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La fuerte subida de la luz en mitad del temporal reabre el debate sobre el papel del oligopolio eléctrico

Instan al Gobierno de coalición a parar los pies a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP Energía y Viesgo/Repsol

La fuerte subida de la luz en mitad del temporal reabre el debate sobre el papel del oligopolio eléctrico en España

El precio de la electricidad en el mercado mayorista –que tras la privatización y liberalización del sector eléctrico se negocia con un día de antelación y afecta al recibo de la luz de los consumidores acogidos al PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) o tarifa regulada, que es la que tienen los beneficiarios del bono social, descuento en la factura de la luz puesto en marcha por el Gobierno de coalición para ayudar a los hogares vulnerables– ha vuelto a dispararse en mitad del temporal de frío y nieve y se situaba este viernes en 94,99 euros el MWh (megavatio hora), el segundo más alto de la historia, sólo por detrás de los 103,76 euros que marcó el 11 de enero de 2002, hace 19 años. Una subida de la luz que ha reabierto el debate sobre el papel del oligopolio eléctrico en España, con voces que reclaman la necesidad de parar los pies a las grandes empresas e incluso llevar a cabo nacionalizaciones.

Ante esta situación, FACUA-Consumidores en Acción ha exigido al Ejecutivo que “no mire hacia otro lado ante la auténtica salvajada tarifaria que se está produciendo en el mercado eléctrico en plena ola de frío” y que “emprenda medidas regulatorias urgentes para frenar la especulación”, pues el precio del kWh (kilovatio hora) alcanzaba este viernes los 22,14 céntimos de euro, “casi el doble que la media de 2020”, que fue de 12,14 céntimos. Según Facua, tras este nuevo incremento, la subida interanual del precio del kWh con el semirregulado PVPC –al que precio de la electricidad en el mercado mayorista afecta en un 35%– en los ocho primeros días de este año 2021 alcanza ya el 30,9%, lo que supone que –tomando como referencia la tarifa media del kWh en estos ocho primeros días– la factura de la luz del consumidor medio –366 kWh mensuales con una potencia contratada de 4,4 kW– se situaría ya en 83,24 euros, un 22,2% más que los 68,11 euros correspondientes a los ocho primeros días del pasado año 2020.

Tras la liberalización del sector eléctrico, cinco grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola, Naturgy, la filial española de EDP Energía y Viesgo/Repsol– poseen la inmensa mayoría de la capacidad instalada y de la energía que se produce en el Estado español y controlan todas las redes de distribución y la inmensa mayoría de la electricidad vendida a los consumidores. Las cinco dominan tanto los mercados eléctricos –mayorista y minorista– como todos los segmentos –producción, distribución y comercialización– del sistema eléctrico, constituyendo así un oligopolio que controla un negocio de dimensiones colosales que les reporta cuantiosos beneficios garantizados por el Estado y financiados por el consumidor.

En su libro ‘El oligopolio que domina el sistema eléctrico. Consecuencias para la transición energética’ (2019), Enrique Palazuelos –hasta su jubilación, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid–, reflexiona precisamente sobre la posición de poder que detentan esas cinco grandes empresas, sobre las prácticas oligopólicas que configuran el sistema eléctrico español y sobre la necesidad de llevar a cabo una transición energética que garantice el suministro de un bien de primera necesidad, que evite los precios abusivos y que contribuya a reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero.

Familias “obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, la energía y el agua o alimentar a sus niños”

La APE (Alianza contra la Pobreza Energética), movimiento social puesto en marcha en 2014 para luchar por garantizar el acceso universal a los bienes básicos de agua y energía, intenta ejercer presión sobre la Administración para que “garantice” esos derechos y sobre las cinco grandes empresas suministradoras para que “asuman su responsabilidad” en la “lacra” de la denominada pobreza energética. La APE viene denunciando que “demasiadas” familias se ven “obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, la energía y el agua o alimentar a sus niños” mientras el oligopolio conformado por Endesa, Iberdrola, Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa–, EDP Energía y Viesgo/Repsol “lejos de sufrir la crisis, aumentan sus beneficios año tras año y no dudan en incrementar tarifas”. Por ello, exige a las Administraciones que ejerzan su “papel de garantes de los derechos humanos” y detengan los “cortes indiscriminados” de electricidad sin dejar esa decisión en manos de esas grandes empresas con beneficios “multimillonarios”, grandes empresas que en cambio sí deberían asumir los “costes de velar” por el acceso universal a los bienes básicos de agua y energía, pues “ante todo están las personas”.

