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La verdad sobre lo sucedido en las residencias de mayores

Las competencias de gestión de las residencias, antes y durante la crisis del coronavirus, son de las comunidades autónomas

La verdad sobre lo sucedido en las residencias de mayores

En las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid han muerto más de 6.000 personas durante la crisis del coronavirus, siendo esta la comunidad autónoma con más muertes en residencias de toda España. ¿Por qué?

La verdad sobre lo sucedido en las residencias de mayores:

La derecha intenta continuamente culpar al Gobierno central de la tragedia y lo hace porque sabe que lo que ha ocurrido es de extrema gravedad y que la responsabilidad y las competencias sobre estas en Madrid son del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De las 475 residencias que hay en la Comunidad de Madrid, sólo 25 siguen siendo de gestión pública, y es que los sucesivos gobiernos del PP en la comunidad autónoma han llevado a cabo un gran proceso de privatización de las residencias de ancianos, transformando lo que debería ser un servicio público en un suculento negocio que reporta beneficios millonarios a empresas como Clece, de Florentino Pérez, o a fondos buitre extranjeros que hacen negocio con el cuidado de nuestros mayores y que se llevan el dinero a paraísos fiscales.

Las competencias de gestión de las residencias, antes y durante la crisis del coronavirus, son de las comunidades autónomas. De hecho, las órdenes ministeriales durante la crisis del covid-19 han aumentado esas competencias, pudiendo las propias comunidades autónomas incluso intervenir las residencias privadas gracias a esas competencias ampliadas.

¿Qué hizo entonces el Gobierno de Ayuso? Prohibió que se trasladara a los ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia, como demuestra un documento del hospital Infanta Cristina. Este documento, que Ayuso mintió al asegurar que no se había enviado a ningún centro, demuestra que había órdenes expresas del Gobierno de la Comunidad de Madrid de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de covid-19 en las residencias de mayores a los centros sanitarios. El propio consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, –al que Ayuso quitó las competencias de las residencias de ancianos– califica esta actuación de “inmoral y posiblemente ilegal”. La UME (Unidad Militar de Emergencias) tuvo que intervenir en algunas de estas residencias, donde se vieron horribles imágenes de ancianos que llevaban varios días muertos.

Ayuso negó los derechos más básicos de nuestros mayores, al impedirles que fueran atendidos como debían en un hospital, y ni siquiera medicalizó las residencias ni ordenó las inspecciones pertinentes. Hubo personas que estuvieron días sin poder hablar con sus familiares ingresados en residencias, y al final les comunicaron que esos familiares habían fallecido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid habría cometido una ilegalidad que ha costado muchas vidas humanas y que ya ha sido denunciada por numerosos familiares y trabajadores de residencias.

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