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Economía

Las privatizaciones, los recortes y la falta de personal convierten a las residencias en una trampa mortal para los ancianos

El coronavirus destapa la situación de las residencias: el 75% de ellas son de titularidad privada y los fondos buitre controlan ya una cuarta parte del negocio

Las privatizaciones, los recortes y la falta de personal convierten a las residencias en una trampa mortal para los ancianos

U.H. - La epidemia de coronavirus ha destapado la situación de las residencias de mayores, en las que han fallecido más de 15.000 personas según los últimos cálculos. Es decir: aproximadamente dos de cada tres muertos por COVID-19 en España se han registrado en los centros de mayores, que arrastran años de privatizaciones, recortes y falta de personal, como recoge CTXT. Actualmente, tres de cada cuatro de estos centros son privados.

Especialmente grave es la situación en comunidades como Madrid donde, tras más de dos décadas de gobiernos del PP, el 80% de las residencias son privadas. “Es un negocio. La salud y el bienestar son algo secundario”, denuncia María, una trabajadora de una residencia privada. Muchos de estos centros están gestionados por empresas como Clece, de Florentino Pérez, que despidió a trabajadoras por denunciar la falta de material básico como sábanas o pañales para cambiar a los ancianos.

Los recortes que aplican las empresas privadas han provocado casos como el de una residencia en San Sebastián de los Reyes, en la que se encontraron repetidamente cucarachas en la cocina y en la comida que se sirve a los ancianos. También provocan falta de personal: en Arganda, una mujer murió tras quedar su pierna semiamputada, atrapada entre los barrotes de la cama. Aquella noche sólo trabajaba un enfermero para vigilar a 343 mayores.

Según los sindicatos, los bajos salarios que pagan las empresas privadas causan una alta rotación en las plantillas. El 90% de las trabajadoras son mujeres, y muchas apenas pasan de los 600 euros al mes, como sucede en varios centros gestionados por Clece. “Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, comenta Pilar Ceprián, una trabajadora con más de 25 años de experiencia.

La combinación de una clientela asegurada –España tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo–, bajos salarios, recortes en el sistema público de dependencia y privatizaciones de centros ha convertido el de las residencias en un negocio redondo para muchas empresas. El sector ingresó más de 3.500 millones de euros en 2016, y en 2019 la cifra hacía escalado hasta los 4.500, según las consultoras Alimarket y DBK Informa. Quizá por eso ha llamado la atención de los fondos buitre, que ya controlan el 23% del sector. Cuatro de las cinco empresas que más plazas gestionan en España son de capital francés y británico.

Durante la actual crisis del coronavirus, el Gobierno de coalición se ha visto obligado a intervenir y enviar a la UME ante la deficiente gestión en las residencias. Además, se ha habilitado un fondo extra de 300 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía ha abierto multitud de investigaciones para esclarecer lo sucedido y comprobar las condiciones en las que viven los ancianos en estos centros.

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