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La ONU denuncia asesinatos y torturas tras el golpe de Estado en Bolivia

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", dijo Bachelet

Bolivia ONU derechos humanos

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha acogido con beneplácito el reciente acuerdo alcanzado en Bolivia que allana el camino para celebrar las elecciones generales el 18 de octubre y el consiguiente levantamiento de los bloqueos por parte de quienes protestaban contra el último aplazamiento de las elecciones debido a la pandemia del COVID-19.

"Insto a los bolivianos a que aprovechen esta resolución pacífica de las últimas tensiones, dada la importancia de que las elecciones transcurran respetando plenamente los derechos humanos. Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos", dijo Bachelet.

En un momento en que el país entra en un nuevo ciclo electoral, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado un informe en el que se detallan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre en medio de una importante crisis política tras las elecciones de octubre de 2019.

En el informe se formulan una serie de recomendaciones destinadas a fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas.

"Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos", dijo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Desde noviembre de 2019, se ha desplegado personal de la Oficina de Derechos Humanos en Bolivia para reunir información de primera mano. El informe de la Oficina sobre los eventos de 2019 está basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.

Alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas. Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud. El Gobierno ha negado que las fuerzas de seguridad hayan utilizado armas de fuego contra los manifestantes.

Entre los incidentes más graves se encuentran el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz).

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", dijo Bachelet.

"Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Esto es esencial no sólo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad. La falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado", añadió.

Otras violaciones documentadas por el informe incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto (La Paz) el 11 de noviembre de 2019, quienes fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía.

Durante el período analizado, personal de derechos humanos de las Naciones Unidas también observó a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física dirigida contra pueblos indígenas, lo que refleja un racismo profundamente arraigado.

Hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques. Todos estos incidentes deben ser investigados.

Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial, lo que pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso.

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