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Política

La patronal de residencias pide más fondos públicos para que haya “salarios más dignos”

Según publicó ‘Infolibre’, cinco compañías controlan la mayoría de geriátricos y detrás están fondos buitres instalados en paraísos fiscales. En el negocio están también cinco de los hombres más ricos de España, que en su día fueron los grandes empresarios del boom inmobiliario: Florentino Pérez, Los Albertos (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol) y una quinta fortuna radicada en Francia, la familia Mulliez (Amavir).Cabe recordar también que el negocio de las residencias supone un negocio de 4.500 millones al año.
Pese a ello, el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Juan Ignacio Vivas, ha apostado por un incremento de los precios públicos que cobran las empresas en los centros cuya gestión le externalizan las comunidades autónomas para la "profesionalización del sector" y "dignificar" los salarios de los trabajadores y ha pedido más fondos.
Durante su intervención en la Cumbre empresarial organizada por la CEOE, el presidente de AESTE ha asegurado que "la intención, frente a lo que algunos puedan pensar, no es que las empresas ganen más dinero", sino la "profesionalización del sector" y "dignificar" sus salarios. Con esta medida, ha asegurado Vivas, los trabajadores tendrán un "empleo estable y de mayor calidad, que yo creo que lo merecen porque en estas circunstancias han estado en primera línea" y "no están pagados como deberían".
Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia, las residencias de mayores se convirtieron en uno de los principales focos propagación de este coronavirus, y especialmente en las residencias privadas, donde el drama fue aún mayor. Así, entre el 40% y 50% de las muertes por coronavirus en Europa han tenido lugar en estas residencias, según la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España, el número de fallecidos en residencias asciende a 20.000 personas, el 71% del total de muertes españolas por COVID-19.
EL DRAMA DE LAS RESIDENCIA PRIVADAS
Hay que recordar que la gestión de las residencias es autonómica y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde hay 474 residencias cuenta con 25 de gestión pública, 18 de gestión indirecta, 161 concertadas y 270 centros privados. En este sentido, la Comunidad de Madrid reconoció que hace unos días envió “por error” un borrador en el que se negaba el traslado de los ancianos de las residencias a hospitales según su dependencia o discapacidad.
La patronal de las residencias privadas –que representa en España a 1.800 establecimientos– ha confirmado que se negó esta asistencia hospitalaria. “Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas en el hospital para todo el mundo”, dijo Cinta Pascual recientemente en el Congreso, representante de las empresas y que va en línea a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reconoció este jueves en directo en una televisión nacional, donde reconoció que era ella quien gestionaba las residencias.
Alrededor del 5% de la población mayor española vive en residencias, en su gran mayoría privadas, lo que supone un gran negocio de 4.500 millones anuales como señalábamos al principio. El 87% de las residencias de ancianos españolas son privadas, llegando a ser el 94% en la Comunidad de Madrid, donde sólo existen 25 centros públicos y la lista de espera para entrar es de 28.000 personas. Desde 1983 no se ha construido ninguna residencia pública en la Comunidad de Madrid.
Las privatizaciones de servicios públicos son posibles en España desde que se aprobara la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con los votos favorables de PP, PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. El punto 2 del artículo 1 de esta ley dice: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.
Por otra parte, y según informa RTVE, la Fiscalía General del Estado mantiene 194 diligencias civiles y otras 224 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias y es la Comunidad de Madrid la que acumula más diligencias (99, a 15 de junio, además de una querella presentada en un juzgado de Madrid y que ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso).
https://www.rtve.es/noticias/20200618/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml
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