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Opinión

La ultraderecha quiere encerrar al Gobierno en una trampa 22

Sólo cabe exigir al gobierno de coalición que cumpla el programa de investidura. Que el ruido no lo distraiga

“Cabe tanto mal en el espíritu humano, que cabe esta contradicción: la envidia y el desprecio.” 

Leopoldo Alas

Alberto Vila | El término Catch-22 procede de la novela de Joseph Heller con ese título, que fue publicada en 1961. En ella se narra la historia de un piloto estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que trata de evitar entrar en combate haciéndose pasar por loco. Paradójicamente, el artículo 22 del reglamento establecía que: "Nadie en su sano juicio querría pilotar un bombardero en semejantes circunstancias, de modo que su alegación demuestra en realidad que está cuerdo y que debe seguir pilotando. De acuerdo con este artículo, todo piloto que quiera volar demuestra que no está en sus cabales y debe ser relevado, pero para ello debe enviar una solicitud de revisión. En el momento en que lo hace, la trampa se cierra sobre sí misma y el aviador pasa a ser considerado como cuerdo, puesto que ningún loco presentaría una queja. En definitiva, no hay elección posible ni manera de salir del sistema".

No se puede dialogar con fuerzas políticas que están en esta operación de negarlo todo. Su propósito es destruir toda posibilidad de diálogo, que luego reclaman. Promover la adopción de decisiones que luego cuestionan. Desde poner en riesgo el control de la pandemia con ese clima que en nada contribuye a serenar los ánimos. Hasta negar que la mayoría de las víctimas son consecuencia de la desarticulación de la red protectora de la sanidad pública. Pasando, por paradójico que parezca, en negar la responsabilidad de gestión directa de la sanidad y la dependencia de las autonomías.

Hasta parecen convertir a las instituciones en un mero decorado para sus propósitos. Todo, con el respaldo de organizaciones, tan sospechosas e influyentes en lo económico y religioso, como el Opus Dei y las estructuras neofranquistas que se mantienen y alientan en la judicatura y las fuerzas armadas y de seguridad. Estructuras que no son ajenas a la red de intereses que controlan al IBEX y, desde allí, a la mayoría de los medios de comunicación bajo su control.

Es decir que se denominaría una “trampa 22”, a la que crea aquella situación en la que una persona o institución se ve afectada por la regla siguiente: “cualquier alternativa que elija le acaba perjudicando”

Desde una visión franquista, los izquierdistas, “rojos” según su nomenclatura, no pueden gobernar. Al menos, los izquierdistas natos. Porque hay algunos que parecen más que serlo. Todo lo que altere las condiciones de la Transición, las “verdaderas condiciones”, carece de legitimación. Ello, aunque hayan formado gobierno con la mayoría suficiente para gobernar. Como es este el caso. Este frágil razonamiento, profundamente antidemocrático, pareciera que se asienta en la fidelidad a la Corona antes que a la propia Constitución.

Por tanto, según esa línea argumental, tipo Trampa 22, este gobierno de coalición carece de legitimidad y debe entregarse “vencido y sin armas” a los patriotas nacionales. En el barullo mediático creado es esa la sensación que proyecta el postperiodismo local. Inclusive el informe de uno de los cuerpos que debe investigar la corrupción se fundamenta en las mismas fuentes de fakes del memorable Informe PISA. Deberíamos considerar si las tramas de corrupción ven peligrar sus lucrativos negocios. La honestidad los castigaría. Así, montan esta operación derribo.

En nuestro caso, con negar el derecho a gobernar de las fuerzas progresistas se pretende encerrarlas en una Trampa 22. Este tipo de trampas lógicas son más frecuentes de lo que pensamos en la vida real, especialmente en lo referente a trámites burocráticos, jurídicos o a tácticas de acción psicológica. Se trata de ello en nuestro caso. Así, hacen los que niegan y niegan lo que dicen. Pero lo hacen. Porque carecen de propuestas constructivas. Puro discurso irrespetuoso y violento.

Sólo desean tomar el poder para mantener el estado de cosas fijado desde antes de la muerte de Franco. En ese absurdo, arrastran por el fango, la propia lógica del estado de derecho en España. Son manifiestamente anticonstitucionalistas y, con ello, claramente antidemocráticos, aunque digan lo contrario. La propia utilidad de instituciones como la justicia o la monarquía quedan bajo sospecha si mantienen la condescendencia que se les aprecia en relación a estos grupos.

Sólo cabe exigir al gobierno de coalición que cumpla el programa de investidura. Que el ruido no lo distraiga de combatir a los virus sanitarios y políticos que nos invaden.

 

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