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Política

La Comunitat Valenciana contesta a los buitres

Una muestra de voluntad real y capacidad de fuerza previa a la ratificación del Decreto-Ley por parte de la Conselleria de Vivienda liderada por Podemos, es la suma de un total de 218 inmuebles al parque público de vivienda repartidos en toda la Comunidad Valenciana, con una inversión de más de 8 millones y medio de euros

Restan pocos días para que el próximo 15 de julio el Decreto-Ley del Consell impulsado por el Vicepresidente Segundo Rubén Martínez Dalmau, marque un antes y un después en la capacidad del ejecutivo valenciano para garantizar la ampliación del parque público de vivienda con herramientas funcionales y ampliadas como la adquisición de vivienda a través de los mecanismos de tanteo y retracto.

Una muestra de voluntad real y capacidad de fuerza previa a la ratificación del Decreto-Ley por parte de la Conselleria de Vivienda liderada por Podemos, es la suma de un total de 218 inmuebles al parque público de vivienda repartidos en toda la Comunidad Valenciana, con una inversión de más de 8 millones y medio de euros. Lo cual hace efectiva una de las operaciones de recuperación de vivienda pública más grande y ambiciosas de la historia de España. Tras el acto público que tuvo lugar este jueves, la Conselleria afirma que dicha operación se produce tras la intervención de la Generalitat en una venta de viviendas del Servicio Gestión de Vivienda Innovación Social (SOGEVISO) a un fondo de inversión.

De este modo, se establece el punto de inflexión en el que se materializa de forma efectiva y se hace visible una estrategia que da respuestas inmediatas ante la crisis de vivienda, así como da una muestra de capacidad de reacción ante la emergencia habitacional y a su vez, plantea una acción inmediata que contrarrestará los efectos de la burbuja del alquiler sobre las rentas bajas y los colectivos más vulnerables de la sociedad valenciana. Esta operación se encamina en la voluntad de mejorar las condiciones materiales de las personas, obedeciendo y en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, garantizando vivienda digna para la gente por encima de intereses especulativos que conllevan las grandes adquisiciones de inmuebles por parte de fondos de inversión.

En este sentido, hay que recordar que la Comunidad Valenciana al igual que muchos territorios y grandes núcleos urbanos de España, se ha visto gravemente afectada por el desvío que la oferta de vivienda (motivado por grandes compradores de vivienda como bancos y fondos de inversión) ha sufrido hacia el saturado mercado turístico, provocando alteraciones en las condiciones de vida de muchos barrios, donde las familias y personas residentes (la mayoría arrendadas) se ven como principales perjudicadas y desplazadas por un proceso de “colonización” de la vivienda que se acaba traduciendo en una notable subida del precio del alquiler en las zonas que se reproduce. Los resultados que han generado estas dinámicas, son la expulsión de las familias más humildes de barrios en los que han residido durante años, así como la imposibilidad de habitar una vivienda para las rentas bajas a las que les resulta inviable establecer un proyecto de vida con los nuevos precios que determina el inflado mercado de alquiler.

Esta situación de bloqueo y exclusión social requiere reacción, porque la nueva realidad ha demostrado que cuando el mundo se para la vivienda es la última resistencia, es el cobijo que protege a las personas cuando la incertidumbre crece, y, por tanto, no se debería dejar en manos de dinámicas especulativas o al servicio de sociedades de inversión que solo tienen un objetivo: sacar el mayor beneficio posible.
Porque tras la pandemia los gobiernos progresistas como el valenciano, mantienen como imperativo democrático que las necesidades y derechos básicos no son una mercancía con la que hacer negocio. Así como la educación, la sanidad y la dependencia han sido la barrera de contingencia que ha impedido el caos durante la crisis sanitaria, la vivienda se ha convertido en el eje vertebrador que ha permitido combatir la pandemia mediante el confinamiento como medida más efectiva.

Esta primera acción, determina que el Gobierno del "Botànic" en la Comunidad Valenciana tiene una clara estrategia y convicción que a largo plazo podrá garantizar el derecho de tener un techo digno gran parte de las familias y personas con menos recursos económicos. Es un gran avance, aunque queda un gran camino por delante porque España sigue por encima del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el porcentaje de ingresos que se dedican al pago de la vivienda, como afirma el informe de costos de vivienda sobre ingresos que publicó la OCDE con datos hasta 2018. Del mismo modo, el relator de la Naciones Unidas, Philip Alston, en un informe advierte que “la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza” y de nuevo remitiendo a datos de la OCDE, el relator especifica que “la asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler”. El informe señala que España ha planteado pocas alternativas efectivas para garantizar el derecho a la vivienda, dando como resultado que la mayor parte de las personas tengan que hacer frente a precios de vivienda totalmente desorbitados, además de indicar que “la vivienda social de bajo coste es casi inexistente a pesar del acuerdo generalizado sobre su necesidad”.

Por tanto, aunque queda mucho trabajo por hacer, este tipo de iniciativas suponen una declaración de intenciones y manifiesta la capacidad de primar la gestión de políticas sociales frente intereses del capital privado. Asimismo, con la futura ratificación del Decreto-Ley, el ejecutivo valenciano impulsará la cobertura efectiva de la necesidad de vivienda digna fomentando la ocupación de los inmuebles adquiridos, frente a la idea de mantener viviendas vacías con el único interés de especular.

Este hecho constata un primer paso en la dirección que podría tomar una ambiciosa estrategia nacional como forma de actuación más inmediata para la reconstrucción de las condiciones de vida de las familias y los colectivos más afectados económicamente tras la pandemia.

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