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Opinión

La ocupación institucional

“Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses.” Arturo Jauretche

Los comportamientos observados en ocasión de celebraciones militares o religiosas, con la tendencia de los mensajes difundidos a través de los foros de Redes Sociales, evidenciando una conducta nostálgica o directamente subversiva, pone en entredicho el cumplimiento de la Constitución. El intento de recuperar el poder por medios anticonstitucionales o directamente subversivos es una marca de la actuación de estos grupos. Lo grave es que actúan con impunidad. Parecen saberse protegidos.

El momento histórico es crucial. Se debe corregir el modo faccioso de actuación y opinión de los colectivos que tienen que proteger, consolidar y contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía. Cuando sólo atienden a los intereses de grupo, entonces es que el sistema institucional se ha pervertido.

Cuando en democracia la organización de una institución decide cooptar, pone en evidencia una gran autonomía en relación al sistema global que la incluye. Ello suele saltarse el debido control entre poderes. La endogamia de las prácticas de la dictadura franquista dejó claros indicios de esta cuestión. Las estructuras del régimen pudieron permanecer y, a su vez, realizar cooptaciones en las sucesivas generaciones de cargos determinantes en la práctica de la gestión de las estructuras democráticas constitucionales.

Cooptar deriva del latín, del verbo “cooptare” que puede traducirse como “elegir asociando”. Es un término que refiere a completar las vacantes que se generan en una institución o entidad a través de una votación o una decisión interna. Por ello, la Cooptación es un sistema de selección o reclutamiento de nuevos miembros por nominación interna, por el cual una asociación, cualquiera de personas, nombra internamente a sus miembros nuevos por nominación de los miembros antiguos, sin dependencia de criterios externos.

Este tipo de selección, por tanto, prescinde del juicio externo y opta por la nominación realizada por los integrantes con que cuentan en ese momento. Como apreciarán, en un sistema democrático, para no corromper su esencia, debe existir un equilibrio entre poderes y tener vigencia sistemas de control efectivo neutral del uso del poder que sea ejercido.

Esto, por el inconveniente que su práctica implica escasa innovación y opaca gestión, además de incurrir en contradicción con la aceptación de todos los contenidos de la carta magna que regula la propia existencia del Estado. Además, su utilización mezquina supone subordinar lealtades de grupo al interés general. Una gran cantidad de trámites y procesos que no se acometieron para construir la democracia plena que aún se espera en España, tiene su origen en dicha metodología. Como ejemplo reciente, podríamos mencionar la gestión discutible que se ha hecho de leyes como la llamada Mordaza. Reforma Laboral, Memoria Histórica y otras cuestiones semejantes.

La cooptación pone en cuestión un valor esencial en la democracia: la lealtad es a la Constitución. Es decir, al conjunto de los españoles. No a la Monarquía. Tampoco a una Religión. Menos aún por la pertenencia a un grupo sectario, sea este confesional, filosófico o económico. Esto es el centro del debate acerca del control de la gestión de los recursos y valores públicos.

Esto se traduce en cómo, cuánto y a quién se beneficia en la distribución de las cargas y los beneficios de los recursos financieros del Estado. Es decir: en cómo está diseñado el Presupuesto General del Estado. Quienes gestionarán las ayudas que provengan de la UE. Eso sólo se puede llevar a cabo desde el Consejo de Ministros y el Parlamento.
Entonces, si el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo estuviesen cooptados, y sus decisiones mediatizadas por la injerencia de valores y principios no basados en la Constitución o la independencia de poderes, por la intromisión de grupos minoritarios que los controlasen, entonces sería una perversión democrática. Consecuencias del ”tener todo atado y bien atado”.

Tales afinidades deberían ser por sí mismas un motivo de incompatibilidad. En un Estado aconfesional, las creencias nunca deberían prevalecer por sobre los valores constitucionales. No obstante, tenemos sospechas de que un día sí, y otro también, se dan ejemplos de esa situación. Además, los órganos que deberían actuar no lo hacen, resultando que se producen situaciones que evidencian la aplicación de criterios dispares sobre similares situaciones.

En general, ello puede ser objeto de atención durante un tiempo. Pasado el mismo, tenemos a delincuentes condenados y detenidos disfrutando de beneficios inadmisibles. O las prescripciones “diseñadas” en el procesamiento de los casos de corrupción. Excepto, claro, que se acepte que las reglas son dispares y que nuestra democracia, o el propio Estado, se encuentra en entredicho.

O se recupera la democracia plena con la protección del conjunto social… o aceptemos que vivimos en Matrix.

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