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Opinión

La otra pandemia

En la ciudad de Mineapolis, EEUU, la policía apresa en la calle al ciudadano afroamericano George Floyd. Lo tiran al piso. Uno de ellos le oprime la garganta con la rodilla hasta matarlo. El mundo oyó decir a Floyd “No puedo respirar”. Escudándose en sus insignias y uniformes, los policías lo matan “en nombre de la ley”.

¿Es una rareza, un exceso, ocurre solo en Estados Unidos? Desalentadora respuesta: ni rareza, ni desvío, ni excepcionalidad estadounidense. Tras el escudo del “cumplimiento del deber”, los abusos y arbitrariedades policiales se replican en todas las latitudes, y se traducen en muertes, torturas, abusos de poder, detenciones arbitrarias; incluso desapariciones forzadas. En el marco de la pandemia de Covid-19, este problema se ha agudizado.

La necesidad de establecer modalidades de distanciamiento social rigurosos o flexibles, confinamientos, aislamiento de focos específicos, reducción de las actividades a solo las consideradas esenciales, para limitar la circulación y los contactos interpersonales y así lentificar la propagación del virus y la multiplicación de contagios, llevó a que a las fuerzas de seguridad se les haya asignado una amplia función de control los desplazamientos de la población.

En Argentina, desde la implantación de la cuarentena, los abusos policiales muestran una curva ascendente en cantidad y gravedad. Si bien desde que el 20 de marzo pasado se dio inicio al aislamiento social, preventivo y obligatorio el Ministerio de Seguridad de la Nación estipuló en comunicación oficial que “la principal tarea que tiene el personal policial es garantizar que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas, retornen inmediatamente a sus hogares para cumplir con lo establecido en el decreto”, son innumerables los hechos que desnudan que para las policías de las distintas jurisdicciones control es sinónimo de represión.

Uno foco de esta operatoria es la ciudad de Buenos Aires, en la que se registra al menos (¡al menos!) una denuncia por día de “amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes, utilización de gas pimienta contra ciudadanos que circulan por la vía pública”, e incluso la muerte de supuestos ladrones que son baleados por la espalda por agentes y gendarmes, como sucedió en la villa del Bajo Flores en junio pasado.

De las fuerzas provinciales se verifican acciones similares. En San Luis, la policía detuvo a una mujer con el argumento de que estaba violando la cuarentena; cuatro horas después apareció muerta en la celda. En la localidad de Fontana, provincia de Chaco, al grito de “indios infectados, ustedes son unos malacostumbrados”, una comisión policial invadió a la madrugada la vivienda de una familia qom, y después de golpearlos brutalmente llevó a varios a la comisaría donde fueron torturados. Para cuatro de los autores de estos hechos se dispuso la detención... domiciliaria. La cúpula policial renunció como señal de protesta. Una rápida maniobra judicial los dejó en libertad. Aún no fueron apartados de la fuerza: continúan “en tareas pasivas”. La provincia de Buenos Aires es otro escenario de hechos similares. Lomas de Zamora, La Matanza, Chascomús, Villa Tranquila, Hudson... localidades en las que las balas policiales se llevan vidas sin más razón que el ejercicio del poder que dan las armas y excusas tan insostenibles como la comisión de delitos que nunca se cometieron, o la lábil figura de “resistencia a la autoridad”, que da piedra libre para golpear, detener, y hasta matar.

Sin agotar este recorrido por el mapa de la violencia institucional, anotamos el asesinato en Tucumán de Luis Espinoza, un trabajador rural víctima de desaparición forzada seguida de muerte. Hasta que hallaron su cadáver en la vecina provincia de Catamarca, lo último que se sabía de Luis Espinoza es que había sido golpeado brutalmente por un grupo de policías. Una semana después se encontró su cuerpo envuelto en bolsas blancas y negras rodeadas de cintas al fondo de un barranco.

Al  momento de escribir estas líneas, la desaparición forzada del joven Facundo Astudillo está vigente. Lo último que se sabe de él, y está documentado fotográficamente y por dichos de testigos, es que una comisión policial en las cercanías de la localidad de Mayor Buratovich, en el sur de la provincia de Buenos Aires, le labró un acta por romper la cuarentena. Esto sucedió el 30 de abril...

El Consejo Federal de Derechos Humanos, que integran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las 24 provincias, también marca la seriedad del problema. Un problema que persiste pese al propósito del actual gobierno de archivar definitivamente la “doctrina Chocobar”,[1] acuñada por el macrismo, que habilitaba y alentaba a las fuerzas de seguridad a “disparar primero y preguntar después”, garantizándoles la impunidad de sus actos. El comunicado del Consejo Federal afirma: “Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, en casi todo el territorio nacional, nos llevan a manifestar que, para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia, necesitamos el compromiso de todos (...) Es necesario un Poder Judicial que avance con rapidez para el esclarecimiento de los casos, que enjuicie y castigue a los responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”.

La histórica –e irresuelta– tensión entre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y el respeto a los derechos de la población, exige que el poder político ejerza un estricto control sobre las fuerzas estatales,  más aun en una crisis como la actual, en la que el “control” se asocia a “cuidado” de la salud de los pueblos. Exige también la permanente atención y movilización de las organizaciones populares para denunciar todo acto de violencia institucional y exigir que no queden en la impunidad.

[1] Lleva el nombre del policía que en diciembre de 2017 disparó  y mató por la espalda a un ratero de 18 años, que huía tras asaltar, y presumiblemente apuñalar, a un turista. El entonces presidente Macri lo felicitó y  puso como ejemplo.

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