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“La Fiscalía Anticorrupción ve claro que hay delito fiscal y ha hecho su trabajo; ahora tiene que hacerlo la Fiscalía del Supremo”

Fuentes jurídicas destacan a LUH que en el caso del uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I, Sofía y varios de sus familiares “estaríamos hablando de una base imponible no declarada de al menos 800.000 o 900.000 euros”

“La Fiscalía Anticorrupción ve claro que hay delito fiscal y ha hecho su trabajo; ahora tiene que hacerlo la Fiscalía del Supremo”

La Fiscalía Anticorrupción ha investigado a los reyes Juan Carlos I y Sofía y a varios de sus familiares directos –entre los que se encuentran algunos de sus nietos– por el uso de varias tarjetas de crédito opacas que se abonaban desde una cuenta en la que ni Juan Carlos I ni ninguno de sus familiares aparecen como titulares, según ha publicado este martes en exclusiva ‘elDiario.es’. Tanto los movimientos financieros de esa cuenta como los gastos de las tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, es decir que son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I y por tanto a la pérdida de la inviolabilidad que el artículo 56 de la Constitución española establece para el jefe del Estado. Según lo publicado, la Fiscalía Anticorrupción ya ha identificado a dos individuos presuntamente vinculados con la trama –un mando de la Guardia Civil y un ciudadano mexicano– y ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. “Se dice que la cuota defraudada excede de 120.000 euros –cantidad a partir de la cual el fraude fiscal se considera delito fiscal–, pero no se dice en cuánto excede; en cualquier caso, estaríamos hablando de una base imponible no declarada de al menos 800.000 o 900.000 euros”, han destacado fuentes jurídicas consultadas por LUH.

Poco después de publicarse la noticia, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que la Fiscalía del Tribunal Supremo –tribunal en el que tanto Juan Carlos I como Sofía están aforados desde la abdicación del anterior jefe del Estado– ha asumido las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, y en este sentido ha instado a la propia Fiscalía Anticorrupción a remitir la tramitación de dichas diligencias al fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos para que, “junto con los fiscales que designe”, continúe la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.

Las fuentes jurídicas consultadas por LUH han destacado que “la Fiscalía Anticorrupción ve claro que hay delito fiscal y ha hecho su trabajo, y ahora tiene que hacerlo la Fiscalía del Supremo, porque está acreditado que hay aforados implicadas”. “Se habría ocultado un patrimonio económico que no se declaró y la cuantía de la cuota defraudada sería superior a 120.000 euros –cantidad a partir de la cual el fraude fiscal se considera delito fiscal–; habría habido un uso de generalizado de tarjetas de crédito que estarían abonadas desde cuentas que no están en España y que además serían opacas –lo cual infringe la normativa sobre blanqueo de capitales–, Juan Carlos I habría participado en los hechos y estos serían posteriores a su abdicación en 2014, por lo que en este caso ya no le afectaría la inviolabilidad”, han añadido.

El pasado viernes trascendió que la Fiscalía del Tribunal Supremo encontró “indicios delictivos” en la conducta de Juan Carlos I “mientras desempeñó la Jefatura del Estado” pero no tras su abdicación el 19 de junio de 2014, por lo que “la inviolabilidad de la que gozó” hasta entonces impide a la Fiscalía “interponer una querella criminal contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia en la que el anterior jefe del Estado está aforado”. No obstante, el abogado Juan Moreno –miembro del equipo jurídico de la querella criminal presentada por PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda en diciembre de 2018 ante el Tribunal Supremo contra el anterior jefe del Estado–, destacó a LUH que “si la inviolabilidad de Juan Carlos I afecta o no a delitos tan graves no debería establecerlo la Fiscalía sino un tribunal”.

En el caso de las diligencias de investigación asumidas este martes por la Fiscalía del Tribunal Supremo, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción deja claro que el uso de las tarjetas opacas corresponde a los años 2016, 2017 y 2018, es decir que son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI y por tanto a la pérdida de su inviolabilidad.

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