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Política

La decisión del Supremo sobre Torra aleja aún más la vía política

Diversos sectores enmarcan la inhabilitación del president de la Generalitat y sus causas en una judicialización de la política a todos los niveles

La decisión del Supremo sobre Torra aleja aún más la vía política
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra

La Sala de lo Penal, la famosa Sala Segunda, del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año y medio de inhabilitación impuesta al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, por un delito de desobediencia, tras haberse negado, en vísperas de las generales de abril de 2019, a cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar de la fachada de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo y el lema, en catalán y en inglés, “libertad presos políticos y exiliados”.

Torra preside un Gobierno de coalición de JxCat y ERC, que han avanzado que están cerrando un acuerdo para responder de forma conjunta a su inhabilitación, que JxCat ha calificado de “escándalo democrático” y ha enmarcado en la “vulneración de los derechos de los catalanes de elegir al presidente de la Generalitat”, alertando sobre el “derrocamiento de los presidentes legítimos elegidos por el Parlament”. En la misma línea, ERC ha tildado la inhabilitación de “ataque a la democracia” y la ha enmarcado en la “causa general, contra el independentismo, que sólo entiende la represión para acallar un proyecto legítimo como el independentismo”. También el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que inhabilitar a Torra es “impropio de un sistema democrático” y ha advertido de que “la represión no acabará con la voluntad mayoritaria” de Cataluña.

Diversos sectores enmarcan la inhabilitación de Torra y sus causas en una judicialización de la política a todos los niveles. En este sentido, el Gobierno central decidió que el jefe del Estado, Felipe VI, no acudiera al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, celebrado el pasado viernes en Barcelona, porque la sentencia del Supremo iba a ser comunicada aquella misma jornada. Después se pospuso tres días, hasta este lunes, aún más cerca del tercer aniversario de la consulta del 1-O de 2017, de su represión y del discurso que Felipe VI pronunció dos días después. Es sólo un ejemplo, pero interferencias como ésta, entre los poderes ejecutivo y judicial, chirrían en diversos sectores de Cataluña, así como en diversos sectores del Estado español y, sobre todo, de fuera del Estado español.

Tampoco se pasan por alto cuestiones como que en noviembre de 2018 el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactara en un grupo de WhatsApp de senadores del partido de controlar “desde atrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y más teniendo en cuenta que el presidente del Supremo, y por ello también del Consejo General del Poder Judicial –el órgano de gobierno del poder judicial–, Carlos Lesmes, y el conjunto del CGPJ llevan desde diciembre de 2018 en interinidad porque el Partido Popular sigue negándose a renovar sus cargos casi dos años después, saltándose el mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los presos del 1-O han mostrado su apoyo a Torra y han cargado contra su inhabilitación: Jordi Sànchez la ha calificado de “vergüenza suprema”, Jordi Cuixart la ha enmarcado en un “Estado de excepción permanente”, Oriol Junqueras la ha calificado de “nuevo ataque del Tribunal Supremo y del Estado español contra la democracia y las instituciones catalanas”… La ANC (Assemblea Nacional Catalana), la asociación Òmnium Cultural y la AMI (Associació de Municipis per la Independència) han convocado concentraciones de protesta que se han celebrado este lunes ante los ayuntamientos de Cataluña. Pero es que hasta organizaciones tan alejadas del independentismo como CCOO y UGT de Cataluña han asegurado este lunes, en un comunicado conjunto, que la inhabilitación del presidente de la Generalitat es “una nueva expresión de la judicialización de la política”, la han calificado de “desproporcionada” y han advertido de que una cuestión tan política como el encaje de Cataluña en el Estado español no pasa por la judicialización de la política sino, precisamente, por ésta; por la política y por el diálogo. Una vía que parece aún más alejada tras la decisión de la Sala Segunda del Supremo, a pesar de todos los esfuerzos.

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