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Madrid

La nueva Ley del Suelo de Ayuso beneficia a la constructora de Florentino Pérez

La última medida ‘estrella’ de Ayuso y Aguado, impulsada además de manera “ilegal” por falta de quórum en la Asamblea, beneficia a las grandes constructoras ya que flexibiliza y privatiza el proceso de edificación y facilita las licencias de pisos turísticos

Ley Suelo Ayuso

La Ley del Suelo de Ayuso fue impulsada hace pocos días envuelta en una enorme polémica. Los diputados autonómicos asistían, asombrados, a la repetición de una votación donde, reconocido por el propio presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, no existía el quórum requerido para aprobarla. La oposición calificaba como “fuera de la ley” la maniobra orquestada con el beneplácito de Ciudadanos.

Esta nueva reforma se resume en facilitar a las constructoras los procesos de obra, haciendo hincapié en la receta típica en la formación azul de ‘ladrillazo’ y burbuja inmobiliaria. Sin reparar, por supuesto, en la poca ética que demuestra a nivel de gobernabilidad pública dirimir beneficios para el sector que acumula más casos de corrupción ligados al PP.

Florentino Pérez, el primero en beneficiarse

Florentino Pérez, a través de su empresa de construcción ACS, pareciera ser el primer beneficiario. Todo ello debido a la oferta realizada por el grupo francés Vinci para la compra de su división industrial que, de formalizarse, acaudalaría los bolsillos del magnate con 5.200 millones de euros. ¿Por qué una operación tan importante en un momento de crisis profunda, sobre todo, en el ámbito de la vivienda?

Todo comienza a encontrar sentido cuando se desengranan los detalles de la que es la decimosexta aprobación de una Ley del Suelo en tan solo 19 años. Con la ‘excusa’ de facilitar las inversiones de los empresarios, las modificaciones más rentables para ellos radican en que el visto bueno a los proyectos lo darán los propios empresarios y no técnicos de los Ayuntamientos –incluidas las demoliciones–, las constructoras podrán derribar bienes de interés histórico y se eliminarán las denominadas ‘licencias de primera ocupación’, que eran las que garantizaban que las edificaciones se llevaran a cabo según el proyecto presentado ante las instituciones públicas.

Con esto último, los propietarios de viviendas o inquilinos, si ya contaban con poca, no tendrán ninguna protección si la edificación presenta irregularidades, problemas de estructura o fallos graves de cualquier índole. Eximiendo cualquier tipo de responsabilidad pública al suprimirse el control.

Un paraíso para los ‘fondos buitre’

Además, la medida más polémica que se incluye en esta Ley es la que hace referencia a la posibilidad de “cambio de uso” de las propiedades sin ninguna clase de licencia previa. Es decir, los propietarios de inmuebles podrán modificar las características de la vivienda para convertirlas, sin trabas, en pisos turísticos.

Con el alto índice de venta de vivienda pública a fondos buitre que ha llevado a cabo la administración del PP en la Comunidad y la gran cantidad de desahucios que la asola y que suman mucho parque de vivienda en manos de los mismos, se flexibiliza la rentabilidad del empresario para continuar especulando con un derecho constitucional. En detrimento, por supuesto, de las personas inquilinas, dando prioridad a los enormes beneficios que supone poseer una propiedad a alquilar de manera vacacional respecto a un alquiler de primera ocupación.

Se desprotege, así, a las personas de a pie, dificultando el acceso a la vivienda, a pesar de los elevados precios que se registran en Madrid.

Los datos no son nada positivos, actualmente y previo al impulso de esta nueva Ley, los madrileños destinaban de media casi el 56% del salario al alquiler. Ahora, con la aprobación de la misma y aunado a la crisis provocada por el COVID-19, el panorama a enfrentar será mucho más difícil.

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