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Opinión

La coherencia institucional y el tercero excluido

“El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica.”

Confucio

 Una Institución es una entidad normativa que cumple funciones adaptativas en relación a las necesidades sociales de la comunidad que las contiene. Es decir, representa valores característicos de esa sociedad. La honestidad o el respeto podrían ser ejemplos. Las normas de conducta y las costumbres que rigen una sociedad forman parte de la arquitectura institucional que le da sentido armónico a ese Estado. Es decir que las propias normas, leyes, que se elaboran y aprueban tienen por finalidad dar una respuesta que resuelva satisfactoriamente todas las necesidades sociales. Por consecuencia, se construye así una legalidad apropiada a los valores que la representan. De este modo, una institución, de entre las muchas que forman parte del Estado, es una estructura del orden social que rige el funcionamiento de una sociedad justa y equitativa.

Dejando este concepto definido, entonces deberíamos abocarnos a considerar las consecuencias que tiene para ese Estado el verificar el quebrantamiento de la legalidad vigente. La legitimidad es un requisito que sólo puede existir cuando se respetan las normas y estas son válidas siempre y cuando cumplan con los valores institucionales que le dan sentido a ese Estado. España tiene una historia reciente caracterizada por episodios protagonizados por sinvergüenzas, tunantes y bufones, que han vivido faltando el respeto institucional al conjunto ciudadano. Lo han hecho cuando han robado y actuado de manera indigna al utilizar cargos públicos en beneficio propio. El quebrantamiento institucional es propio de la corrupción. Las personas que representan instituciones deben ser ejemplares.

Por ello, cuando se amparan conductas reprochables, no sólo es inapropiado en términos de honestidad, sino que resulta agraviante cuando las cifras que ofrecen las ONG`s indican que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3 % de los niños y niñas en España. Save the Children informa que, en España, hay un total estimado de 2,2 millones de niños en esta situación. Estas organizaciones consideran que, con las políticas de infancia adecuadas, el porcentaje de pobreza infantil en 2030 debería reducirse hasta el 17 %, es decir, descender un punto porcentual por año. Esto, si los recursos disponibles se aplican adecuadamente y se evita que se desvíen a las redes de fraude, colusión y corrupción.

Resulta difícil encontrar coherencia, cuando se apela al orden constitucional para preservar de la acción fiscalizadora de la Justicia al que fuera Jefe de Estado durante los cuarenta posteriores años a la muerte de Franco. El anterior rey, Juan Carlos I, fue coronado el 22 de noviembre de 1975 por designación del dictador Franco. Se mantuvo hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, al parecer por los mismos escándalos que lo han llevado a huir de sus responsabilidades institucionales. Anteriormente a su proclamación, había desempeñado funciones interinas en la Jefatura del Estado Franquista, durante la enfermedad del Dictador. En cualquier caso, a la fecha, sigue teniendo el inexistente título protocolario de Rey Emérito. En junio de 2019, cinco años después de su abdicación, anunció su retirada definitiva de la vida pública e institucional. Según algunas fuentes, la presión que recibió para abdicar fue importante.

Algunas informaciones, no desmentidas, le atribuyen una fortuna “personal” de al menos 2.000 millones de euros. Es decir, si consideramos unos 40 años de ejercicio de la Institución, resultan 480 meses. Realizando una pequeña división de, tomemos por válida la cantidad de 2.000 millones, tendríamos un importe promedio de unos 4.2 millones de euros mensuales de “ingresos personales” en promedio. Todo por el bien de España, incluido el mensaje de “… no volverá a ocurrir”.

Los ciudadanos que pagamos impuestos y nos sometemos a la ley, observamos estupefactos como se quebranta el orden constitucional y, sin el menor rubor, se alude a que el anterior monarca no debe dar cuenta de sus actos y del origen de su fortuna.

Las incoherencias producen alarma y deslegitiman las instituciones que se dice proteger.

En Lógica, existe un principio que debería ser utilizado por aquellos que suelen salir en tromba a llamarse republicanos y monárquicos, al tiempo, o defensores de la Justicia, pero no para todos los que habitan esta neodemocracia llamada España. Este principio es el del “tercero excluido”. Este dice que podemos SER o NO SER. Lo que no es posible es SER y NO SER al mismo tiempo. Por tanto, carece de lógica que se diga proteger lo que se incumple. O somos un Estado Democrático o somos un Estado Absolutista. O somos republicanos o somos monárquicos.

En honor al orden que se reclama, deberían comenzar por cumplir la ley. ¡¡Coherencia Institucional, por favor!!

 

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