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Política

La ofensiva política, mediática y judicial contra Podemos

El régimen siempre ha considerado al partido liderado por Pablo Iglesias una amenaza para el consenso del 78, el consenso del bipartidismo monárquico y juancarlista

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Pablo Iglesias levanta el puño durante un acto de Podemos en Madrid

Una ofensiva política, mediática y judicial como la que Podemos viene sufriendo desde su fundación en 2014 –y que se ha recrudecido tras el acceso del partido al Gobierno central– no es nueva en el régimen del 78, pero sí lo es que afecte precisamente a una fuerza política con presencia en el Ejecutivo. Fue una obsesión –política, mediática y judicial– que Podemos no accediera al Gobierno central y es una obsesión –política, mediática y judicial– desalojarlo de él, porque su presencia en el Ejecutivo constituye una anomalía en régimen del 78. Decir que la ofensiva contra Podemos no tiene precedentes en ninguna otra fuerza política no tiene ningún sentido –los tiene, aunque no los tiene en ninguna fuerza política de ámbito estatal con representación en el Congreso–, pero decir que, como tiene precedentes, no tiene importancia tampoco tiene ningún sentido.

Podemos es fruto de la crisis de 2008 y más concretamente de sus consecuencias económicas, políticas y sociales, que evidenciaron la auténtica naturaleza del régimen producto de la Transición y del turnismo bipartidista impulsado por la Constitución de 1978 y la ley electoral. El régimen del 78 no tenía previsto que una fuerza política como Podemos lograra la representación en el Congreso que ha llegado a lograr –ni siquiera la que aún mantiene–, y tenía aún menos previsto que una fuerza política como Podemos accediera a una vicepresidencia y varios ministerios del Gobierno central. De ahí la presión sobre Podemos –y muy especialmente sobre su secretario general, Pablo Iglesias– para que se abstuviera ante aquel pacto de gobierno de PSOE y Ciudadanos tras las generales de diciembre de 2015. O de ahí la repetición de las generales de abril de 2019.

La ofensiva política contra Podemos es compartida por los tres partidos del trío de Colón: Ciudadanos, PP y Vox. Ayer, unidos precisamente en la madrileña plaza de Colón. Hoy –aunque siguen unidos mediante pactos de gobierno o de legislatura en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos–, a nivel estatal han diversificado sus tácticas pero comparten un mismo objetivo: alejar o desalojar a Podemos del Gobierno central. Precisamente el mismo objetivo que comparten los principales medios de comunicación del régimen del 78, desde los más supuestamente progresistas hasta los más abiertamente ultraderechistas, que curiosamente en no pocas ocasiones comparten dueño. Esta ofensiva mediática contra Podemos se traduce en portadas y portadas de periódicos y horas y horas de radio y televisión trufadas de bulos y ‘fake news’, y se ha recrudecido desde el acceso del partido al Gobierno central.

“Contra Podemos, todo tiene trámite”

La ofensiva judicial contra Podemos está estrechamente relacionada con las dos anteriores y vinculada al ‘lawfare’ o guerra judicial, que remite al uso y abuso de procedimientos judiciales de aparente legalidad con el objetivo de desprestigiar y provocar el rechazo popular y finalmente la caída de un rival político. Podemos es sin duda la fuerza política más investigada judicialmente en estos seis últimos años –sus seis años de vida–, y es que fuentes del partido han denunciado que “contra Podemos, todo tiene trámite”, algo que enmarcan en la investigación prospectiva –que consiste en investigar a una persona o a una organización no por un supuesto hecho delictivo concreto sino en general, ‘a ver qué pescamos’, como cuando el franquismo perseguía la ‘peligrosidad social’, para prevenir hechos delictivos contra el orden establecido–, vinculada al denominado Derecho Penal de autor –frente al Derecho Penal de hecho o de acto– y terminantemente prohibida por la legalidad vigente.

Vox protagonizará en otoño una moción de censura contra el Gobierno de coalición –“muchos diputados, de aquí al otoño, serán interpelados en las calles para apoyar esta moción”, ha bramado su presidente, Santiago Abascal–, y el partido ultraderechista se ha personado en la causa abierta por un juez contra Podemos, que fuentes del partido han enmarcado en esa investigación prospectiva. Mientras tanto, la prensa que ha pasado de puntillas por los escándalos de Juan Carlos I y sigue pasando de puntillas por la huida de España del anterior jefe del Estado se vuelca en la ofensiva contra Podemos en general y contra Iglesias en particular.

Es cierto que las ‘cloacas del Estado’ ya existían antes de la fundación de Podemos en 2014; tanto, que no han dejado de existir durante todo el régimen del 78. Tan cierto como que siguen existiendo –así lo acreditó recientemente la comisión de investigación del Congreso sobre las mismas– y que actualmente una de sus principales obsesiones es desalojar a Podemos del Gobierno central, pues el régimen siempre ha considerado al partido liderado por Pablo Iglesias una amenaza para el consenso del 78, el consenso del bipartidismo monárquico y juancarlista.

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