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Política

La investigación prospectiva ("a ver lo que pesco") está prohibida en España pero un juez la está usando contra Podemos

Pese a que Calvente el abogado despedido de Podemos ha sido incapaz de aportar ninguna prueba sobre sus vagas afirmaciones, el juez Escalonilla ha aceptado abrir una causa

El debate sobre los controles a los que están sujetos los jueces y magistrados vuelve al primer plano de la actualidad. Varias son las voces que han advertido sobre la posibilidad de que, en determinados casos, se esté incurriendo en investigaciones prospectivas, es decir, en la apertura de causas generales contra personas u organizaciones concretas, una práctica que partidos como Vox han intentado impulsar en el pasado, y sobre las que ahora alerta Podemos que el juez Juan Jose Escalonilla está haciendo contra ellos.

Una forma de llamar a este tipo de investigaciones es "a ver lo que pesco". Pese a que este tipo de maniobras están prohibidas en cualquier Estado de derecho, en ocasiones es complicado determinar –y más complejo aún demostrar– que se ha cruzado la fina línea roja que separa una investigación judicial basada en hechos, de un ejercicio de persecución del adversario revestido de pesquisa judicial.

Para hacerse una idea de la gravedad de esta práctica, basta con imaginar qué sucedería si su mayor enemigo fuese un juez ajeno a cualquier control.

Alguien con capacidad de investigar su vida profesional y particular, de reclamar informes y datos acerca de sus actividades, y de escudriñar cada paso que da con la esperanza de hallar cualquier irregularidad que le siente en el banquillo. Incluso si no diera frutos, una investigación prospectiva le condenaría a un largo y tedioso peregrinaje por los tribunales para demostrar que, en realidad, no había nada en su contra, mancharía su imagen a ojos de familiares y amigos y, en el caso de las personas públicas, tendría un evidente impacto mediático.

Por eso mismo están prohibidas las investigaciones sobre personas concretas que buscan encontrar indicios incriminatorios. En palabras de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con una circular emitida en 2013, “quedan prohibidas las investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una persona y las investigaciones prospectivas. No deben iniciarse unas diligencias de investigación sino en virtud de la noticia de la comisión de un hecho concreto que revista los caracteres de infracción penal”. Es decir, que lo correcto es investigar indicios y hechos potencialmente delictivos, de cuyo esclarecimiento pueden derivarse consecuencias para sus autores.

Es lo mismo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 777: “El Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento”.

Sin embargo, no son pocos los ejemplos que demuestran que sectores conservadores de distintos poderes y partidos de la extrema derecha como Vox han intentado impulsar este tipo de investigaciones contra adversarios políticos, a los que intentan someter a un desgaste continuado a través de acciones judiciales. Es el caso, por ejemplo, de la querella que Vox presentó contra Pedro Sánchez, después de que medios conservadores le acusaran de plagio en su tesis doctoral.

La Fiscalía del Supremo pidió inadmitir la querella porque pretendía, precisamente, una investigación prospectiva sobre el presidente del Gobierno sin base en indicio alguno, y alertó contra otra práctica frecuente: la presentación de querellas basadas simplemente en rumores, suposiciones o en “noticias periodísticas”, y que no aportan “ningún otro dato adicional”.

En Podemos denuncian que “estamos ante una “investigación prospectiva” consistente en dar “por supuesta la culpabilidad de los investigados”

Algo parecido podría estar sucediendo en el caso de las diligencias iniciadas por el juez Juan José Escalonilla contra varios dirigentes de Podemos a raíz de una querella presentada por José Manuel Calvente, abogado que fue despedido del partido por acoso sexual y laboral. Calvente quiere ahora sacarle 400.000 euros al partido morado, y además presentó una querella en la que sostiene que existe una “trama delictiva” en la formación y que había asuntos “poco claros” en su financiación, sin aportar datos ni pruebas.

Pese a que Calvente, el abogado despedido de Podemos ha sido incapaz de aportar ninguna prueba sobre sus vagas afirmaciones, el juez Escalonilla ha aceptado abrir una causa, ha ordenado una serie de declaraciones después del verano y ha reclamado la práctica de abundantes diligencias, entre las que figuran consultas al Registro Mercantil, la solicitud a Podemos de que entregue numerosos documentos (desde reglamentos internos a facturas, pasando incluso por tickets de gastos del personal del partido) y la citación a empresas que trabajaron para la formación, entre otras muchas.

En paralelo, según desvela Público, ha aceptado que Vox se presente como acusación popular –lo que le permitirá acceder a la documentación del caso– sin ni siquiera depositar una fianza, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuentes de Podemos que cita este mismo diario consideran que, en este caso, estamos ante una “investigación prospectiva” consistente en dar “por supuesta la culpabilidad de los investigados”. En otras palabras, la ausencia de indicios de criminalidad contrasta con las diligencias ordenadas por el juez, con lo que el proceso se perfila como una causa general contra el partido morado en busca de cualquier indicio de irregularidad.

Se da la circunstancia de que este juez ya copó numerosos titulares en 2019, cuando ni siquiera aceptó investigar a tres policías municipales de Madrid que dijeron, sobre la entonces alcaldesa Manuela Carmena y en un chat con otros policías, cosas como “que se muera la zorra vieja ya”, “lo terrible es que no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros” o “qué vejestorio más despreciable”.

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