La directora de LUH, Dina Bousselham, aborda en una nueva entrega de su videoblog el intento de criminalización mediática, política y judicial del feminismo en general y de las manifestaciones del 8M en particular, que provocó la imputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por un supuesto delito de prevaricación administrativa por haber autorizado la marcha del 8M en Madrid.
El archivo provisional de la investigación demuestra que esa criminalización le ha salido mal a la derecha y la ultraderecha –entre otras cosas porque las acusaciones no tenían ninguna base–, pero no deja de ser un capítulo más del ‘lawfare’ o ‘guerra judicial’ contra el Gobierno de coalición, esta vez con el feminismo como telón de fondo.
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