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Economía

Las incongruencias tras los sistemas de pensiones privados

A nivel internacional existen un buen número de experimentos que han apostado por sistemas de capitalización individuales de pensiones. Una moda que responde a los principios de mayor individualismo y reducción del papel del Estado como fórmula para un mejor funcionamiento del sistema. Actualmente asistimos a un debate donde se plantean los sistemas mixtos como la panacea de la sostenibilidad. Un modelo al estilo de la mochila austriaca donde cada trabajador acumula en su fondo individual sus contribuciones de cara a un futuro despido, baja por incapacidad y jubilación. Quienes lo defienden aseguran que gracias a la inversión del ahorro individual de los participantes se impulsa un mejor funcionamiento del sistema financiero y los mercados de capitales devuelven altas rentabilidades. El problema es que no siempre es así y cuando esto ocurre el resultado es incremento de la inseguridad y un alto descontento social. Como ejemplo Chile, donde este sistema privado se ha convertido en un fracaso y amplios segmentos de la población demandan un sistema de reparto más equitativo mediante manifestaciones masivas.

El planteamiento ortodoxo defiende que nos jubilamos demasiado temprano, vivimos más y cobramos demasiado por lo que el sistema no es sostenible. Pero existen varias objeciones a este planteamiento.

En primer lugar, es necesario poner en contexto pensiones y mercado laboral. Si no se corre el riesgo de llevar el debate a una dimensión descontextualizada. En España partimos de una situación donde los bajos salarios son parte del problema especialmente en el caso de los más jóvenes. A este problema se añade el de la alta temporalidad, por lo que partimos de un modelo donde las contribuciones de un amplio segmento de la población a estos sistemas privados se antojan cuanto menos como una tarea difícil. Un primer problema para los que los defensores de este modelo no han dado solución. El mix de precarización laboral y menor protección por parte del Estado no parecen una medida política que aporte estabilidad del sistema y seguridad a la población.

En segundo lugar, los planes de pensiones tienen un alto componente procíclico. Los últimos datos disponibles en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones muestran que las rentabilidades medias fueron negativas para todos los instrumentos, siendo la rentabilidad media total -3,86%. Por lo que el sistema privado no es una apuesta segura, sino que está tan ligado al ciclo económico como el sistema público. Y precisamente porque durante las etapas expansivas no cabe duda de la viabilidad del sistema público encontramos que este sistema dual en lugar de mitigar los riesgos contribuye a su prociclicidad.

Una respuesta falaz al anterior argumento suele ser que con los planes privados es más fácil diversificar inversiones acudiendo a los mercados internacionales, pero conviene recordar que este planteamiento cuenta con importantes limitaciones, ya que los mercados internacionales están cada vez más interconectados, las inversiones han de ser en activos seguros y se debe proteger el riesgo de cambio en caso de que exista. Lo que estrecha notablemente el margen.

Finalmente, es un error limitar las vías de financiación de las pensiones y la sostenibilidad del sistema a las cotizaciones realizadas, ya que al margen de estas existen otras figuras como son los impuestos y la deuda que pueden servir para financiarlas. Al margen de las vías de financiación alternativas, los que defienden la insostenibilidad del modelo actual también obvian los futuros incrementos de productividad y el crecimiento. Por lo que si no se introducen en el análisis este parte de una posición sesgada que lleva a la conclusión errónea de una falsa imagen de insostenibilidad fiscal. Entre 1990 y 2020 el PIB per cápita ha pasado de 10.000€ a más de 26.000€. El discurso de insostenibilidad del sistema choca con el incremento de la riqueza de la sociedad. Si contextualizamos el incremento de la riqueza, así como los avances tecnológicos no se sostiene que décadas de progreso económico terminen en peores condiciones para nuestros mayores por lo que cualquier reforma que lleve a un sistema de menor protección, más desigual y precario no es defendible desde el punto de vista ético, económico ni político.

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