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Opinión

La justicia española atrapada en la Kitchen de Génova

justicia española

Donald Trump construye un muro contra los movimientos por la justicia social e igualdad simbolizados en “black lives matter”. Boris Johnson rompe con Europa para ser subalterno del trumpismo a riesgo de construir un muro de conflicto de soberanías con Escocia y las Irlandas. El gobierno de Madrid, barra nuclear radioactiva del poder en España, construye un muro de confinamiento frente a los barrios de clase trabajadora. El virus amplifica en todas parte el estruendo del conflicto capital-trabajo y las disputas por la soberanía. Muros contra la democracia

China, fábrica del mundo, financia deudas de estados y se hace fuerte. La economía mundial depende demasiado de los combustibles fósiles. Las materias primas no están bajo suelo europeo. El cambio climático envenena silenciosamente todo.

En la UE, el aparato capitalista alemán fue el primero en percibir el desastre social y empresarial que la pandemia alberga contra sus intereses. El virus arroja a la cara que no hay soberanía europea sin economía productiva, sin industria. Ángela Merkel sabe que Europa no puede dejar de ser el gran mercado alemán sobre el que se sustenta su relevancia mundial. Así aparecieron de la nada los fondos europeos de reconstrucción de los que España es la gran beneficiada.

En España, los poderes empresarial, sindical, judicial y territoriales no son ajenos al determinante contexto descrito. La salida de estabilidad es democrática, pasa por la reindustrialización en verde, la progresiva desconexión de los fósiles y el enchufe al sol, el reforzamiento de los servicios públicos del estado, educación, salud y cuidados, y el reequilibrado, con leyes fiscales, de la balanza entre capital y trabajo. El conflicto catalán dificulta avanzar y alimenta el posfascismo hispano.

Los tres jueces de la Audiencia Nacional que dictarán sentencia al mayor de los Mossos d´Escuadra, Josep Lluís Trapero, están divididos, delito de sedición sí, no o, tal vez, el menor de desobediencia. Condena dura, absolución o un entre medias. La pasada semana el president Quin Torra compareció ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo que dictará sentencia sobre su inhabilitación por el TSJC por poner en la Generalitat en campaña electoral lazos amarillos. Los argumentos esgrimidos por la defensa son fuertes para amparar una sentencia exculpatoria. ¿Teme eso Torra y, teniendo necesidad de ser víctima de España ante la opinión pública catalana, al salir del supremo hizo declaraciones tan duras que parecía querer dictar el mismo su sentencia de inhabilitación? También está en el TS la sentencia sobre la aplicación o no del tercer grado a los presos políticos catalanes.

Los altos tribunales tienen este comienzo de otoño en sus manos echar más leña al fuego o, dado que el gobierno de coalición tiene la puerta abierta al diálogo y la economía española como la alemana o la Europea necesitan certezas y estabilidad social y territorial, iniciar el camino contrario. ¿Y si Torra no fuese inhabilitado, ni Trapero condenado, ni el TS cerrase la puerta al tercer grado de los presos políticos catalanes? Sería la jugada más inteligente que la justicia española, tan ideológicamente de derechas y reaccionaria, podría hacer para ayudarse a sí misma y a España. Una operación para recuperar credibilidad democrática. Aunque presumir inteligencia democrática en esos espacios judiciales es mucho presumir, esas aparentemente imposibles sentencias "exculpatorias" quitarían combustible al independentismo, facilitarían el apoyo a los presupuestos y comenzaría un camino para recuperar imagen de justicia independiente ante Europa. No está la justicia española para seguir atrapada en la kitchen de Génova con la campana extractora de humos y olores obturada. Tampoco está como para perder más legitimidad con su máximo órgano de poder, el CGPJ, parcialmente caducado.

En cualquier caso, lo que está en manos del Gobierno y hay mayoría en el Congreso para aprobarla ya, es una reforma del código penal que liquide el delito de sedición, sin parangón en la Unión Europea, saque consiguientemente los presos políticos a la calle y desvictimice al independentismo, iniciando una nueva temporada de la serie política española que inauguraron casi al unísono las consecuencias de la crisis de 2008 y la sentencia del TC que mutiló en 2010 el impecablemente aprobado Estatut de Cataluña del año 2006.

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