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Política

La Junta de Andalucía "asesina" su renta mínima y la oposición amenaza con ir a los tribunales

Los menores de 23 años con hijos a cargo y los jóvenes procedentes de centros tutelados quedarían totalmente desprotegidos

La Consejería de Igualdad de la Junta ha enviado una “recomendación” a todos los ayuntamientos para que paralicen la tramitación de la renta mínima, un derecho subjetivo recogido en el Estatuto de Autonomía que se puede solicitar en caso de estar en situación de exclusión social y cumplir con una serie de requisitos.

La renta mínima andaluza se cobra durante doce meses y tras la finalización de este plazo es necesario volver a tramitarla si las circunstancias de exclusión persisten. A diferencia del ingreso mínimo vital, requiere de una valoración social de los profesionales de los servicios sociales comunitarios, por lo que dejar de tramitarla supondría aumentar la larga lista de espera que existe, superior a los 18 meses.

“Es como si te dicen que no atienden en los hospitales de Andalucía y te mandan a Madrid”, dice Soledad Pérez, portavoz de Igualdad del PSOE andaluz y quien denunció en sede parlamentaria el documento interno del departamento que dirige Rocío Ruiz, de Ciudadanos, a quien acusó de "asesinar" la renta mínima.

Así, en la carta dirigida a las entidades locales se recomienda priorizar la solicitud del ingreso mínimo vital a partir del 15 de junio y no se podrá solicitar hasta que haya constancia por los servicios sociales de que las familias y personas solicitantes  no podrán iniciar los trámites de la prestación estatal.

De este modo, la Junta se carga de un plumazo una de las novedades del ingreso mínimo aprobado por el Gobierno de coalición, su complementariedad con las rentas autonómicas, y “se ahorra los 140 millones de euros presupuestado para esta finalidad en los actuales presupuestos de la comunidad autónoma”, apunta la diputada socialista.

“Es verdad que habrá que marcar una serie de instrucciones por parte de la Consejería para ver de qué forma se coordinan ambas ayudas, pero eso no quiere decir que haya que suspender un derecho”, matiza Ismael Sánchez, diputado autonómico de IU.

En todo momento, Pérez recuerda que la renta minima andaluza es “complementaria” con la estatal, por lo que eliminarla “no tiene ningún sentido", en lo que coincide también Sánchez.

Mientras esté suspendido este derecho, los menores de 23 años con hijos a cargo y los jóvenes procedentes de centros tutelados, muchos de ellos en pisos compartidos y cursando estudios superiores, quedarían totalmente desamparados al dejar de estar cubiertos por la renta andaluza y no estar contemplados tampoco en la ayuda estatal.

Rectificación sin rectificar

Ante la alarma que se ha levantado, la Consejería de Igualdad ha reaccionado con una nota aclaratoria para resolver las “dudas surgidas” con el comunicado emitido con fecha de 10 de junio a los ayuntamientos andaluces. Aclara la Consejería que la renta mínima “no se suspende” y que desde la Junta se trabaja ya en la “armonización de ambas prestaciones”.

No obstante, en ningún momento informa la Consejería de que el primer comunicado fue un error o que este nuevo rectifica al anterior, por lo que la izquierda andaluza amenaza con ir hasta los tribunales si se deja de prestar un derecho estatutario. O lo que es lo mismo, reclamable ante los tribunales de justicia si la administración niega su prestación y que podría acarrear la imputación de un delito de prevaricación.

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