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Opinión

Lawfare contra la justicia

O sobre cómo el movimiento político con más vínculos con el narcotráfico en Colombia desarrolla estrategias de intimidación contra las autoridades judiciales.

Lo que se va descubriendo poco a poco en el país latinoamericano está sorprendiendo al globo, es una extraña mezcla entre la violencia de la Cosa Nostra italiana y las más radicales posturas de exterminio de los nazis alemanes.

Al mejor estilo del Cartel de Medellín, el uribismo se ha dado a la tarea de perseguir jueces, testigos y magistrados que se atrevan a llevarlos a juicio por sus crímenes.

Para ello, uno de los mecanismos de intimidación de este movimiento político es la llamada estrategia de “Lawfare” o guerra judicial basada en información falsa con un alto componente de intimidación mediante el escarnio público.

Técnicamente la Lawfare es una estrategia que parte de tres movimientos, en primer lugar se construye información falsa mediante la cual se pueda establecer una demanda penal o judicial, una vez cumplido este acto formal se inicia una investigación mediante instituciones de control gracias a funcionarios que se prestan para ello.

Cuando se ha formalizado en investigación la información falsa, sobreviene un ataque mediático que destruye la reputación, la credibilidad o la legitimidad de las instituciones judiciales.

Un caso reciente de este tipo de metodología que se ha vuelto práctica común en la extrema derecha latinoamericana, es el que estamos viendo por estos días en Colombia con el llamado de la Comisión de Acusaciones del Congreso a que el exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, rinda una declaración libre por supuestamente haber interceptado ilegalmente al expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Cabe recordar que fue precisamente el Magistrado Barceló quien solicitó la perdida de libertad del exmandatario latinoamericano, por apenas uno de los 280 crímenes que se le endilgan, en este caso, sobornar testigos para una causa judicial.

El Esquema de castigo contra la justicia

De lo visto hasta el momento, el esquema que se ha desarrollado contra el exmagistrado Barceló es un lawfare típico.

El caso se inicia cuando por una investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Nilton Córdoba, el ente judicial solicita la intervención de su número telefónico.

De acuerdo con publicaciones periodísticas quien utilizaba el número telefónico registrado a nombre de Córdoba era nadie más y nadie menos, que Álvaro Uribe Vélez.

En declaraciones sobre dicho incidente, el Magistrado Barceló señaló que el número sobre el cuál se solicitó la intervención era el que estaba registrado ante la Corte Suprema para avisarle a Nilton Córdoba las citaciones que se generaban en el desarrollo de sus investigaciones ante este organismo.

 

Inicia el castigo y el contraataque:

Si hay algo característico del uribismo que lo hace similar al Cartel de Medellín, es que en este movimiento político no hay defensas sino contraataques.

En este caso, a manera de castigo ejemplificante contra la justicia, se iniciaron un serie de acciones  jurídicas, políticas y mediáticas contra el magistrado colombiano que había logrado privar de su libertad a uno de los hombres más poderosos de Colombia y el continente, hecho que nadie se había atrevido a realizar con todo y que sobre el exmandatario hay un sinnúmero de investigaciones por casos más graves y con pruebas más sólidas que el hecho de haber sobornado testigos.

El primer paso de esta lawfare lo tuvo a cargo uno de los alfiles de Uribe, el representante Ricardo Ferro, quien denunció al Magistrado José Luis Barceló  ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República.

Una vez puesta la denuncia, Álvaro Uribe –a través de su abogado David Espinosa– se constituyó en víctima y amplió en dos ocasiones la denuncia contra el hoy exmagistrado, quien fue citado a versión libre por dos representantes investigadores: el uribista Edward Rodríguez y Mauricio Toro del Partido Verde.

Con esta denuncia, la máxima figura de la extrema derecha latinoamericana, Álvaro Uribe, buscaría en primera instancia demostrar que Barceló le vulneró varios derechos por lo que pidió que fuese  procesado penalmente por prevaricato por acción, que contempla una pena de hasta 8 años e incluso solicitó que se unificaran varios procesos en contra del magistrado y que se le llamara a indagatoria.

En segunda instancia el mensaje del cuestionado líder transmite un mensaje claro, y es que si la justicia pretende tomar curso se enfrentará con un opositor acérrimo tanto o más de lo que sería en su momento el capo Pablo Escobar.

