No es la primera vez que el caducado mandato de Lesmes, quien fuera Alto Cargo durante los Gobiernos de Aznar, se hace eco en los Tribunales europeos. La Comisión Europea ya instaba a España a desbloquear el secuestro al que el Partido Popular tiene sometido al Poder Judicial desde hace dos años por ser perjudicial para el desarrollo democrático. Ahora, a pesar de la “parada del reloj” que Sánchez concedió a la fuerza azul para negociar la renovación del CGPJ sin tramitar la ley, no se prevén, si quiera, resquicios de acuerdo. Mientras, las polémicas siguen salpicando al máximo órgano de poder de los jueces.
Esta vez, se trata del nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) por parte del CGPJ, concedido a Miguel Pascual del Riquelme. Una denuncia pesaba sobre el hecho desde 2016, cuando Pilar Alonso alegaba que la decisión del órgano había incurrido en discriminación por motivos de género, ya que la jueza presentaba mayores méritos que el escogido. Sin embargo, sobre dicha designación recaen una serie de sospechas que implican al Partido Popular.
Evitar la imputación de Pedro Antonio Sánchez en el Caso Auditorio
En la fecha coincidente con la designación del nuevo miembro del TSJRM, salía a la luz en la Región de Murcia la implicación del Partido Popular en una trama de corrupción conocida como ‘Caso Auditorio’, donde se acusaban delitos de prevaricación continuada y fraude a su actual presidente, Pedro Antonio Sánchez.
La trama correspondería ser investigada por el TSJRM, quien sería responsable de decidir, contando con la condición de aforamiento del político, si dar cauce a la imputación, y los populares, a las puertas de las elecciones, no podían permitirse la implicación de uno de sus liderazgos más importantes en la región. Por ello, comenzaron a recaer sospechas de la manipulación para la elección de Riquelme al frente del Tribunal en detrimento de la candidatura, con mejores méritos para su postulación, de Alonso.
Una de las pruebas que atestiguan esta afirmación se revela en la primera decisión adoptada por el magistrado electo mediante el beneplácito del CGPJ presidido por Lesmes, que no fue otra que la desviación del Caso Auditorio a un pequeño juzgado del municipio de Lorca, quitándoselo de en medio, judicial y mediáticamente.
En ese momento, Podemos ya elevó una querella al Tribunal Supremo con los indicios presentados. Fue archivada, sin embargo, el emplazamiento de la Justicia europea vuelve a reabrir las dudas, algo que acelera la necesidad de desbloquear el máximo órgano de poder de los jueces.
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