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Opinión

La fragilidad de las libertades

La fragilidad de las libertades

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar:  por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.” Cervantes

La toma del capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, como colofón del mandato de Trump pone a la democracia estadounidense en un sistema imprevistamente frágil. Pero no es algo nuevo. La fe en la democracia estadounidense quedó en entredicho en el último año porque, según las encuestas, uno de cada cuatro ciudadanos de EEUU no reconoce la legitimidad de Joe Biden. La violencia en el Capitolio fue un ataque simbólico a la raíz de la democracia estadounidense. Pero el negacionismo no es exclusivo de allí.

Una campaña de acción psicológica colosal del equipo trumpista procuró, a través de todos los canales y técnicas propias del “spin”, deslegitimar el resultado electoral y, con ello, al propio Biden. Tengamos en cuenta que Trump comprendió la debilidad de la cohesión territorial de los EEUU. Por ello su trabajo consistió en alentar esas fisuras. De hecho, la cuestión migratoria fue un tema central en el mandato de Trump, del mismo modo que lo fue en campaña. Considérese que sólo hace 60 años se le permitió el voto a la población negra. Ello, porque la Guerra Civil en aquel país supuestamente liberó a los estadounidenses esclavizados. Con la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de 1868, se otorgó a los afroamericanos los derechos de ciudadanía. Sin embargo, esto no siempre se tradujo en la posibilidad de votar. Los votantes negros fueron rechazados sistemáticamente de los lugares de votación estatales. Para combatir este problema, el Congreso aprobó la Decimoquinta Enmienda en 1870. Dice: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o restringido por los Estados Unidos ni por ningún estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre.”

Sin embargo, los estados todavía encontraron formas de eludir la Constitución y evitar que los negros votaran. Los impuestos electorales. Las pruebas de alfabetización. El fraude y la intimidación alejaron a los afroamericanos de las urnas. Hasta que la Corte Suprema lo anuló en 1915, muchos estados utilizaron la "cláusula del abuelo" para mantener a los descendientes de esclavos fuera de las elecciones. La cláusula decía que no podía votar a menos que su abuelo hubiera votado, una imposibilidad para la mayoría de las personas cuyos antepasados ​​eran esclavos. Hubo que llegar a 1963 y 1964, cuando el Dr. Martin Luther King Jr. llevó a cientos de personas negras al juzgado de Selma, Alabama para registrarse. Pero fueron rechazados. Entonces, el Dr. King organizó y dirigió protestas que influyeron en la opinión política estadounidense. Así, en 1964, la Vigésima Cuarta Enmienda prohibió el uso de impuestos de capitación y, en 1965, la Ley de Derechos Electorales ordenó al Fiscal General hacer cumplir el derecho al voto de los afroamericanos, creando un cambio significativo en el estado de los afroamericanos en todo el Sur. La Ley de Derechos Electorales prohibió a los estados usar pruebas de alfabetización y otros métodos para excluir a los afroamericanos de votar. Valga el dato que anteriormente solo se estimaba que el veintitrés por ciento de los negros en edad de votar estaban registrados a nivel nacional, pero en 1969 el número había aumentado al sesenta y uno por ciento. Todo esto para comprobar que la libertad es frágil en la supuesta cuna de la democracia moderna.

La historia de los últimos 80 años en España, luego de destruir las libertades por medio de un golpe de Estado, ha dado como resultado que desde la tribuna del congreso se afirme que este gobierno es ilegítimo. Que se encierre a personas por sus ideas o a los artistas por sus expresiones. También es resultado de esa fragilidad el que un magistrado de un alto tribunal de Castilla y León afirme que a esta democracia se la toma en solfa porque hay comunistas en el gobierno. La fragilidad de nuestra democracia es un hecho exhibido cuando se amenaza, sin consecuencias, con fusilar a millones de habitantes. La justicia española no está a la altura de un estado democrático pleno partiendo del hecho de la propia composición ideológica del Consejo General del Poder Judicial y sus curiosas interpretaciones a la hora de sentenciar. Seguimos soportamos un histórico recorte de libertades, agravado con los gobiernos de M. Rajoy. Su particular defensa de los privilegios en el marco de una legalidad cuestionable viene siendo objetada por los tribunales europeos. En tanto, tomamos nota de que la Iglesia Católica, por obra de Aznar y permisividad de los gobiernos sucesivos del bipartito, mediante las inmatriculaciones, se ha apropiado de más de 35.000 inmuebles. Que el gobierno Sánchez actúe en consecuencia, sólo lo dirá el tiempo.

Tal vez por todo esto el modelo trumpista se ha venido aplicando en nuestro país sin el menor rubor para proteger privilegios. La prueba son las expresiones de nítido corte extremista cuando amenazan las libertades.

No estamos a salvo. Las democracia tampoco.

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