Por su parte, FACUA viene reclamando a los sucesivos gobiernos, legislatura tras legislatura, que bajen “el IVA que se aplica en el recibo de la luz de las familias, que sumado al impuesto especial sobre la electricidad provoca que los impuestos indirectos encarezcan la factura un 27,2%” y que modifiquen “el sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico, consistente en una subasta que fomenta la especulación”.

En abril de 2019, el líder de Unidas Podemos y ahora vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, recordaba en un mitin “lo que hacen” las empresas eléctricas “para tener más poder que los diputados” –“comprarse ministros y presidentes”– y a continuación leía –“a ver si sale en algún telediario”– una lista de políticos de PP y PSOE –así como del PNV y de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya– que han acabado en los consejos de administración de las grandes empresas del oligopolio eléctrico. En esa lista se encuentran expresidentes del Gobierno como Felipe González –PSOE y Naturgy– y José María Aznar –PP y Endesa–, exvicepresidentes del Gobierno como Narcís Serra –PSOE y Naturgy–, Pedro Solbes –PSOE y Viesgo/Repsol–, Elena Salgado –PSOE y Endesa– y Luis de Guindos –PP y Endesa–, expresidentes del Congreso como Manuel Marín –PSOE e Iberdrola–, exministros como Ángel Acebes –PP e Iberdrola– y Ana Palacio –PP y EDP Energía–…

En el pacto firmado por PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de noviembre de 2019 para poner en marcha el Gobierno de coalición, ambas formaciones se comprometieron a proteger “al 100%” a las “familias vulnerables en situación de pobreza energética” prohibiendo “los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida, y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad” y a impulsar “la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad”. Sin embargo, Unidas Podemos se está topando con el rechazo del PSOE en el seno del Ejecutivo cada vez que pretende avanzar en este sentido, habiendo sido la lucha contra la pobreza energética una de las banderas de la formación morada cuando estaba en la oposición.

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4 Comentarios

4 Comments

  1. ESTRELL@

    10 de enero de 2021 21:51 at 21:51

    es alucinante con que desfachatez nos roban y nos obligan a pagar mas por sobrevivir cuando la necesidad aprieta , los que mas tienen siempre ganan mas a costa del que menos tiene.
    Es lógico que ahora haya gente que diga y culpe al gobierno actual de permitir que esto siga pasando y aun mas cuando en el pasado se critico tanto al anterior gobierno por esto.
    Quien gobierna España ¿los políticos o el dinero?

  2. Bernal de Loureiros

    11 de enero de 2021 11:34 at 11:34

    Pues como el Gobierno siga sin detener este escándalo, acabará incentivando el voto a Vox.
    Está claro que eso, a los que mandan en el PSOE les importa poco, pero los de Podemos pueden salir muy mal; enfilando el camino del objetivo marcado por el IBEX desde antes de las elecciones del 20 D de 2015, que es su desaparición o, como mal menor, que se quede con tan pocos diputados que no pueda ni ejercer una oposición práctica, pasando a ocupar en el Congreso el lugar que antiguamente tenía Izquierda Unida.

  3. Josu Monreal

    11 de enero de 2021 11:47 at 11:47

    Por este tipo de gentuza, se ha perseguido y acosado a tantos políticos de Podemos, se ha machacado al partido día sí día también…quieren seguir con sus chollos y su connivencia con políticos corruptos del PP-PSOE. Así es la vida.

  4. José L. Soto

    11 de enero de 2021 19:55 at 19:55

    Un sector público energético YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!, es la única forma de parar los pies al sector privado y sobre todo la inversión en renovables y eliminar todas las energías fósiles, esto pasa por votar a partidos que luchan por las energías limpias, nos va en ellos el cambio climático, la prueba ya la estamos viendo.

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