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La Generalitat Valenciana movilizará 19.000 viviendas vacías de grandes tenedores

España tiene un parque de 515 viviendas por cada 1.000 habitantes, un estándar bastante superior a la mayoría de los países europeos.

Albert Pérez Miguel

La Conselleria de Vivienda valenciana, en manos de Podemos, ultima un decreto con la intención de sacar al mercado 19.000 viviendas vacías de entidades bancarias y grandes propietarios. Pretende, con esta nueva normativa, crear un portal inmobiliario público y sancionar a los grandes tenedores -de 10 o más inmuebles- que tengan viviendas vacías y no las saquen al mercado a precios asequibles. De esta forma la Generalitat, de la mano del vicepresidente y conseller Rubén Martínez Dalmau, persigue aumentar el número de viviendas de titularidad pública a un precio asequible y aprovechar las viviendas ya existentes.

Este decreto será el segundo gran impulso en las políticas públicas de vivienda en la Comunitat Valenciana, afirman desde la propia Conselleria, junto con el Decreto Ley para la ampliación de vivienda pública mediante el tanteo. Con estas dos normas, la Generalitat se sitúa en la vanguardia normativa en materia de vivienda, dotándose de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar este derecho a la ciudadanía. Así, ante la crisis habitacional en España, el gobierno autonómico valenciano toma medidas para ampliar su parque público priorizando construcciones ya existentes, ahora en manos privadas y sin cumplir una función social.

Los riesgos de la economía de ladrillo

La panorámica residencial en España es alarmante: aquí se concentra el 30 % de las viviendas vacías de la Unión Europea, pese a representar solamente un 10 % de la población comunitaria. A esto se suman unas subidas del alquiler inéditas en Europa y más de 62.000 desahucios al año. Esta diferencia entre España y los vecinos europeos se debe, principalmente, al modelo que históricamente han tomado las políticas de vivienda de los distintos gobiernos desde hace décadas.

En lugar de buscar el beneficio de la mayoría social y de garantizar la vivienda como un derecho para todas y todos, el modelo español ha pensado en la construcción como un importante motor de la economía, vinculando la vivienda al crecimiento económico. Una economía de ladrillo que vivió sus peores momentos con la crisis de 2008, cuando el descenso de la actividad constructora e inmobiliaria provocó que la caída económica y el aumento del paro en España fuera mucho mayor a la de la mayoría de los países europeos. En 2007, el sector inmobiliario representaba casi el 10 % del total de ingresos de las Administraciones Públicas.

Así, se ha apostado por un aumento de la construcción sin límites como forma de crear empleo y dinamismo económico, sin tener en cuenta las necesidades habitacionales y dejando el dominio de la vivienda en manos privadas, lastrando así el parque público.

Un parque en manos privadas

España tiene un parque de 515 viviendas por cada 1.000 habitantes, un estándar bastante superior a la mayoría de los países europeos. Según distintos estudios, hay casi un 40 % de diferencia entre las necesidades demandadas por la población y el stock de vivienda disponible. Con esa oferta, la demanda debería estar satisfecha a un precio razonablemente bajo. Pero del gran stock de viviendas privadas, que representa el 98 % del total, hay muchas que están vacías. Y del total de viviendas en España, 3.500.000 están sin habitar. Esta cifra, teniendo en cuenta que el stock total es de menos de 25.000.000 de viviendas, es muy grande en comparación con el resto de los países europeos.

La circulación de las viviendas vacías pretendida por la futura normativa tiene como objetivo reducir el precio de estas. No obstante, al tener los actores privados un peso tan importante en el mercado inmobiliario, sale rentable no hacerlo y, así, conseguir que los precios sean cada vez más altos. La oferta se reduce y el precio y la dificultad para encontrar una vivienda asequible aumentan.

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