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Opinión

La re-construcción de la Comunidad de Madrid en sentido literal

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid con Díaz Ayuso al frente prepara un nuevo pelotazo inmobiliario.

Esta vez lo harán, al menos de momento, por la puerta de atrás, tramitando de urgencia el anteproyecto de modificación de la Ley del Suelo cuyo único fin es agilizar la obtención de las licencias urbanísticas, exonerando incluso a los promotores y constructores inmobiliarios de la necesidad de obtenerlas bastando en su lugar una mera “declaración responsable”.

Los cínicos argumentos con lo que vestirán esta nueva tropelía no deben sorprendernos y mucho menos engañarnos a estas alturas; reactivar la economía, impulsar el empleo (aunque sea basura) y, en definitiva “re-construir” en el sentido literal del verbo, nuestra región.  Una clara apuesta por reactivar y poner en el centro la política del ladrillo (otra vez) como salida a la crisis económica que atravesamos.

Políticamente es una aberración teniendo en cuenta que, precisamente, han sido ese tipo de políticas especulativas las que han llevado a que nuestra región sea de las más desiguales de todo el Estado, y siempre aspire al pódium encabezando rankings en cuanto al número de desahucios. Sin olvidar que es la única autonomía que aún no tiene una ley de vivienda y cuyo gobierno decidió malvender el parque público de vivienda social a fondos buitre.

Otro dato a tener en cuenta es que las únicas entidades que han demandado esta reforma han sido la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) y la patronal de las inmobiliarias (ASPRIMA). Este hecho, no debiera sorprendernos. Es lógico que este tipo de entidades demanden este tipo de reformas, el problema aparece cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid antepone el beneficio privado al interés general.

Habiendo dejado claro por qué es una aberración política, podemos afirmar que jurídicamente es, si cabe, una aberración mayor. Para empezar porque se tramita por la vía de urgencia en pleno estado de alarma, momento en el que se encuentran interrumpidos y suspendidos los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, pudiendo tramitarse únicamente como excepción procedimientos “estrechamente vinculados” con el estado de alarma o indispensables para el interés general. Juzguen ustedes mismos si construir sin necesidad de obtener licencia urbanística es la excepción a la que se refiere esta norma.

En segundo lugar, tramitar por la vía de urgencia este anteproyecto de ley supone, de facto, anular las garantías de participación pública, esquivar los trámites de consulta pública y el debido control público y parlamentario.

En tercer lugar porque la memoria normativa del anteproyecto niega el impacto ambiental  y el impacto de género. Sí, directamente lo niega, aun cuando es evidente que la relajación de controles previos y la exención en la obtención de licencias eleva los riesgos de producir daños ambientales, en muchos casos irreparables, máxime en pequeños municipios dónde apenas hay inspectores de control y disciplina urbanística. En cuanto al impacto de género, es evidente que la desigualdad de género se ha agravado durante la pandemia, y el desarrollo urbanístico sin control sólo puede agudizar esta situación.

El anteproyecto de ley obvia además el impacto social y territorial, a pesar de que en la Comunidad de Madrid es la región donde mayor desigualdad hay entre el 20% más rico y el 20% más pobre, agudizando aún más las diferencias entre los barrios y municipios del norte y el sur de la región.

Por último, no puede obviarse cómo la construcción y la expansión urbanística se encuentran asociadas de forma directamente proporcional al mayor uso del vehículo privado y por tanto, a una mayor contaminación atmosférica, y tampoco pueden obviarse los informes que aseguran, aunque sea de forma preliminar, que en las zonas de mayor contaminación atmosférica se producen índices superiores de mortalidad derivados del Covid-19.

En definitiva, esta reforma está plagada de irregularidades que pueden denunciarse antes del próximo 2 de junio presentando alegaciones en la web de la Comunidad de Madrid. Lo que está claro es que esta modificación de la Ley del Suelo tiene varios objetivos como  liberalizar suelo, promover la construcción o flexibilizar los cambios de uso de construcciones ya existentes, y todos ellos pueden subsumirse en uno; especular más y mejor.

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