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Opinión

Lawfare: la guerra por otros medios

Hablamos de una judicialización de la política desde arriba

Silvia Romano

El lawfare es concebido como la guerra por la vía judicial; la utilización de la ley como arma para aniquilar al enemigo político. Proviene del ámbito de la geopolítica y se define como una herramienta de poder blando (soft power), en tanto recurre a la ley para dar batalla y vencer al enemigo, evitando el enfrentamiento militar directo. Desde el ámbito político y jurídico, se ha retomado el concepto para denotar la persecución judicial orquestada contra líderes, organizaciones y partidos que han accedido al poder del Estado a través de un proceso electoral.

En los casos que se han sucedido en la última década, se ha tratado de gobiernos progresistas y/o populares cuyo acceso al poder resulta inconcebible para la oposición conservadora, la élite social y gran parte de las instituciones del Estado. En un contexto internacional y regional en el que un golpe de Estado abierto o una intervención militar resultan inaceptables, la disputa política se traslada al plano judicial, de una (aparente) legitimidad incuestionable. Aquí, se articulan dos actores clave, el aparato judicial y los medios de comunicación, en un proceso de manufacturación de consenso dirigido a la “aniquilación” de la vida pública y política de organizaciones políticas y sus líderes o de movimientos enteros.

El aparato judicial se eleva por encima de los demás poderes del Estado. Hablamos de una judicialización de la política desde arriba, no solo porque se ejecuta desde instituciones y aparatos del Estado, sino también porque es protagonizado por las elites sociales. Siendo el judicial el único poder que no es elegido por el voto popular, suele estar integrado por miembros de la clase alta.

En la práctica, esto garantiza cierta solidaridad con la oposición conservadora y, en el caso latinoamericano y probablemente también en España, un continuidad ideológico-política con gobiernos de dictaduras cívico-militares (por ser uno de los poderes que menos recambios suele experimentar). Una afinidad política que se moviliza en contextos propicios al desarrollo de este lawfare en complicidad con otros actores.

El otro actor clave son los medios de comunicación concentrados. Desde los medios conservadores se proyectan las voces de los expertos y diversas opiniones que se mezclan con la sistemática criminalización de determinados sectores políticos en portadas y titulares de diarios, redes sociales, radio y TV. Se perpetra un linchamiento mediático con el objetivo de desmoralizar y debilitar el apoyo a esas personas, grupos o sectores, generar dudas sobre su honestidad, justificando el acoso judicial.

Al ser usualmente desplegadas por la oposición contra un gobierno de turno (al que no pudieron ganar en las urnas) se convierte en una eficaz herramienta de desestabilización, por eso desde algunos ámbitos se vincula el lawfare a una forma de golpes de Estado blandos.

La articulación entre aparato judicial y medios de comunicación es fundamental para darle una fachada legal a las denuncias y casos que pueden ser planteados en tribunales y recuperados por la prensa. Pero también en ocasiones estos casos han sido manufacturados por medios de comunicación e incluso por redes sociales, siendo luego retomados por el Poder Judicial. En el transcurso, se criminaliza a los implicados antes del debido proceso legal, pues el objetivo es anularlos políticamente, siendo clave la desmoralización y la eliminación de sus apoyos, lo que opera en el plano de la opinión pública más que en el plano judicial.

El objetivo es que la opinión pública acepte la veracidad de estas denuncias por corrupción y generar un consenso sobre la necesidad de una “limpieza” en el ámbito de la política para salvar al Estado de Derecho y la democracia. Lo más contradictorio es que es la derecha más conservadora la que toma esta bandera. Una derecha que no suele identificarse con los valores liberales, pero que encuentra en el relato de la corrupción la justificación para continuar la batalla contra el comunismo (que antes necesitó de golpes de Estado y dictaduras) por otros medios.

Esta articulación entre togas, cámaras y Twitter encuentra un fuerte anclaje en el relato de la corrupción, que se plantea como principal problema de nuestras sociedades (¿lo es?) y que debe ser extirpada de inmediato para salvar los valores liberales. Es un relato profundamente antipolítico, en tanto se dirige principalmente contra las instituciones y procesos democráticos valiéndose de instituciones presuntamente independientes y apolíticas (el aparato judicial y la propia ley).

Se ha utilizado especialmente contra la política progresista porque se identifica con una noción elitista de política, donde sólo algunos serían los indicados para tomar las decisiones más importantes para las mayorías, descartando el ángulo más liberal de la democracia, donde reside la posibilidad de su radicalización. El mensaje de fondo, en el relato anti-corrupción del que se hacen eco tantos medios de comunicación y expertos (incluso los liberales), es que la política es algo sucio en lo que no conviene meterse. Curiosamente, una premisa que estuvo muy presente durante los años más oscuros de las dictaduras cívico-militares.

No te metas en política, porque tarde o temprano te mancharás, te ensuciarás y ya no podrás pertenecer a ese grupo neutral de la “ciudadanía”. Entonces, ¿qué sucederá con la política? ¿quién quedará en el gobierno? ¿quién se apropiará del Estado? ¿desaparecerá? Nada de eso. La institucionalidad estatal y gubernamental no se borrará de un plumazo. Ni dejará de existir. Como nos enseña el caso brasileño (el experimento de lawfare más recalcitrante y efectivo para anular y aniquilar el cambio político) es la ultraderecha la que detenta el poder del escenario político arrasado, desertificado por la batalla “anticorrupción”, en una guerra por otros medios (la vía judicial) contra el otrora comunismo, hoy progresismo o cualquier intento de usar las instituciones del Estado para mejorar la situación de las clases populares y cuestionar los privilegios de las élites.

 

*Silvia Romano Investigadora de CONICET-Universidad de Buenos Aires y compiladora del libro “Lawfare: guerra judicial y neoliberalismo en América Latina”, de CELAG.

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