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Las mentiras de Pérez de los Cobos, al descubierto tras la absolución de Trapero

La sentencia de la Audiencia Nacional establece que la “percepción personal” del coronel de la Guardia Civil “no añade valor alguno a la prueba de cargo”

Las mentiras de Pérez de los Cobos, al descubierto tras la absolución de Trapero
Diego Pérez de los Cobos

Las diversas mentiras del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos sobre el ‘procès’ soberanista de Cataluña han quedado al descubierto tras la absolución del ‘major’ de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por parte de la Audiencia Nacional. Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo si la Fiscalía interpone un recurso de casación –algo poco probable, teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, la Audiencia Nacional ha absuelto a Trapero y a otros tres responsables de la policía autonómica de Cataluña de los delitos de sedición y desobediencia, en una sentencia que desmonta las acusaciones de la propia Fiscalía y pone al descubierto las mentiras de Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos para impedir la consulta del 1 de octubre de 2017.

La Fiscalía empezó acusando a los cuatro responsables de los Mossos de rebelión y acabó acusándolos de sedición y, como alternativa, por desobediencia, pero la Audiencia Nacional ha acabado absolviéndolos, al entender que no ha quedado acreditado que “hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma” ni que “se hubieran puesto de acuerdo” con los líderes del ‘procès’ para hacerlo, como apuntaba Pérez de los Cobos. De hecho, la defensa de Trapero dedicó gran parte de su informe final precisamente a dejar en evidencia la versión del coronel de la Guardia Civil –que sostuvo que desconfiaba del ‘major’ de los Mossos desde días antes del 1-O– y su labor no sólo como coordinador del operativo policial sino también como mando del mismo.

La sentencia establece que la “percepción personal” de Pérez de los Cobos sobre la actuación de los responsables de los Mossos representa “una primera aproximación a un hecho a través de los sentidos y afectos”, es decir “un juicio de carácter provisional”, lo que “pone de manifiesto su debilidad para sustentar un hecho como la existencia de un acuerdo, explícito o implícito, del mayor con el presidente del Govern [Carles Puigdemont] respecto a la celebración del referéndum” y “no añade valor alguno a la prueba de cargo”. Además, determina que las “conductas extrañas” que pudieron tener los Mossos el 1 de octubre de 2017 no son achacables a los responsables de los Mossos sino al “fracaso de la coordinación” entre los cuerpos policiales, de la que se encargaba precisamente Pérez de los Cobos. De hecho, de la sentencia se deduce también que el cuerpo policial que se saltó los mecanismos de coordinación no fueron los Mossos sino la Guardia Civil, pues la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos habían acordado en diversas reuniones que las cargas policiales del 1-O recaerían principalmente en la Guardia Civil y en la Policía Nacional a solicitud de los Mossos; sin embargo, Pérez de los Cobos ordenó cargas policiales en nueve colegios antes de que la policía autonómica de Cataluña se lo solicitara.

La sentencia recuerda asimismo que Pérez de los Cobos “sostuvo la implicación” de Trapero en el ‘procès’ porque “fue nombrado ‘major’ para reforzar su mando y que pudiera adaptar la institución policial a los fines independentistas”, porque “se reunió en secreto con el president del Govern y este le agradeció su actuación el 1 de octubre” y porque “formaba parte del comité ejecutivo del proceso independentista que se mencionaba en el documento EnfoCats”, tres datos que según la propia sentencia “no se corresponden con la realidad”. Y es que, a diferencia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procès’, esta sentencia de la Audiencia Nacional desmonta gran parte de las acusaciones vertidas contra los Mossos y sus dirigentes, que habrían actuado en todo momento de acuerdo a las órdenes recibidas tanto por la Fiscalía como por la juez que tomó el control de la causa a partir del 27 de septiembre del 2017; tanto, que durante la consulta del 1 de octubre de 2017 los Mossos cerraron 110 colegios electorales, requisaron 423 urnas, 90.700 papeletas y 64.800 sobres e identificaron a 1.352 personas.

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