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Opinión

La responsabilidad de políticos y gestores

“Nadie tiene más derecho que el de cumplir con su deber”. Auguste Comte

Cuando se considera a la democracia como al sistema más apto para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, se hace porque se concibió que en él los individuos logren el perfeccionamiento para contribuir al interés general. Además de reflejar los que los ciudadanos desean a través del voto. Por ello, la idea de progreso sostiene a una verdadera democracia si se cumplen los principios de libertad, igualdad y solidaridad. Se debe defender la existencia de minorías. Pero nunca someter a las mayorías a ellas. Se convertiría entonces en una plutocracia.

De aquí, la vida democrática se funda entonces en el cumplimiento estricto de las obligaciones de la función que el individuo desempeñe. Incurrir en actividades no previstas o no asumir las obligaciones pertinentes a la función social desempeñada por el mandato ciudadano es fuente de desorden. Sería incurrir en la degradación del sistema que se gestione. La confusión intencionada de no distinguir entre las responsabilidades y las aficiones de grupo, tal vez sea la explicación de la impunidad con la que se asumen las negligencias por incumplimiento de responsabilidades. Tal vez por eso las promesas electorales históricamente han sido incumplidas. Históricamente se atendieron más los intereses de los grupos de pertenencia de la clase política, que a los del electorado que le dio un mandato.

Es decir, si se someten las lealtades de grupo de pertenencia al interés general, entonces estaremos en presencia de lobistas que van y vienen de la empresa privada a la función pública para favorecer a esos intereses sin el menor pudor. En las “puertas giratorias” se normaliza la colusión, o se sortea el conflicto de interés, mediante nuevas legislaciones a medida de tales intereses. Esas anomalías perjudican la calidad de vida de las personas que habiten en esa comunidad.

Por tanto, resultará de interés definir a la responsabilidad como al conjunto de obligaciones del cargo. Asumir los compromisos es una de ellas. Es decir, no ejercer las obligaciones, no puede resultar indiferente. Mucho menos, cometer delitos durante el ejercicio de las obligaciones del cargo. La ejemplaridad debe presidir la vida de los gestores y representantes políticos de los ciudadanos. La función publica convierte a la clase política en gestores de la “cosa pública”.

Reflexionamos sobre estos conceptos cuando, por ejemplo, observamos que el Tribunal Constitucional ha decidido que los alumnos de las universidades privadas tengan derecho a acceder a las becas públicas en condiciones de igualdad con los de las universidades públicas. También, las controvertidas decisiones que el Tribunal Supremo adoptó en relación a la banca. Los altos tribunales de la UE dejan a menudo en evidencia la tendenciosidad que muestran las sentencias de esta justicia en muchas materias. El mantenimiento de estándares de corruptelas en las gestiones, tal vez se deba a la impunidad que se evidencia cuando de juzgar a los responsables se trata.

Es aceptado que, el incumplimiento de las obligaciones propias de los Altos Cargos del Estado, no reciba las sanciones correspondientes. Es motivo de alarma que se produzcan archivos de causas con evidencias probadas. El caso de la identificación de “M. Rajoy” es paradigmático. La ejemplaridad está ausente. A los imputados les basta con declarar que “lo desconocía”, a pesar de que las obligaciones de sus cargos deben ser asumidas. Recordemos que la ignorancia de la norma no exime de su cumplimiento.

En cualquier caso, la persona que ocupe un cargo, debe comprender que lo hace con todas sus consecuencias. Esa persona se convierte en gestora de fondos públicos.

No disculpes la deslealtad. La inmoralidad. El quebrantamiento del contrato social entre gobierno y gobernados.

Persona, no lo hagas, o estarás perdida.

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