La judicialización de la política vuelve a Cataluña con la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, inhabilitación que ha trascendido este lunes. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta a Torra por un delito de desobediencia, lo que podría suponer su incapacitación para el cargo. No obstante, la ejecución de la condena le corresponde formalizarla ahora al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que lo juzgó por desobedecer a la Junta Electoral Central, cuando ésta le ordenó retirar una pancarta de la fachada de la Generalitat en vísperas de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
Durante la vista por el recurso interpuesto ante el Supremo contra esa condena –vista celebrada el pasado 17 de septiembre–, la Fiscalía solicitó la confirmación de la sentencia, mientras que la defensa de Torra pidió su absolución argumentando que la Junta Electoral Central trató al president de la Generalitat como “minoría nacional” por “tres palabras en una pancarta” que la defensa enmarca en la libertad de expresión.
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