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Política

La gestión del PP del Imserso, bajo sospecha de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción apunta a posibles malas praxis en la contratación de empresas externas al Instituto de Mayores y Servicios Sociales

La contratación a empresas externas informáticas por parte del Imserso está siendo analizada e investigada por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas. Ambos órganos tienen sospechas fundadas de que en el periodo dirigido por César Antón y Carmen Balfagón (2012-2018), ambos nombrados por el PP, se pudieron producir sobrecostes y contratos innecesarios y amañados.

Así lo relatan en varios artículos Elena Sevillano, María Sosa y Manuel V. Gómez en ‘El País’. Ponen en cuestión la eficacia de las inversiones realizadas, la corrección de los procedimientos y la limpieza de los concursos. Por ejemplo: la empresa Virtual Desk recomendó, en 2012, desarrollar un nuevo sistema en vez de renovar el existente. El Imserso la hizo caso y le encargó el trabajo a Lecisa (la empresa de informática de El Corte Inglés), que a su vez subcontrató a Virtual Desk. La sospecha general es que las empresas que recibían los encargos estuvieran de acuerdo previamente, falseando, por tanto, la libre competencia.

“Aplicaciones informáticas por las que el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) lleva años pagando y no están operativas. Contratos duplicados para realizar una misma tarea. Licitaciones de servicios informáticos con costes anormalmente altos. Contratos ficticios y controles laxos”, resumen en esta pieza, que desgrana las pesquisas de Anticorrupción.

Las consecuencias de este presunto procedimiento ilegal para el erario público han sido que se ha tenido que hacer cargo de sobrecostes difíciles de justificar. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado a ‘El País’ que “entre 2012 y 2018 se gastaron 17 millones en todos estos contratos y lo más grave es que encima el sistema no funciona, no ha servido para nada”.

Lo cierto es que la gestión de este sistema lleva siendo “caótica” desde hace muchísimos años. A ello contribuye, y mucho, la gestión de los datos y las transferencias y la coordinación entre administraciones. Este desastre no es solo burocrático: tiene consecuencias en la vida de los dependientes que tienen derecho a percibir sus rentas. “De 2007 a 2018, el Imserso abonó a las comunidades cerca de 107 millones de euros por importes excesivos en más de 125.000 expedientes”, denuncia un informe adelantado por el diario de PRISA.


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