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Opinión

Las prioridades de Díaz Ayuso en tiempos de pandemia

Alejandra Jacinto

Llevan días ardiendo las redes sociales bajo los hastags #AyusoVeteYa, #AyusoDimisión y #DesafiAyuso. Fundamentalmente, se le achaca la irresponsabilidad que supone proponer que la Comunidad de Madrid pasara a la fase 1 sin estar preparada para ello, anteponiendo y subordinando los intereses económicos y empresariales a la salud de los madrileños y madrileñas.

La propuesta era tan burda que incluso se permitió reconocer que la hizo tras su reunión con los empresarios y, a pesar, de que eso le haya costado incluso la dimisión de su Directora General de Salud.

El cúmulo de desprósitos del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que comenzó la crisis del COVID-19 no pasa desapercibido. Desde el inadecuado menú compuesto por comida basura para los niños y niñas con mayores dificultades económicas, hasta la irresponsable aglomeración que montaron en IFEMA la semana pasada o la última ocurrencia de la Presidenta que asegura que las siglas del COVID-19 obedecen a que el virus campaba a sus anchas desde diciembre.

Y algo en lo que quizás no hemos reparado todavía lo suficiente y puede “hipotecar” nuestro futuro a corto-medio plazo es el “gran pacto por la vivienda” impulsado por el Gobierno de la Comunidad al que de momento sólo han sido invitados fondos buitre y constructoras, mientras anuncia la reforma de la Ley del Suelo para eliminar las licencias urbanísticas.

El pasado 22 de abril la Comunidad de Madrid, con David Pérez al frente, se reunió con el sector inmobiliario para impulsar un “gran pacto regional por la vivienda”. Fueron muchos los invitados; asociaciones de promotores inmobiliarios, de constructores, de empresas inmobiliarias, etc. En definitiva la patronal de la propiedad al completo, sin representación alguna de los movimientos que defienden el Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid, y sin ni siquiera contar con entidades del Tercer Sector.

Obviamente, los objetivos fueron compartidos en dicha reunión; liberalizar suelo, flexibilizar la fiscalidad y las condiciones de financiación, abordar la colaboración público-privada, y fomentar la compra y la construcción. En definitiva, más de lo mismo.

Pocos días después, Ayuso anunciaba la reforma de la Ley del Suelo antes del verano, para eliminar las licencias urbanísticas con un objetivo muy claro según la nota de prensa “eliminar burocracia para que ni administraciones ni particulares "estén perdiendo dinero ni tiempo" y avanzar en la recuperación de la crisis generada por la pandemia y atraer inversores extranjeros acostumbrados a trabajar con plazos administrativos más cortos". ¡Cómo si lo que necesitáramos en Madrid fueran más fondos buitre!

La reforma de la Ley del Suelo que aparentemente puede no parecer demasiado grave, supone básicamente poner una alfombra roja a la promoción y construcción de más vivienda sin control. Una suerte de favor a aquellos que tienen negocios inmobiliarios,y un nuevo atentado para el Derecho a la vivienda, el Derecho a la Ciudad sostenible y el ecologismo.

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid es la única en todo el Estado que aún no tiene Ley de Vivienda a pesar de coleccionar más de 25 desahucios al día y las mayores listas de espera de todo el Estado para acceder a vivienda social, y además es la Comunidad donde se ha vendido vivienda pública a fondos buitre con inquilinos/as dentro. Una operación que ha sido declarada nula por parte del Tribunal Supremo y que lejos de revertirse, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, actuando con verdadera contumacia , se niega a deshacer.

En definitiva, Madrid es el paradigma de la especulación inmobiliaria y su Gobierno, el brazo político de los fondos buitre. Prueba de ello es apostar abiertamente por mayor especulación como salida a las nefastas consecuencias de la especulación.

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