Quiénes son Ricardo Ferro  y Edward Rodríguez?

Si usted pregunta en el departamento de Tolima (Colombia) por su representante Ricardo Ferro, el primer nombre que van a mencionar es el de Eduardo Restrepo, alias “el socio” reconocido pero discreto narcotraficante de la región que ya ha pagado cárcel en Estados Unidos por sus actividades y de quien se menciona es muy cercano al poder regional del político.

Pero Edward Rodríguez no se queda atrás, una de las más recordadas apariciones en medios de su nombre en Colombia se debe a la mención que el narcotraficante Ñeñe Hernández hiciera de él para “reunirle unos alcaldes” que le ayudarían en su campaña política, lo cual en el país suramericano es abiertamente ilegal, no solo por el promotor de la reunión (Un narco) sino por la participación en política de los funcionarios en ejercicio.

El escarnio

Una vez realizadas las dos primeras etapas del lawfare, la denuncia y el inicio de la investigación, se desarrolló por parte del esquema de comunicaciones uribistas el concebido escarnio contra el magistrado.

 

El ataque explayó toda su estructura de divulgación de información falsa, calumnias, insultos y amenazas, no solo desde perfiles sino desde sus sitios de noticias, cadenas de WhatsApp y ataques con periodistas y medios de comunicación.

 

Igual que en otras ocasiones, una gran mayoría de los ataques de cuentas uribistas fue protagonizado por familiares de personas vinculadas al narcotráfico, al paramilitarismo y a mafias de la corrupción, grupos que caracterizan o de los que está compuesto en parte el partido de gobierno en estos momentos en Colombia.

Parte de los ataques al magistrado, como lo he mencionado, se generaron por periodistas y medios de comunicación, aliados y socios de Uribe, dentro de los cuales se destacan 3 principalmente.

En primer lugar los medios de la organización Ardila Lulle, cuyas empresas han sido mencionadas en varias oportunidades por paramilitares durante sus indagatorias, señalando que desde dichas organizaciones se generaron recursos económicos para sus actos ilícitos, de allí la vinculación del grupo empresarial a delitos como apropiación ilegal de tierras y desplazamiento forzado entre otros.

Razón más que suficiente para que pretendan defender a Uribe a toda costa y se conviertan en una de las puntas de lanza más fuertes del uribismo para combatir la justicia y evitar ser juzgados.

La segunda fuente de ataques frontales contra la justicia surgió de Revista Semana, otrora seria revista de investigación, hoy, después de su adquisición por parte de la organización de banqueros Gilinski un medio de propaganda y divulgación de información falsa.

La tercera fuente de ataques contra el Exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia fue el diario El Tiempo, que corriera la misma suerte de Semana después de ser adquirido por el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los principales socios comerciales de Uribe y cuya riqueza señalan fuentes periodísticas tuvo su origen en un familiar suyo vinculado al Cartel de Medellín. Hecho sumado a las investigaciones que por lavado de activos han tenido sus empresas en los Estados Unidos.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. Jose Ramon T L

    26 de marzo de 2021 16:34 at 16:34

    No han descubierto en Bolivia a Andreas Kalker y al primer ayuntamiento del mundo libre del Coronavirus.
    Y la ley nacional del parlamento boliviano autorizando el cds producido y controlado por las universidades y autoridades publicas.
    Por cierto en España esta prohibido o Libertad o fondos buitre tu eliges

  2. Mariano Fuentes Alvaro

    27 de marzo de 2021 09:04 at 09:04

    Y sobre Colombia los medios:prensa,Tv,radio,.., lo habitual: silencio absoluto y así nadie difundio que en 2019 hubo cerca de 1900 agentes sociales,no comunistas ni guerrileros,asesinados. Eso si aqui nos cuentan que es una democracia.
    Pocas, escasas, son las voces que cuentan la realidad de America Latina. aqui los bocachanclas salvapatrias no dejan de mencionar a Venezuela y me permito una sugerencia cuando oigan a uno de eso «patriotas» hablar de ese país : pregunteles ¿Sabe Ud. donde esta Venezuela? y por experiencia propia veran que la mayoria no saben responder con acierto.

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