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Opinión

Las mascarillas y el ingreso mínimo vital

En nuestro país hemos pasado de carecer de las suficientes mascarillas para salvaguardar la salud pública en los inicios de la pandemia, a tener que adquirir ese producto en las boticas con un escandaloso aumento de precio

Entre  las  medidas  sociales  adoptadas  por  el  actual  Gobierno,  nunca  antes tomada  por  ningún  otro  a  lo  largo  de  nuestra  última  historia,  la  del  ingreso mínimo vital es sin duda una de las que sobresalen enla legislatura en curso. Su tramitación hubo de acelerarse, además, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19  que  trajo  consigo  la  correspondiente  crisis  económica.  Casi  un millón de hogares españoles en situación de vulnerabilidad se han beneficiado de esa ayuda, consistente en una renta básica de 462 euros, ampliable hasta los 1.015 en el caso de tener niños a cargo.

En el transcurso de las últimas semanas se ha venido imponiendo el uso obligatorio de la mascarilla en las distintas comunidades autónomas del país - algo que en principio solo lo era en determinadas circunstancias-, por lo que su adquisición en las farmacias supone un incremento de gasto en la economía hogareña que, en los casos de las familias más desfavorecidas, debería haberse tenido en cuenta.

En nuestro país hemos pasado de carecer de las suficientes mascarillas para salvaguardar la salud pública en los inicios de la pandemia -con una deplorable ausencia en el equipo de trabajo de nuestros sanitarios-, a tener que adquirir ese producto en las boticas con un escandaloso aumento de precio, debido a la vergonzosa especulación que se hizo del mismo en los mercados internacionales. Una vez superada esa fase y con los precios regularizados, la obligatoriedad en el uso de las mascarillas en casi todas las circunstancias y en todas las comunidades autónomas -salvo Madrid- viene a ser una carga económica no menor en las economías más precarias.

Siete mascarillas quirúrgicas por semana por cada uno de los cuatro miembros de una familia, a 0,96euros por unidad, suponen un gasto mensual de 107,52 euros al mes, una cantidad que para el 20 porciento de la población en riesgo de  pobreza  supone  sin  ninguna  duda  -aun  con  la  ayuda  del  ingreso  mínimo vital- un gravamen a tener en cuenta y que creo no se ha considerado a la hora de imponer la obligatoriedad de la mascarilla en la mayor parte de nuestra vida cotidiana.

Está bien que las mascarillas sean obligatorias, si así lo consideran las autoridades sanitarias, y también que la ciudadanía sea consciente y se atenga a cumplir con esa obligatoriedad en el uso de las mismas -tal como ocurre de modo ejemplar en Asturias, una de las comunidades que mejor se está enfrentando a la pandemia-, pero creo que si el ingreso mínimo vital ha sido  una disposición gubernamental de las que diferencian para bien a este ejecutivo de todos los precedentes, lo suyo -en consonancia con esa medida- sería acompañarlo de una gratuidad en la adquisición de esas mascarillas para aquellas familias que necesitan de esa renta nada menos que para poder vivir con una cierta dignidad, porque de eso y de la salud pública del común es de lo que se trata. Nada menos.

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