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Política

La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Ortega Smith por delito de odio por decir que las ‘13 Rosas’ “torturaban, asesinaban y violaban vilmente”

El secretario general de Vox se ha negado a pedir disculpas públicas

La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Ortega Smith por delito de odio por decir que las ‘13 Rosas’ “torturaban, asesinaban y violaban vilmente”
Javier Ortega Smith, sobre un grupo de mujeres entre las que se encuentran las ‘13 Rosas’, fusiladas por el franquismo el 5 de agosto de 1939

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un informe en el que pide que se investigue al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por un posible delito de odio por sus palabras sobre las ‘13 Rosas’ en TVE, donde afirmó que las 13 jóvenes –fusiladas por el franquismo el 5 de agosto de 1939, es decir cuatro meses después del final de la Guerra Civil, como autoras de un delito de “adhesión a la rebelión”, es decir fusiladas por haberse mantenido leales a la II República española tras el golde de Estado franquista– “torturaban, asesinaban y violaban vilmente” en las ‘checas’ de Madrid. El fiscal de Sala especialista en delitos de odio, Alfonso Aya Onsalo, destaca en el informe que el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) de Estrasburgo estableció en su sentencia del 6 de julio de 2006 que es de vital importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades.

La ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) o la Asociación 13 Rosas Asturias denunciaron a Ortega Smith después de que esta asociación o familiares de una de las jóvenes no lograran que el ‘número dos’ de Vox se retractara de sus palabras en TVE, en un acto de conciliación, celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid, en el que también le pidieron el pago de 10.000 euros de indemnización para donarlos a un colectivo de memoria histórica y cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Ortega Smith se negó, y la juez del caso buscó una solución intermedia: unas disculpas públicas. Los denunciantes la aceptaron, pero Ortega Smith –que, al ser diputado del Congreso, está aforado, por lo que sólo puede ser investigado por el Supremo– no, y propuso no unas disculpas públicas sino una mera matización de sus palabras, por lo que finalmente no hubo acuerdo.

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