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Opinión

La vivienda: ¿derecho o negocio?

Si la vivienda es un derecho constitucional, ¿no debería el Estado proveer de un parque público?

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Artículo 47 de la Constitución Española.

En el contexto actual, en una crisis económica consecuencia del coronavirus, aumenta la importancia, a nivel de la opinión pública, de aspectos como el paro y la vivienda. Los motivos del aumento de esta preocupación son evidentes: a más paro, más problemas socioeconómicos para la población. Pero esto ya era un problema antes de esta crisis para mucha gente, sobre todo para la juventud. Según los datos del Consejo de la Juventud de España, una persona joven debe destinar el 90% de la renta para poder alquilar un piso.

La construcción fue uno de los motores económicos del país en la década de los 2000, así como una de las causas de la grave crisis del 2008. En esa década perdimos la oportunidad de generar un parque público de vivienda. En vez de eso, se liberalizó el suelo, se incentivó la compra y las hipotecas, traspasando muchísimo suelo público a manos privadas, ya fuera de familias, rentistas o fondos de inversión.

Después de la crisis nos encontramos con que la compra ya no era una opción para la mayoría de la juventud: la falta de estabilidad laboral, los cambios en el sistema bancario, el fin de las deducciones por compra y la caducidad del discurso de que comprar era lo más rentable hicieron que gran parte de la juventud dejara de ver la compra como una opción y pasó a centrarse en el alquiler.

Esto propició un mercado del alquiler muy atractivo para pequeños y medianos inversores y para grupos de inversión multinacionales, generando un mercado en alza que repercutió en un aumento del precio tanto de compra como de alquiler. Otro factor que ayudó a subir los precios de una manera desorbitada fueron los alquileres turísticos: bajo el paraguas de la mal llamada economía colaborativa, se empezó a destinar vivienda para uso turístico, echando a los vecinos de algunos barrios de las grandes ciudades.

Un ejemplo de esta subida desorbitada del alquiler podemos encontrarlo en la Comunidad de Madrid, que pasó de 9,8€/m2 en diciembre de 2013 a 15,4€/m2 en el pasado mes de mayo. Esto provoca que gran parte de la población tenga serios problemas para afrontar el pago de los alquileres: según todos los expertos e incluso los bancos, los gastos en vivienda (hipoteca o alquiler) no pueden superar el 25-30% de la renta. Y ahí está la clave: si la vivienda es un derecho constitucional, ¿no debería el estado proveer de un parque público o bien asegurarse de que el mercado puede ofrecer este derecho con condiciones dignas y a un precio asequible?

Frente a estos datos y al análisis de los mismos, las propuestas que se pueden plantear pasan necesariamente por el estudio de la vivienda, la limitación de precios y el parque público de vivienda.

Empecemos con el estudio: España carece de un órgano público que se dedique a hacer un estudio del mercado de la vivienda en profundidad. Esto es totalmente necesario para poder ver los cambios en el tipo de consumo, alquiler/hipoteca, el número de viviendas vacías, de las dedicadas a alquileres turísticos, etc.

Además esto es clave para poder observar las zonas tensionadas, donde el gasto del alquiler es mayor que el 25-30% del salario medio y, por lo tanto, para saber dónde es necesaria una acción contundente de la administración para garantizar este derecho constitucional. ¿Cuál debería ser esta acción contundente? A corto plazo, la limitación de precios, para que con el salario medio se pueda pagar el alquiler con ese 25-30%.

Por último se deberá ir generando un parque público de vivienda, ya sea mediante la construcción o la rehabilitación. Esta acción deberá estar condicionada por estudios que muestren las necesidades de cada zona: por ejemplo, en algunas ciudades será necesaria la construcción, mientras que en otras lo será la rehabilitación. Sean cuales sean las necesidades de las zonas, estas acciones deben ir siempre orientadas a generar alquiler público y social. Se tienen que acabar las políticas públicas que hacen perder recursos a la administración, es decir, la de venta de pisos.

Adrià Junyent Martínez es adjunto a la Secretaría de Política Sindical contra la Precariedad de CCOO Madrid

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