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Política

La Junta de Extremadura aprueba un 'decretazo' para enchufar a un exalcalde socialista

El decreto 77/2020 ha servido para enchufar a Carlos Pérez Vidarte como director del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, con el único voto a favor del PSOE

Carlos Pérez Vidarte, exalcalde socialista de la localidad cacereña de Valdesalor

“Estamos hartos de que haya que tener el carnet del PSOE para poder optar a un trabajo de calidad”, denuncia la portavoz de Unidas por Extremadura

 El pleno de la Asamblea de Extremadura ha validado este martes una ley de medidas urgentes en materia de educación para hacer frente al COVID19 que ya fue aprobada de forma provisional por el Gobierno autonómico que preside el socialista Guillermo Fernández Vara.

Además de aprobar procedimientos y mecanismos que agilicen la burocracia administrativa, que sea más sencilla la baremación de los puntos de funcionarios de carrera y otras medidas urgentes que necesita la población extremeña, la consejera de Educación y Empleo, Esther Guitiérrez, ha colado en el ‘decretazo’ una disposición adicional por la que se modifica un puesto directivo, al que sólo podían acceder funcionarios por mérito y capacidad, por alto cargo, para el que sólo se necesita ser señalado con un dedo.

En concreto, el decreto 77/2020 ha servido para enchufar a Carlos Pérez Vidarte, exalcalde socialista de la localidad cacereña de Valdesalor y actual responsable de Cooperación al Desarrollo de la ejecutiva provincial del PSOE de Cáceres, director del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, dependiente de la Consejería de Educación y que se encarga de la gestión del transporte escolar, los comedores, aulas matinales, actividades extraescolares, según marcan sus propios estatutos, aprobados en 2009.

Hartos

“Estamos hartos de que en esta tierra tener el carnet del PSOE sea condición indispensable para poder optar a un trabajo de calidad”, ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, desde la tribuna del Parlamento autonómico.

El puesto de director del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios se encontraba vacante después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) anulara en 2018 el anterior nombramiento de directora, por ser Inmaculada Bonilla, exalcaldesa de Táliga (Badajoz).

El Alto Tribunal obligaba a la Junta a motivar la puntuación obtenida por la exalcaldesa socialista en el concurso público, atendiendo en todo momento a los criterios de méritos y capacidad. Como finalmente la Junta no pudo justificar el requerimiento del Alto Tribunal, fue anulado el nombramiento “por no cumplir con las bases de la convocatoria”.

Como solución, para poder seguir enchufando a un cargo político donde debería ir una persona con acreditados méritos y titulación, la Consejería de Educación ha optado por cambiar la ley aprovechándose de las prerrogativas del estado de alarma e incluyendo la polémica medida dentro de una ley de medidas urgentes contra el COVID.

El ‘decretazo’ ha sido convalidado únicamente con los votos de la mayoría absoluta del PSOE, mientras que Unidas por Extremadura, Ciudadanos y PP han votado en contra.

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