es posible”. Es decir, que España mejore en la recaudación de sus impuestos, básicamente gravando a las grandes fortunas, recordando que la recaudación fiscal sigue cuatro puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.

Sin embargo, desde una posición y unos intereses antagónicos con la inmensa mayoría de los españoles, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha organizado unas jornadas públicas -casi inéditas en la reciente historia democrática de nuestro país- con la participación de prácticamente todos los grupos oligopólicos de España.

Jornadas inauguradas por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y con la sucesiva presencia de los presidentes de los grandes bancos, oligopolios energéticos y demás sectores estratégicos. Y por ello, con todos los grandes medios de comunicación transmitiendo en directo sus intervenciones.

Estamos hablando de más de 130 grandes empresas –entre ellas, los grandes bancos y monopolios del IBEX35– con el objetivo de llegar a una declaración de medidas 'anticrisis' para presentar al Gobierno de España. Estamos hablando de los oligopolios de la construcción, las telecomunicaciones, el turismo y la hostelería, el transporte, la industria –en particular la del automóvil–, el agroalimentario, el inmobiliario, las infraestructuras, los servicios, el comercio, el textil, la asesoría y, cómo no, la sanidad privada. Es decir, como anomalía comunicativa, la oligarquía financiera española nos presenta al resto de los ciudadanos de España –con cámaras y en directo, vía oligopolios de la comunicación y también redes sociales– su proyecto para que en los próximos años ellos sigan obteniendo beneficios a nuestra costa.

Eso sí, primero mostrando su carácter de clase dominante dependiente del extranjero. Por ello, “hay que aprovechar la oportunidad de ‘oro’ que brindan los fondos provenientes de la UE para utilizarlos bien”. Traduciendo: que sí o sí, es  necesario aceptar una masiva llegada de capital extranjero. Y que será inevitable una u otra forma de rescate europeo. Y por tanto, habrá que aceptar las “condiciones macroeconómicas” –en forma de recortes, ajustes e imposiciones fiscales– que Bruselas y los centros de poder extranjeros nos quieren imponer.

Y segundo, una gigantesca socialización del gasto que genera la pandemia a través de un enorme endeudamiento del Estado. Lo que supone, durante los próximos dos años, una monumental expansión del gasto público, recurriendo a un gran incremento de la deuda pública.

De esta forma, en estas jornadas, el inefable presidente de Bankia –¡quién lo diría! con mayoría de capital público– José Ignacio Goirigolzarri, rechaza posibles “nuevos impuestos que perjudiquen la rentabilidad de la banca”. O Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, ha propuesto un plan de vivienda para la juventud que suponga una nueva manera de socializar los costes del relanzamiento del mercado inmobiliario, defendiendo “que el gobierno aporte entre un 20% y un 25% de la entrada de la compra de la vivienda”. Eso sí, que el resto de la hipoteca, a 30, 40 o 50 años ya la paguen los jóvenes. Y cómo no, Francisco Reynés, principal ejecutivo de Naturgy, ha insistido en la “necesaria estabilidad normativa” para las relaciones laborales. Es decir: que no se toque la reforma laboral del empleo precario y temporal, una fuente de sus ganancias desde la crisis de 2008.

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