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Política

La Fiscalía dictará una Instrucción sobre okupación en plena campaña mediática de varias cadenas de televisión

“Lo preocupante y escandaloso es que en un Estado de derecho de repente se pueda generar una alarma social falsa basándose en ‘fake news’ y en bulos y que eso tenga la capacidad de marcar la actuación política de un Gobierno”, denuncia la portavoz de la PAH Alejandra Jacinto

La Fiscalía dictará una Instrucción sobre okupación en plena campaña mediática de varias cadenas de televisión

La Fiscalía General del Estado ha anunciado este lunes que en los próximos días prevé dictar una “Instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales” del “fenómeno delictivo” de las “ocupaciones de morada”, y lo ha hecho en plena campaña sobre okupación, impulsada por multinacionales como Prosegur o Securitas Direct y amplificada por medios de comunicación como Antena 3, propiedad de Atresmedia, o Telecinco, propiedad de Mediaset, con la poco disimulada intención de crear alarma entre la población a base de horas y horas de sensacionalismo y falta de rigor, en reportajes que no diferencian por ejemplo entre un allanamiento de primera o segunda residencia y la okupación de una vivienda vacía propiedad de un fondo buitre o que no reparan en las causas por las que tantas familias no pueden afrontar el pago de la hipoteca o del alquiler de su casa. Muchas mañanas, espacios como ‘Espejo Público’ o ‘El programa de Ana Rosa’ son auténticos monográficos sobre un fenómeno que precisamente hasta la puesta en marcha de esa campaña era residual entre las preocupaciones de la gente, y en cualquier caso mucho más residual que el de los desahucios, al que por cierto Delgado no se ha referido esta mañana.

Consultada por LUH, la abogada y portavoz de la PAH Alejandra Jacinto ha calificado de “peligroso” que “determinadas medios de comunicación, determinadas empresas de seguridad y determinados partidos políticos vinculados a la derecha y a la extrema derecha tengan la capacidad de sobredeterminar de esta manera la actuación política y la agenda pública del Gobierno, hasta el punto de que la fiscal general del Estado justifique hoy dar una Instrucción a todos los fiscales para unificar su actuación en todo el Estado”. “A mí lo que me parece preocupante y escandaloso es que en un Estado de derecho de repente se pueda generar un estado de opinión que basándonos en datos no está justificado, es decir que se pueda generar una alarma social falsa basándose en ‘fake news’ y en bulos y que eso tenga la capacidad de marcar la actuación política de un Gobierno, sobre todo porque si lo cotejamos con las preocupaciones reales que tienen los españoles, nos daremos cuenta de que la okupación no está en absoluto entre ellas”, ha insistido. En este sentido, Jacinto ha insistido en que “es más preocupante y debería alarmarnos muchísimo más la probabilidad de que de repente nuestro casero nos suba el alquiler o que el banco de turno, cuando concertamos un préstamo hipotecario, nos coloque algún producto tóxico o inserte en ellos una cláusula abusiva o que solicitemos vivienda pública durante años de forma sistemática y que no podamos acceder a ella porque no hay vivienda social suficiente… Con relación a la vivienda, es más probable que se dé una problemática de este tipo que que seamos víctimas de un delito de okupación, que además ya estamos viendo, y afortunadamente se está empezando a distinguir por parte de muchos sectores jurídicos, la diferencia entre la okupación y el allanamiento de morada, pues la okupación se produce sobre viviendas vacías, con lo cual las víctimas normalmente no son los particulares, salvo que sean rentistas profesionales que acumulen un montón de propiedades”.

En su discurso de presentación de los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al pasado año 2019 –pronunciado en la Apertura del Año Judicial, celebrada este lunes en el Tribunal Supremo–, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reconocido que las “ocupaciones de morada” ya “gozan de una respuesta suficiente en el ordenamiento jurídico”, pero ha asegurado que “preocupan a la población”, por lo que “requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía”, y en este sentido ha anunciado esa “intención” de la Fiscalía de dictar “en los próximos días” una “Instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales de ese fenómeno delictivo”. Posteriormente, la Fiscalía ha informado en un comunicado de que la Instrucción que prevé dictar próximamente pretende “amparar los derechos que resulten ilegítimamente vulnerados de manera acorde con las necesidades de la ciudadanía”, aunque ni Delgado en su discurso ni la Fiscalía en su comunicado han adelantado nada sobre su contenido.

Sobre este punto, Jacinto ha destacado que la fiscal general del Estado también haya dicho “que ella no ve necesario modificar la normativa legal que existe”, lo que “viene a avalar los planteamientos de los que estamos defendiendo que la legislación en España ya es suficientemente contundente con el tema de la okupación y que los particulares ya tienen vías más que suficientes para poder acudir a ellas si son víctimas de un delito de okupación, que normalmente no suelen serlo”. En cualquier caso, la portavoz de la PAH ha considerado “bastante fuerte” el propio anuncio de la Instrucción, aunque “es evidente que habrá que esperar a conocer su contenido”.

El anuncio de Delgado, fiscal general del Estado exministra de Justicia del PSOE, tampoco ha sentado bien en su socio de gobierno, Unidas Podemos, cuyo diputado Rafa Mayoral –también portavoz de Podemos y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada– ha manifestado en su perfil de Twitter que “las obligaciones de Derechos Humanos sobre vivienda deben ser una prioridad para las instituciones, incluida la Fiscalía” y que “en pandemia es más necesario que nunca trabajar para garantizar que nadie se quede en la calle y parar la especulación con miles de viviendas abandonadas por los bancos”.

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