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Política

La última estocada al Mar Menor: PP, PSOE y Ciudadanos se ponen al servicio de la agroindustria murciana

La última estocada al Mar Menor: PP, PSOE y Ciudadanos se ponen al servicio de la agroindustria murciana
Mar Menor

JOSÉ LUIS EGÍO–

La solución a los graves problemas medioambientales que afectan al Mar Menor y su comarca tendrá que esperar. La ansiada Ley de Protección Integral del Mar Menor parece destinada a convertirse en una nueva oportunidad perdida para salvar la laguna salada más grande de Europa. En 2016 se convertía en una marea verde, alimentada por los nitratos de origen agrícola. El 12 de octubre del año pasado escupía cientos de miles de peces y crustáceos muertos, imágenes que dieron la vuelta al mundo.

A pesar de los grandes titulares, el acuerdo anunciado por PP, PSOE y Ciudadanos, para sacar adelante de forma conjunta el 75% de sus enmiendas a la futura ley, podría suponer la última estocada al Mar Menor. De hecho, parece pensado para blanquear las prácticas insostenibles de una agroindustria que tiene un fuerte peso político en la Región de Murcia. Asociaciones de productores y exportadores como Proexport y Fecoam mandan más que muchos diputados.

Mucho se ha hablado de una franja de protección en torno al Mar Menor libre de nitratos procedentes de la agricultura. Populares y socialistas anuncian a bombo y platillo que ampliarán esa franja de 500 a 1.500 metros. Pero la clave está en las prácticas que se van a permitir dentro de esa franja y en el resto de la comarca del Campo de Cartagena. Es ahí precisamente donde los tres partidos han abonado el terreno para la ambigüedad.

Aunque los expertos coinciden en que la única actividad agrícola compatible con la protección del Mar Menor en el entorno de la laguna es la que pasa por los cultivos de secano tradicionales o la agricultura ecológica de regadío, el PP ha conseguido imponer sus tesis e introducir un neologismo peligroso: la “agricultura sostenible de precisión”. El artículo 50 de Ley de Protección Integral la define como “la agricultura de regadío que emplea el mínimo de nutrientes y es capaz de sincronizar su disponibilidad con la absorción por los cultivos”.

¿Cuál es este mínimo? ¿Cómo se mide esta sincronicidad? Es imposible saberlo, ya que la agricultura sostenible de precisión es un neologismo específicamente murciano. No existe ningún estándar nacional o internacional que determine unos requisitos objetivos, al contrario de lo que sucede con la agricultura ecológica, que sí que cuenta con un manual muy concreto de prácticas permitidas y no autorizadas. Se abre así la veda a los nitratos y una peligrosa vía para que la agroindustria pueda seguir con sus prácticas insostenibles.

El otro gran interrogante es quién controlará que las medidas recogidas por la ley se cumplan. El Gobierno de Murcia quiere introducir la figura de los “operadores agroambientales”, un cuerpo que será formado exclusivamente por técnicos en paisajismo y medio rural e ingenieros agrónomos. El Colegio de Biólogos denuncia su exclusión. Expulsando a biólogos y ambientólogos de las labores de inspección y control se evitan muchas miradas incómodas.

Medidas ambiguas que dejan mucho espacio a la libre interpretación y al escaqueo. Un cuerpo de operadores para aplicar la ley que ya nace marcado por la sospecha. La tramitación de la Ley de Protección Integral del Mar Menor, que concluye el próximo 22 de junio en el Parlamento murciano, puede suponer la última estocada al Mar Menor, la enésima oportunidad perdida por el servilismo del Gobierno regional y el PSOE de Diego Conesa a los poderosos intereses de la agroindustria.

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